Brasil: “Estamos asistiendo a un terrorismo de Estado”

Fotos Xinguaraativa.com

Pará fue escenario de una nueva masacre de campesinos

Por Amalia Antúnez | Rel-UITA

El miércoles 24, Pará fue escenario de una nueva masacre de campesinos. Nueve hombres y una mujer fueron asesinados en la localidad de Pau D’Arco, al sureste del estado. Esta es la segunda matanza en menos de un mes en el marco de uno de los tantos conflictos agrarios que se han cobrado la vida de miles de campesinos y campesinas en Brasil. La Rel conversó con el sacerdote Paulo César Moreira, coordinador nacional de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT)*.

-¿Qué puede informarnos sobre esta última masacre en Pará?
-Las personas asesinadas pertenecían a un movimiento de lucha por la tierra que desde hacía algún tiempo reivindicaban ese territorio para trabajar. Es sabido que en Brasil el acceso a la tierra siempre fue muy restringido, conflictivo y violento. En este contexto hay varios grupos de campesinos que luchan para que terrenos que son del Estado sean destinados al proceso de la reforma agraria.

Los campos de la finca Santa Lúcia estaban en pleito judicial aunque son propiedad del gobierno federal. A sabiendas de eso, en octubre del año pasado las familias asentadas en esa zona mantuvieron una reunión con el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), que se mostró favorable a regularizar su situación, pero eso no se dio en los hechos.

El terrateniente que reivindica para sí la tierra en disputa nunca aceptó negociar sobre el tema y ganó judicialmente una reintegración de propiedad de esa finca.

Un tiempo después de cumplirse ese reintegro, al ver que la finca continuaba improductiva, las familias hicieron el intento de volver a ocupar el predio pero para entonces el terrateniente había contratado una empresa de seguridad que se enfrentó a los campesinos.

Como consecuencia de esa acción, falleció uno de los guardias contratados. Posteriormente se supo que se trataba de un policía jubilado.

-¿Pudo ser ese el motivo de los asesinatos del pasado 24?
-Creemos que esta masacre tuvo tintes de represalia, pero el problema de fondo es el tema de las tierras públicas en la Amazonia, que tienen una larga historia de apropiación ilegal por parte de terratenientes locales (grilagem) y la falta de compromiso del Estado para regularizar la situación.

Entonces la tierra se ha convertido en objeto de poder para aquellos que la detentan y que no tienen miramiento alguno en cometer cualquier atrocidad para mantenerla.

Un Congreso bajo presión
El poder del agronegocio

-El actual escenario político y la conformación de un Congreso Nacional muy afín al agronegocio, ¿tienen una incidencia directa en el incremento de los conflictos agrarios?
-Sin duda alguna. Estamos viviendo un momento político fruto de una destitución ilegal, orquestada por un grupo de parlamentarios que actúan como una verdadera organización criminal, altamente involucrados en esquemas de corrupción dentro y fuera del gobierno y que ha dado fuerza a terratenientes y ruralistas que gozan de total impunidad.

La bancada ruralista en el Congreso se ha visto muy favorecida, sobre todo a partir de 2015, y consecuentemente la violencia en el campo ha aumentado de forma escandalosa.

Ese año hubo 50 asesinatos de campesinos y líderes rurales; el año pasado fueron 61 y en lo que vamos de 2017, en menos de 5 meses ya se contabilizan 37 muertes violentas por conflictos agrarios en Brasil.

-En este último caso, ¿hay indicios de enfrentamiento entre los campesinos y la policía?
-No hay evidencia alguna de enfrentamiento, no hay ni un solo policía herido y hay 10 muertos entre los ocupantes. Además se sospecha que la escena del crimen fue alterada.

Pero lo peor de todo fue la forma en que trataron a las familias de los campesinos muertos. Los cuerpos fueron trasladados por la propia policía en una camioneta, apilados unos sobre otros y así como estaban -acribillados y casi en proceso de descomposición- fueron entregados a sus familias, que tuvieron que enterrarlos de inmediato sin poder siquiera velarlos.

Fue un procedimiento completamente cruel y deshumano.

-¿Pudo concurrir al lugar del crimen?
-Personalmente no, pero hay un representante de la CPT de Pará en la zona y también están presentes el Consejo Nacional de Derechos Humanos, representado por Darci Frigo; la Fiscalía Federal de los Derechos Ciudadanos, a través de Deborah Duprat, con el fin de garantizar un proceso de investigación riguroso.

Cabe recordar que esta es la segunda masacre de campesinos en menos de un mes. En abril fueron brutalmente asesinados nueve trabajadores rurales en Mato Grosso.

Se trata de acciones sistemáticas de represión por parte de los terratenientes y sus milicias privadas.

En el caso de la finca Santa Lúcia se presenta el agravante que la masacre tuvo la participación del Estado a través de la Policía. En otras palabras, estamos asistiendo a un terrorismo de Estado.

-¿Se realizó una denuncia ante organismos internacionales de derechos humanos?
-Tengo entendido que diputados federales realizaron una denuncia contra el presidente Michel Temer ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por la represión de las manifestaciones en Brasilia el pasado 24 y también por esta masacre.

Quisiera agradecer la difusión internacional de esta problemática. Tenemos muchas dificultades para resolver estos conflictos, pues el gobierno no defiende ni garantiza el respeto de los derechos humanos. Al contrario, la fuerza policial está al servicio del terrorismo de Estado y de la bancada ruralista.

Necesitamos imperiosamente que organizaciones internacionales que bregan por la defensa de los derechos humanos denuncien lo que sucede en Brasil.

* La Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) es un organismo anexo a la Conferencia Episcopal Brasileña. Creada en plena dictadura militar, la CPT ofrece ayuda y referencia a la problemática de la tenencia de la tierra, los derechos y los procesos de liberación de la población campesina.

Fuente: Rel-UITA