168 organizaciones a nivel mundial exigen cese de persecución y criminalización
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Con
el hashtag #DefendamosALasDefensoras, la Iniciativa Mesoamericana de
Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) y 168
organizaciones de ámbito internacional, regional y local hicieron un
llamado urgente para visibilizar el grave contexto de represión y
criminalización que enfrentan movimientos sociales, organizaciones de
derechos humanos y, particularmente, las mujeres defensoras de derechos
humanos.
Durante los últimos cuatro meses, la IM-Defensoras[1], integrada por más de 800 defensoras de derechos humanos de la región, ha emitido 14 alertas urgentes por agresiones sufridas por mujeres defensoras, sus organizaciones o comunidades.
La mayoría de estas agresiones, explica la articulación en una carta pública[2], han sido perpetradas por agentes del Estado e incluyen uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria, injusta judicialización.
“El ataque directo contra quienes llevan a cabo la labor de acompañar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos es una expresión del cierre del espacio cívico, la regresión autoritaria y el incumplimiento flagrante de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras”, señala IM-Defensoras.
Para las organizaciones que integran dicho espacio, agresiones como las que se están dando tendrían el objetivo de “inhibir la protesta social y la labor de defensa de derechos humanos”, allanando el camino para nuevos y más graves actos de represión y dejando a la ciudadanía en una situación de extrema vulnerabilidad.
Víctimas de la escalada represiva han sido el movimiento estudiantil universitario junto a los y las defensoras que realizaban su labor, y que fueron agredidas, detenidas y judicializadas el pasado mes de septiembre[3].
Asimismo, miembros y dirigentes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj) y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) fueron perseguidas, agredidas, criminalizadas, al tiempo que fueron víctimas de difamación y estigmatización.
También defensoras del derecho a la salud y del territorio han sufrido los embates de la ofensiva persecutoria.
Complicidad del Estado
Mujeres defensoras las más expuestas
La mayoría de estas agresiones -añade la carta pública- han sido perpetradas por las fuerzas represivas del Estado. En los casos en los que los agresores no fueron agentes estatales, las autoridades correspondientes “no hicieron nada para asegurar la seguridad y acceso a la justicia de las defensoras afectadas”.
La IM-Defensoras señaló que la situación es especialmente preocupante para Miriam Miranda y Medalime David, ambas dirigentes de la Ofraneh, quienes han sido víctimas de reiterados y violentos ataques[4].
“Cabe recordar que el asesinato de Berta Cáceres (hace más de 19 meses) fue precedido de una serie de agresiones con un perfil y un patrón no muy diferentes al de Miriam Miranda, quien pese a su reconocimiento internacional sigue siendo objeto de persecución y judicialización como una forma de coartar su ejercicio como defensora”, advierte IM-Defensoras.
Una situación que es aún más preocupante para las mujeres activistas, tomando en cuenta el contexto hondureño donde la discriminación y la violencia de género ha alcanzado niveles intolerables. Entre 2012 y 2016 la IM-Defensoras ha documentado 1.128 agresiones y 13 asesinatos de defensoras de derechos humanos en el país.
Ante esta situación, la IM-Defensoras, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y 168 organizaciones internacionales, regionales y locales, entre ellas la Rel-UITA, hicieron un llamado a la acción y exigieron al Estado de Honduras el cese de la persecución y la impunidad, garantizando el derecho a defender derechos y la seguridad e integridad de quienes lo ejercen.
Durante los últimos cuatro meses, la IM-Defensoras[1], integrada por más de 800 defensoras de derechos humanos de la región, ha emitido 14 alertas urgentes por agresiones sufridas por mujeres defensoras, sus organizaciones o comunidades.
La mayoría de estas agresiones, explica la articulación en una carta pública[2], han sido perpetradas por agentes del Estado e incluyen uso excesivo de la fuerza, detención arbitraria, injusta judicialización.
“El ataque directo contra quienes llevan a cabo la labor de acompañar y vigilar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos es una expresión del cierre del espacio cívico, la regresión autoritaria y el incumplimiento flagrante de los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Honduras”, señala IM-Defensoras.
Para las organizaciones que integran dicho espacio, agresiones como las que se están dando tendrían el objetivo de “inhibir la protesta social y la labor de defensa de derechos humanos”, allanando el camino para nuevos y más graves actos de represión y dejando a la ciudadanía en una situación de extrema vulnerabilidad.
Víctimas de la escalada represiva han sido el movimiento estudiantil universitario junto a los y las defensoras que realizaban su labor, y que fueron agredidas, detenidas y judicializadas el pasado mes de septiembre[3].
Asimismo, miembros y dirigentes de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (Madj) y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) fueron perseguidas, agredidas, criminalizadas, al tiempo que fueron víctimas de difamación y estigmatización.
También defensoras del derecho a la salud y del territorio han sufrido los embates de la ofensiva persecutoria.
Complicidad del Estado
Mujeres defensoras las más expuestas
La mayoría de estas agresiones -añade la carta pública- han sido perpetradas por las fuerzas represivas del Estado. En los casos en los que los agresores no fueron agentes estatales, las autoridades correspondientes “no hicieron nada para asegurar la seguridad y acceso a la justicia de las defensoras afectadas”.
La IM-Defensoras señaló que la situación es especialmente preocupante para Miriam Miranda y Medalime David, ambas dirigentes de la Ofraneh, quienes han sido víctimas de reiterados y violentos ataques[4].
“Cabe recordar que el asesinato de Berta Cáceres (hace más de 19 meses) fue precedido de una serie de agresiones con un perfil y un patrón no muy diferentes al de Miriam Miranda, quien pese a su reconocimiento internacional sigue siendo objeto de persecución y judicialización como una forma de coartar su ejercicio como defensora”, advierte IM-Defensoras.
Una situación que es aún más preocupante para las mujeres activistas, tomando en cuenta el contexto hondureño donde la discriminación y la violencia de género ha alcanzado niveles intolerables. Entre 2012 y 2016 la IM-Defensoras ha documentado 1.128 agresiones y 13 asesinatos de defensoras de derechos humanos en el país.
Ante esta situación, la IM-Defensoras, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras y 168 organizaciones internacionales, regionales y locales, entre ellas la Rel-UITA, hicieron un llamado a la acción y exigieron al Estado de Honduras el cese de la persecución y la impunidad, garantizando el derecho a defender derechos y la seguridad e integridad de quienes lo ejercen.
Notas:
[1] Articulación
de organizaciones de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y
Nicaragua, conformada por JASS-Mesoamérica, Consorcio para el Diálogo
Parlamentario y la Equidad Oaxaca (México), UDEFEGUA-Unidad de
Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala,
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local (El Salvador),
AWID-Asociación por los Derechos de las Mujeres en el Desarrollo,
FCAM-Fondo Centroamericano de las Mujeres (Guatemala) y Redes Nacionales
de Defensoras de Honduras, México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
[2] https://goo.gl/5R3AsJ
[3] https://goo.gl/U3fwKm
[2] https://goo.gl/5R3AsJ
[3] https://goo.gl/U3fwKm
Is there an english translation available?
ResponderEliminarGreetings from Austria
Martin Mair
http://im-defensoras.org/2017/10/open-letter-repression-and-criminalization-worsens-against-social-movements-and-women-human-rights-defenders-in-honduras/
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