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| Foto elperiodico.com.gt |
Las reformas contempladas en el Código Penal favorecen a políticos, recaudadores de fondos y financistas de partidos
Por Enrique García | elPeriódico
El pleno del Congreso aprovechó ayer la “celebración” de los 196 años de Independencia para reunir más de 105 votos y aprobar de urgencia nacional cambios al Código Penal. Las nuevas normativas –conocidas por separado– modifican el delito de financiamiento electoral ilícito. Y una segunda reforma a la ley les permite pagar para no ir a la cárcel por este delito.
Las reformas beneficiarían en primer lugar al presidente Jimmy Morales y a los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate, quienes fungieron como secretarios generales de sus partidos en la pasada campaña electoral de 2015, y por los cuales son señalados de financiamiento electoral ilícito.
Además, los políticos, exfuncionarios, financistas y empresarios acusados por corrupción y financiamiento ilícito, la mayoría de casos presentados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), podrían cambiar la prisión por dinero si sus condenas son menores a 10 años. Este beneficio se extendería a casos futuros (como Odebrecht) y a otros delitos como extorsión, cohecho y robo agravado, entre otros.
Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Jaime Regalado exintegrante del Partido Patriota y ahora de la bancada Movimiento Reformador (MR) y Javier Hernández del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), fueron los congresistas que cabildearon ambas iniciativas apoyadas por más de las dos terceras partes de diputados.
Delitos electorales
La primera discusión que se generó fue la modificación del Artículo 407, literal N, el cual tipifica el delito de financiamiento electoral ilícito; además que se adicionaron otros dos apartados. Los legisladores decidieron eliminar el lavado de dinero del delito de financiamiento electoral ilícito y reducir la pena de prisión de 12 a 10 años.
Sumaron al mismo artículo del Código Penal, el delito de financiamiento electoral no registrado, el cual exime de toda responsabilidad a los secretarios generales de los partidos y hace como único responsable de las aportaciones dinerarias y no dinerarias a los contadores de las organizaciones. En las audiencias de la semana pasada, que realizó la pesquisidora para analizar la solicitud de antejuicio en contra de Morales por el delito de financiamiento ilícito, se argumentó que el hoy mandatario no tenía conocimiento de las aportaciones y que la responsable era la contadora que nunca fue ubicada.
La reforma agrega que será el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la entidad encargada de presentar la denuncia penal de este delito, luego de estar en firme el informe final de auditoría de la organización.
El mismo documento también especifica el delito del financiamiento electoral anónimo, en este caso no se sancionaría si el aporte se entrega por un mediador, como ejemplo, el año pasado el extraditado por cargos de narcotráfico Marlon Monroy, alias el Fantasma, dio a conocer que aportó Q500 mil a la agrupación FCN-Nación a través de Jafeth Cabrera Cortés, hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera.
Un cambio amarrado
Luego de aprobar las primeras reformas al Código Penal con más de 107 votos, se procedió a darle lectura al proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2018, el cual fue enviado a la Comisión de Finanzas del Congreso.
Luego, por medio de una moción, se leyó una nueva iniciativa que tenía “firmas irreconocibles” para cambiar los Artículos 50 y 51 del Código Penal que se refieren a penas comutables.
Los artículos beneficiarán con libertad al procesado a cambio de un pago que disponga el juez –Q5 a Q100 diarios–. Dicha medida es aplica a los condenados por hurto y robo y los que prescriban en otras leyes, y a los que su condena no exceda los 10 años. Con este cambio, los que sean condenados por financiamiento electoral ilícito podrían cambiar la cárcel por un pago.
Las reformas beneficiarían en primer lugar al presidente Jimmy Morales y a los diputados Orlando Blanco y Roberto Villate, quienes fungieron como secretarios generales de sus partidos en la pasada campaña electoral de 2015, y por los cuales son señalados de financiamiento electoral ilícito.
Además, los políticos, exfuncionarios, financistas y empresarios acusados por corrupción y financiamiento ilícito, la mayoría de casos presentados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), podrían cambiar la prisión por dinero si sus condenas son menores a 10 años. Este beneficio se extendería a casos futuros (como Odebrecht) y a otros delitos como extorsión, cohecho y robo agravado, entre otros.
Orlando Blanco de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Jaime Regalado exintegrante del Partido Patriota y ahora de la bancada Movimiento Reformador (MR) y Javier Hernández del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), fueron los congresistas que cabildearon ambas iniciativas apoyadas por más de las dos terceras partes de diputados.
Delitos electorales
La primera discusión que se generó fue la modificación del Artículo 407, literal N, el cual tipifica el delito de financiamiento electoral ilícito; además que se adicionaron otros dos apartados. Los legisladores decidieron eliminar el lavado de dinero del delito de financiamiento electoral ilícito y reducir la pena de prisión de 12 a 10 años.
Sumaron al mismo artículo del Código Penal, el delito de financiamiento electoral no registrado, el cual exime de toda responsabilidad a los secretarios generales de los partidos y hace como único responsable de las aportaciones dinerarias y no dinerarias a los contadores de las organizaciones. En las audiencias de la semana pasada, que realizó la pesquisidora para analizar la solicitud de antejuicio en contra de Morales por el delito de financiamiento ilícito, se argumentó que el hoy mandatario no tenía conocimiento de las aportaciones y que la responsable era la contadora que nunca fue ubicada.
La reforma agrega que será el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la entidad encargada de presentar la denuncia penal de este delito, luego de estar en firme el informe final de auditoría de la organización.
El mismo documento también especifica el delito del financiamiento electoral anónimo, en este caso no se sancionaría si el aporte se entrega por un mediador, como ejemplo, el año pasado el extraditado por cargos de narcotráfico Marlon Monroy, alias el Fantasma, dio a conocer que aportó Q500 mil a la agrupación FCN-Nación a través de Jafeth Cabrera Cortés, hijo del vicepresidente Jafeth Cabrera.
Un cambio amarrado
Luego de aprobar las primeras reformas al Código Penal con más de 107 votos, se procedió a darle lectura al proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2018, el cual fue enviado a la Comisión de Finanzas del Congreso.
Luego, por medio de una moción, se leyó una nueva iniciativa que tenía “firmas irreconocibles” para cambiar los Artículos 50 y 51 del Código Penal que se refieren a penas comutables.
Los artículos beneficiarán con libertad al procesado a cambio de un pago que disponga el juez –Q5 a Q100 diarios–. Dicha medida es aplica a los condenados por hurto y robo y los que prescriban en otras leyes, y a los que su condena no exceda los 10 años. Con este cambio, los que sean condenados por financiamiento electoral ilícito podrían cambiar la cárcel por un pago.
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