El Copinh comunicó esta tarde (21/8) que la audiencia preliminar contra cuatro de los acusados de asesinar a la lideresa indígena Berta Cáceres y de atentar contra la vida del sociólogo y activista ambiental Gustavo Castro, ha sido reprogramada a solicitud de los abogados del Copinh y de la familia.
Tanto en el comunicado publicado este mismo día por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) y el equipo de abogados del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) como al comienzo de la audiencia, los representantes legales de las víctimas hicieron notar que el Ministerio Público sigue sin querer entregar la información necesaria para hacer un análisis y participar de forma adecuada en el proceso judicial.
Esta situación imposibilita la participación efectiva en el proceso y es responsabilidad del Ministerio Público y del juzgado proveer dicha información a todas las partes involucradas.
Finalmente, la jueza decidió reprogramar la audiencia para el 6 de septiembre próximo y determinó que el Ministerio Público deberá entregar toda la información solicitada en un plazo de 48 horas.
Tras el asesinato de la activista indígena ocurrido en marzo del año pasado, tanto el Copinh como los familiares de Cáceres exigieron a las autoridades investigar, capturar y castigar a los autores intelectuales del brutal crimen.
También pidieron llevar a cabo una investigación independiente, transparente e imparcial, así como terminar con el secretismo que rodea las investigaciones conducidas por la Fiscalía.
A continuación el texto completo del comunicado del Copinh y los abogados del MADJ.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras Copinh y el equipo de abogados del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia MADJ denunciamos nuevamente la violación de derechos y procedimientos básicos en torno al proceso judicial en el caso del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de nuestro compañero Gustavo Castro.
El día de hoy, 21 de agosto, se pretende realizar la audiencia preliminar para 4 de los 8 acusados: Henry Hernández, Óscar Torres, Edilson Duarte y Émerson Duarte, sin embargo, el Ministerio Público, en carencia absoluta de respeto al debido proceso y derecho de defensa de las víctimas, no ha entregado la información que soporta las acusaciones para que la representación de las víctimas pueda hacer un análisis y participar de forma adecuada en el proceso judicial.
La falta de entrega de la información necesaria significa, además, la violación del derecho de las víctimas de participar en debida forma en el proceso judicial y vulnera, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluso, los derechos de los procesados, en especial, con respecto de lo previsto en los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La representación legal de las víctimas ha solicitado en 6 ocasiones el acceso a la información necesaria para participar en el proceso, sin embargo, se ha negado de manera expresa y tácita por parte del Ministerio Público.
La notificación para esta audiencia coincide con el actuar irregular por parte del Ministerio Público durante todo el proceso. Dicha notificación llegó el día viernes anterior sin que se haya verificado la entrega de las pruebas para que los representantes de las víctimas, e, incluso las personas procesadas pudieran contar con el tiempo necesario para presentar sus defensas, conforme a los principios de un Estado de Derecho ¿Acaso la premura de esta audiencia tiene algún interés soslayado? ¿qué se pretende lograr con el ocultamiento de la información?
Debemos destacar que hasta el día de hoy no se han respondido las solicitudes hechas por las víctimas de acceso a la información contenida en los elementos sustraídos de la casa de la compañera Berta Cáceres posterior a su asesinato. Es preocupante que no haya respuesta de lo contenido en los 3 celulares, 1 tableta electrónica, 1 computadora portátil, 1 disco duro y 5 memorias USB sustraídos de la casa de Berta por agentes policiales y del Ministerio Público.
El COPINH y el equipo de abogados del MADJ denunciamos el manejo irregular del proceso y la construcción de la impunidad en el mismo, gracias al impedimento a la representación legal de las víctimas de ejercer sus funciones.
Mientras se desarrolla esta audiencia se está violentando el derecho de las víctimas.
El día de hoy, 21 de agosto, se pretende realizar la audiencia preliminar para 4 de los 8 acusados: Henry Hernández, Óscar Torres, Edilson Duarte y Émerson Duarte, sin embargo, el Ministerio Público, en carencia absoluta de respeto al debido proceso y derecho de defensa de las víctimas, no ha entregado la información que soporta las acusaciones para que la representación de las víctimas pueda hacer un análisis y participar de forma adecuada en el proceso judicial.
La falta de entrega de la información necesaria significa, además, la violación del derecho de las víctimas de participar en debida forma en el proceso judicial y vulnera, conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, incluso, los derechos de los procesados, en especial, con respecto de lo previsto en los artículos 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La representación legal de las víctimas ha solicitado en 6 ocasiones el acceso a la información necesaria para participar en el proceso, sin embargo, se ha negado de manera expresa y tácita por parte del Ministerio Público.
La notificación para esta audiencia coincide con el actuar irregular por parte del Ministerio Público durante todo el proceso. Dicha notificación llegó el día viernes anterior sin que se haya verificado la entrega de las pruebas para que los representantes de las víctimas, e, incluso las personas procesadas pudieran contar con el tiempo necesario para presentar sus defensas, conforme a los principios de un Estado de Derecho ¿Acaso la premura de esta audiencia tiene algún interés soslayado? ¿qué se pretende lograr con el ocultamiento de la información?
Debemos destacar que hasta el día de hoy no se han respondido las solicitudes hechas por las víctimas de acceso a la información contenida en los elementos sustraídos de la casa de la compañera Berta Cáceres posterior a su asesinato. Es preocupante que no haya respuesta de lo contenido en los 3 celulares, 1 tableta electrónica, 1 computadora portátil, 1 disco duro y 5 memorias USB sustraídos de la casa de Berta por agentes policiales y del Ministerio Público.
El COPINH y el equipo de abogados del MADJ denunciamos el manejo irregular del proceso y la construcción de la impunidad en el mismo, gracias al impedimento a la representación legal de las víctimas de ejercer sus funciones.
Mientras se desarrolla esta audiencia se está violentando el derecho de las víctimas.
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