Por Óscar Figueredo | Cubadebate
El Departamento de Estado anunció hoy que retirará a más de la mitad del personal de la embajada de Estados Unidos en Cuba tras los “incidentes” reportados por diplomáticos.
La medida se dan a conocer pocos días después de que la isla caribeña instara a Washington a no politizar un asunto de esta naturaleza y a que no se tomaran decisiones apresuradas y sin sustento en evidencias y resultados investigativos concluyentes.
La medida se dan a conocer pocos días después de que la isla caribeña instara a Washington a no politizar un asunto de esta naturaleza y a que no se tomaran decisiones apresuradas y sin sustento en evidencias y resultados investigativos concluyentes.
Según informaron representantes de la entidad federal, este viernes se ordenó la salida del personal que no es de emergencia asignado a la sede diplomática en La Habana, así como de sus familiares.
En la mayor de las Antillas permanecerá el cuerpo mínimo para servicios de emergencia y asistir a los ciudadanos norteamericanos.
De acuerdo con Tillerson, que se refiere a los hechos como “ataques”, los investigadores no han podido determinar quién es responsable o qué los está causando.
Tales medidas se adoptaron a pesar de que los funcionarios gubernamentales sostuvieron que ambos países continúan sus respectivas investigaciones en la materia.
Asimismo, las fuentes reconocieron el esfuerzo que el gobierno cubano ha hecho para investigar lo sucedido y su cooperación en facilitar la pesquisa de Estados Unidos.
Para justificar tales pasos se argumentaron motivos de seguridad, y los cargos del Departamento de Estado remarcaron que se mantiene las relaciones diplomáticas entre los dos países, restablecidas en julio de 2015, tras más de 50 años de ruptura.
El martes pasado el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunió en Washington con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y le reiteró la seriedad, celeridad y profesionalismo con que las autoridades han asumido este asunto.
Igualmente, le transmitió que de acuerdo con los resultados preliminares obtenidos por las autoridades cubanas en su investigación, la cual ha tenido en cuenta datos aportados por las estadounidenses, hasta el momento no hay evidencias de las causas y el origen de las afecciones de salud reportadas.
Durante el diálogo Rodríguez ratificó a Tillerson la importancia de que las autoridades norteamericanas cooperen de forma efectiva con las de la isla para el esclarecimiento de unos hechos de los que no existen precedentes en Cuba.
En el encuentro el canciller cubano reiteró que el gobierno cubano no ha perpetrado nunca ni perpetrará ataques de ninguna naturaleza contra diplomáticos. Tampoco ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado por terceros para este propósito.
Luego de recibir las primeras notificaciones de la Embajada de Estados Unidos, las autoridades cubanas crearon un comité interinstitucional de expertos para el análisis de los hechos; ampliaron y reforzaron las medidas de protección y seguridad a la sede, su personal y las residencias diplomáticas, y habilitaron nuevos canales de comunicación directa entre la Embajada y el Departamento de Seguridad Diplomática, según la declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del 9 de agosto pasado, cuando la noticia salió a la luz pública.
La parte cubana insistió para que las agencias especializadas de Estados Unidos visitaran el país y adelantaran las investigaciones en el terreno, lo cual se concretó en junio del 2017. Otras visitas se dieron en los meses de agosto y septiembre.
El senador de origen cubano y opositor a cualquier acercamiento con La Habana, Marco Rubio, envió recientemente una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, en la que pide la expulsión de todos los diplomáticos cubanos en Washington y el eventual cierre de la Embajada de ese país en Cuba como represalia ante supuestos “ataques acústicos” causantes de los daños a la salud de funcionarios estadounidenses en La Habana.
Entre tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, renovó el 8 de septiembre por un año más la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, un estatuto de 1917 que sustenta el bloqueo económico impuesto a Cuba.
Esta decisión “corresponde a los intereses nacionales” de Washington, explica el mandatario en el memorando que informa la medida.
Sobre ese texto se erige el bloqueo económico hacia la Isla, que en última instancia solo puede levantar el Congreso, la prórroga implica que en manos de Trump están la autoridad y flexibilidad para relajar o levantar las sanciones a la Isla mediante decretos ejecutivos.
En la mayor de las Antillas permanecerá el cuerpo mínimo para servicios de emergencia y asistir a los ciudadanos norteamericanos.
De acuerdo con Tillerson, que se refiere a los hechos como “ataques”, los investigadores no han podido determinar quién es responsable o qué los está causando.
Tales medidas se adoptaron a pesar de que los funcionarios gubernamentales sostuvieron que ambos países continúan sus respectivas investigaciones en la materia.
Asimismo, las fuentes reconocieron el esfuerzo que el gobierno cubano ha hecho para investigar lo sucedido y su cooperación en facilitar la pesquisa de Estados Unidos.
Para justificar tales pasos se argumentaron motivos de seguridad, y los cargos del Departamento de Estado remarcaron que se mantiene las relaciones diplomáticas entre los dos países, restablecidas en julio de 2015, tras más de 50 años de ruptura.
El martes pasado el canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reunió en Washington con el secretario de Estado, Rex Tillerson, y le reiteró la seriedad, celeridad y profesionalismo con que las autoridades han asumido este asunto.
Igualmente, le transmitió que de acuerdo con los resultados preliminares obtenidos por las autoridades cubanas en su investigación, la cual ha tenido en cuenta datos aportados por las estadounidenses, hasta el momento no hay evidencias de las causas y el origen de las afecciones de salud reportadas.
Durante el diálogo Rodríguez ratificó a Tillerson la importancia de que las autoridades norteamericanas cooperen de forma efectiva con las de la isla para el esclarecimiento de unos hechos de los que no existen precedentes en Cuba.
En el encuentro el canciller cubano reiteró que el gobierno cubano no ha perpetrado nunca ni perpetrará ataques de ninguna naturaleza contra diplomáticos. Tampoco ha permitido ni permitirá que su territorio sea utilizado por terceros para este propósito.
Luego de recibir las primeras notificaciones de la Embajada de Estados Unidos, las autoridades cubanas crearon un comité interinstitucional de expertos para el análisis de los hechos; ampliaron y reforzaron las medidas de protección y seguridad a la sede, su personal y las residencias diplomáticas, y habilitaron nuevos canales de comunicación directa entre la Embajada y el Departamento de Seguridad Diplomática, según la declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores del 9 de agosto pasado, cuando la noticia salió a la luz pública.
La parte cubana insistió para que las agencias especializadas de Estados Unidos visitaran el país y adelantaran las investigaciones en el terreno, lo cual se concretó en junio del 2017. Otras visitas se dieron en los meses de agosto y septiembre.
El senador de origen cubano y opositor a cualquier acercamiento con La Habana, Marco Rubio, envió recientemente una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, en la que pide la expulsión de todos los diplomáticos cubanos en Washington y el eventual cierre de la Embajada de ese país en Cuba como represalia ante supuestos “ataques acústicos” causantes de los daños a la salud de funcionarios estadounidenses en La Habana.
Entre tanto el presidente de EE.UU., Donald Trump, renovó el 8 de septiembre por un año más la llamada Ley de Comercio con el Enemigo, un estatuto de 1917 que sustenta el bloqueo económico impuesto a Cuba.
Esta decisión “corresponde a los intereses nacionales” de Washington, explica el mandatario en el memorando que informa la medida.
Sobre ese texto se erige el bloqueo económico hacia la Isla, que en última instancia solo puede levantar el Congreso, la prórroga implica que en manos de Trump están la autoridad y flexibilidad para relajar o levantar las sanciones a la Isla mediante decretos ejecutivos.
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