Honduras: Campesinos denuncian falta de voluntad política para resolver conflicto agrario e impunidad en el Bajo Aguan

Foto Plataforma Agraria

Por Plataforma Agraria

Ante la falta de voluntad política por parte del gobierno de Juan Orlando Hernández, el movimiento campesino y empresas aglutinadas en la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán denuncian ante el pueblo hondureño, organizaciones del movimiento social en Honduras, organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales, ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente:

1. La Plataforma Agraria ha venido proponiendo, por más de tres años, la instalación de una Mesa de Diálogo al más alto nivel por parte del Gobierno para discutir la agenda de cada una de las empresas y movimientos campesinos del Bajo Aguán. El 27 de octubre de 2017, el gobierno de Honduras convocó a la Plataforma Agraria para la instalación de dicha Mesa, pero esta no se llevó a cabo. En tres ocasiones ha sido pospuesta y a la fecha no se ha concretado nada, lo que demuestra la inoperancia y la falta de voluntad política del Gobierno de Honduras para solucionar un conflicto que ha cobrado la vida de más de 150 compañeros/as y cientos de campesinos criminalizados.

2. A partir del 27 de agosto del presente año se han ejecutado 14 desalojos violentos en el Bajo Aguán por parte de comandos policiales, militares y guardias de seguridad. Como resultado hay 4 personas asesinadas, un herido, 85 personas criminalizadas, en su mayoría mujeres y jóvenes, que han sido fuertemente gaseados, torturados, golpeados y perseguidos por la Policía Nacional, Policía Rural y miembros del ejército de Honduras.

3. Denunciamos que Corporación Dinant (familia Facussé), Inversiones Ceibeña (Reinaldo Canales) y Oleopalma (René Morales), entre otros, cuentan con el respaldo y apoyo del Estado de Honduras como supuestos dueños de las fincas Paso Aguán y el Tumbador, donde permanecen unidades policiales y militares al servicio de los intereses latifundistas. Sin embargo, el director del INA, en acta del 22 de julio de 2015, expresa que son tierras que siguen siendo del estado y por tanto, para fines de reforma agraria.

4. Las tierras que explota Corporación Dinant en la finca el Tumbador, que son alrededor de 750 hectáreas, corresponden a 45 empresas campesinas del Movimiento Campesino del Aguan (MCA), que están dentro del título de propiedad de 5,700.24 hectáreas inscrito en el instituto de la propiedad, que fueron adjudicadas al MCA a partir del año 2000.

5. Denunciamos que existe el 99 por ciento de impunidad en los asesinatos y violaciones a los derechos humanos cometidos por grupos paramilitares que operan en el Bajo Aguán, policías, elementos del ejército hondureño y guardias de seguridad de las corporaciones. Los entes encargados de impartir justicia en Honduras, como el Ministerio Publico y los jueces, se prestan para favorecer a los empresarios de la zona, inventando requerimientos fiscales falsas, ordenes de captura, encarcelando y criminalización a niños, jóvenes, mujeres y ancianos que buscan recuperar las tierras que fueron asignadas para procesos de Reforma Agraria, pero que están siendo explotadas por las corporaciones y terratenientes, a través de un proceso amañado de corrupción, ilegalidad  y confabulación por parte del Estado de Honduras desde el año 1992.

6. Condenamos la inoperancia de los órganos de seguridad e investigación que  no garantizan la seguridad de la población de manera preventiva. Este día, ha sido encontrado muerto en el lote numero 12 de la finca Paso Aguán, en el área controlada por Corporación Dinant, el niño Leodan Mancia, de la comunidad de Rigores. Antes fue encontrado muerto un caballo en que el niño se transportaba el día de ayer 14 de noviembre. Responsabilizamos al Estado de Honduras por este crimen atroz.

7. Hacemos un llamado a organizaciones de defensas de derechos humanos nacionales e internacionales a estar pendientes de cualquier atropello y violaciones contra las organizaciones campesinas en proceso de lucha por la tierra en el Bajo Aguán.