Guatemala: Las contradicciones de Jimmy y otras demandas

Foto Simone Dalmasso

Por Daniel Villatoro García | Plaza Pública

Era una multitud. A las 11:00, los convocados por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) para manifestar su apoyo a la Fiscal General y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), y exigir la renuncia del presidente Jimmy Morales, eran ya una multitud.

Casi la mitad de la Plaza de la Constitución se encontraba abarrotada. Los campesinos e indígenas habían llegado a la capital en autobuses desde la madrugada procedentes de Petén, Baja Verapaz, San Marcos, Retalhuleu, Alta Verapaz y Jutiapa, y congregados en un principio en El Trébol de la zona 11, en la calle Martí, zona 6, el Anillo Periférico, y la Plaza Obelisco, en la zona 10, y habían caminado con carteles en mano hacia el Centro Histórico. El grupo que se reunió en El Obelisco hizo una parada frente a la embajada de los Estados Unidos.

Esta vez no condenaron el “intervencionismo imperialista”, sino que aplaudieron el apoyo que diversos funcionarios y congresistas de ese país han manifestado en las últimas semanas a favor de la lucha contra la corrupción y la impunidad.

En la Plaza Central, Thelma Cabrera, la coordinadora de Codeca, pronunció un discurso mesurado pero contundente: explicó que le pedían la renuncia al presidente Morales por las contradicciones con las que ha gobernado el país. El mandatario prometió luchar contra la corrupción, señaló Cabrera, “pero ahora dice que no defenderá a la CICIG“. Dijo que no era corrupto, agregó, “pero su hijo y hermano han sido descubiertos por delitos”. Prometió no aceptar a diputados tránsfugas, añadió, pero la bancada de su partido, el FCN-Nación, pasó de tener 11 diputados electos, a 37 congresistas, gracias a los que se cambiaron de partido. “De toda su planilla, 12 diputados enfrentan antejuicio”. Además, criticó, otorgó 216 exoneraciones fiscales a un grupo de empresas y personas sin hacer públicos los beneficiados ni los montos. Y así continuó la lista de lo que Cabrera, una indígena mam de 34 años, la primera mujer en dirigir Codeca, calificó como “las contradicciones” de Morales. “Jimmy Morales no solo incumplió sus promesas y traicionó al pueblo que lo eligió, sino que es uno de los principales responsables de la corrupción y delincuencia organizada”, remató.

Mientras los campesinos exigían la renuncia de Morales, el Presidente entregaba escrituras de propiedad a vecinos de Santiago Atitlán, y se abstuvo de hacer comentarios a los reporteros sobre la petición. Su portavoz, Heinz Hiemann, dijo que el vicepresidente Jafeth Cabrera recibiría a los representantes de Codeca para escuchar sus exigencias, pero no mencionó cuándo. “Hoy no será”, se limitó a responder.

Las demandas de Codeca en la manifestación del martes incluyeron la nacionalización de la energía eléctrica, la depuración del Congreso, que los exgobernantes no se integren de manera automática al Parlamento Centroamericano al concluir el período para el que fueron electos, y que se funde un nuevo Estado a través de una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. También exigieron al Ministerio Público y la CICIG que investiguen a los funcionarios y diputados que, según Codeca, recibieron sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, “para que sean procesados por robar al pueblo”.

Mientras Codeca pedía la renuncia del presidente, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) ratificaba su apoyo a las instituciones del Estado. En un comunicado de prensa, la patronal pedía también que las organizaciones internacionales que han apoyado a Codeca evalúen su financiamiento porque pueden cometer actos ilícitos. Cacif calificó las movilizaciones como actos de intimidación que ponen en riesgo a sectores estratégicos de la economía nacional.

La patronal presentó también un amparo ante la Corte de Constitucionalidad. Solicitaba que las fuerzas de seguridad intervinieran para resguardar el derecho a la libre locomoción como reacción a los bloqueos en la capital y varios puntos del país.

Mediante publicaciones en las redes sociales, la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible (ALDS) —integrada por empresas del sector energético y otras industrias— en sintonía con el Cacif acusaba a los líderes de Codeca de ser “una organización multimillonaria”, de robar electricidad, y de ser financiado por agencias internacionales de cooperación internacional, como la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la agencia Noruega de Cooperación (Norad), la International Land Coalition (ILC), Comisiones Obreras de Euskadi, DKA Austria, y Oxfam.

Mauro Vay Gonón, fundador del Comité de Desarrollo Campesino, le explicó a Plaza Pública que si bien la organización había recibido financiamiento de las Comisiones Obreras de Euskadi y de DKA Austria, agencia de cooperación del movimiento de los niños católicos, Noruega y Suiza habían detenido sus apoyos.

Codeca comenzó a financiarse por medio del aporte voluntario de Q2 mensuales de cada uno de sus miembros. Cada mes recaudan por esa vía, unos Q40 mil, explicó Gonón en 2016.

El foco que enciende el conflicto

Codeca es una organización que comenzó defendiendo los derechos de los trabajadores del campo, pero aunque mantiene esa orientación, la nacionalización de la energía eléctrica se ha convertido en su principal reivindicación. El comité campesino señala que el costo de la energía en varios departamentos del país es muy elevado, y que el acceso a dicho servicio es un derecho que les es negado por el Estado. A partir de 2010 fue más notorio su apoyo a comunidades del sur y noroccidente del país que se declararon en “resistencia”, y se niegan a pagar energía eléctrica a las empresas distribuidoras.

Durante la marcha un manifestante de El Cartucho, una aldea de Santa Ana, Petén, indicó que los cobros por electricidad en su comunidad ascendían a Q300 al mes. En San Francisco, una aldea de El Estor, Izabal, se paga Q200. Lo mismo en Purulhá, Baja Verapaz. Pero en Cubulco, Baja Verapaz, las cuentas llegan a Q450; en Caballo Blanco, aldea de Retalhuleu,  existen recibos de energía que llegan a Q500 y eso que el cobro de alumbrado público es solo de Q55, según las denuncias de los manifestantes.

Humberto Aureliano Orozco se queja de que en Malacatán, San Marcos, le han cobrado hasta Q3,500 por la energía para una casa, y Autaulco Quej, un vendedor de leña de la aldea Pansinic en Cobán, Alta Verapaz, explica que —aunque en su aldea la electricidad sólo llega por dos horas durante la noche— las facturas no bajan de Q225 por encender los dos bombillos de su casa.

Según Energuate, en comunidades de Alta Verapaz, Suchitepéquez y Huehuetenando, decenas de supuestos miembros de Codeca, se dedican a “robar” energía eléctrica de las fuentes de distribución de esa empresa, la cual “venden” a otros vecinos. Estas denuncias le han valido a la organización campesina ser tildadosen diversos medios como ladrones que roban energía.

En el comunicado publicado el martes, el Cacif pedía que “se procese a quienes, bajo una bandera de impunidad, hurtan energía eléctrica e intimidan a quiénes se niegan a formar parte de este negocio ilegal”. Los líderes de Codeca no hicieron comentarios respecto a esos señalamientos.

Aunque en las primeras horas de la mañana el tráfico se incrementó en los puntos donde se congregaron los manifestantes, e incluso el servicio de Transurbano fue suspendido durante una hora, después de iniciada la marcha, el tráfico de vehículos fluyó en toda la ciudad.

La manifestación de Codeca concluyó sin incidentes. Los campesinos regresaron a sus comunidades sin respuesta a sus demandas pero con la satisfacción de haber enviado su mensaje a Jimmy Morales: ya no lo quieren de Presidente.