¡Minería nunca más!

En El Salvador resultado histórico de una lucha con profundas raíces sociales

Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA

Con 69 votos a favor y ninguno en contra, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó una ley que prohíbe la minería metálica terrestre, marítima y subterránea. La nueva legislación incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento de minerales metálicos, al tiempo que prohíbe el uso de químicos tóxicos como el cianuro y mercurio.

Se trata de una resolución histórica que convierte a El Salvador en el primer país del planeta en tomar una decisión tan drástica y definitiva contra una pieza fundamental del modelo extractivista mundial.

“Con esta decisión se está asegurando la vida de todo un país, evitando el ingreso de una industria voraz y altamente contaminante", expresó a medios internacionales Ricardo Navarro, director del Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada (CESTA).

“La incansable lucha del pueblo salvadoreño ha logrado un sueño que esperamos pronto también camine en toda América Latina. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar esta lucha organizada contra el modelo extractivo depredador”, indicó el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4).

Además de dejar sin efecto todo procedimiento pendiente de obtención de licencia o concesiones para la exploración o explotación, la nueva Ley de Prohibición de la Minería Metálica da un plazo de dos años a la minería artesanal de pequeña escala “para reconvertirse a otra actividad productiva”.

Para ello se contará con el apoyo, el asesoramiento y la asistencia técnica y financiera del Estado.

Asimismo, los ministerios de Economía y Medio Ambiente y Recursos Naturales procederán al cierre de minas metálicas y a la reparación de los daños ambientales causados, devolviendo a la población las condiciones de un ambiente sano.

Una larga lucha de resistencia
La vergüenza de la violencia minera

El resultado alcanzado este 29 de marzo en El Salvador tiene raíces profundamente arraigadas en la lucha comunitaria y de movimientos ambientalistas, que por más de 12 años se han opuesto a la implementación de la minería metálica.

Por esa lucha han pagado un precio muy alto en términos de persecución, represión y pérdida de vidas humanas.

“Esta ley está bañada de sangre. Nuestros agradecimientos póstumos a las personas que entregaron su vida en la lucha contra la explotación minera”, manifestó Guillermo Mata, diputado del oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Una de las zonas más afectadas por esta actividad ahora declarada depredadora ha sido el departamento de Cabañas, donde en 2004 la compañía canadiense-estadounidense Pacific Rim Mining Corp obtuvo la licencia de exploración para el proyecto minero El Dorado.

Según sus planes, la transnacional minera utilizaría un promedio de dos toneladas de cianuro y casi 900 mil litros diarios de agua, es decir la misma cantidad que una familia campesina consume en casi 20 años.

La firme oposición de las comunidades desató la persecución.

El 18 de junio de 2009, Marcelo Rivera, director de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas (ASIC), desapareció. Su cadáver fue encontrado diez días después en un pozo con señales de tortura.

A finales de julio, el sacerdote Luis Quintanilla, locutor de Radio Victoria, uno de los pocos medios que criticaban abiertamente el proyecto minero, sufrió un intento de secuestro y asesinato.

A los pocos días, el 7 de agosto, Ramiro Rivera Gómez, síndico del Comité Ambiental de Cabañas (CAC) y líder del cantón Trinidad, fue víctima de una emboscada al recibir varios disparos. Sobrevivió al ataque sólo para ser emboscado nuevamente y asesinado el 20 diciembre.

Seis días después fue asesinada Dora Alicia Sorto, también activista del CAC, y el niño de ocho meses que llevaba en su vientre.

El 3 de junio de 2011 desapareció Juan Francisco Durán Ayala, otro activista del CAC, y su cuerpo fue hallado 10 días después en una fosa común en San Salvador.

Pese a la represión, las organizaciones antimineras expandieron su lucha, adhiriendo al M4.

La derrota de las transnacionales
Golpe mortal al modelo depredador

Ante esta situación, en 2011 el recién electo presidente Mauricio Funes decidió vetar cualquier permiso de explotación minera, pero la transnacional Pacific Rim se amparó en el capítulo de inversiones del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, América Central y República Dominicana (CAFTA-DR).

A través de una filial en Estados Unidos (PacRim Cayman LLC) demandó al Estado de El Salvador por 77 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Años más tarde, en 2013, Pacific Rim entró en bancarrota y fue vendida a la compañía australiano-coreana Oceana Gold, que insistió en la demanda contra del Estado salvadoreño, solicitando una compensación de 315 millones de dólares.

El litigio internacional finalizó en octubre pasado, cuando el CIADI no sólo rechazó los reclamos de la transnacional, sino que le ordenó pagar a El Salvador una compensación de 8 millones de dólares para cubrir cerca del 60 por ciento de los gastos procesuales.

Fuente: Rel-UITA