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| Foto G. Trucchi | Opera Mundi |
Comisión parlamentaria aprobó propuesta de ley que ahora será enviada al plenario para su votación
Por Giorgio Trucchi | LINyM
Este 21 de marzo, legisladores de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático votaron por unanimidad una propuesta de ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. Una decisión que recoge la demanda urgente de amplios sectores de la sociedad salvadoreña.
La propuesta de ley había sido presentada ante la Asamblea Legislativa a inicios de este mes, en el marco de una movilización ciudadana encabezada por monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de la capital, Andreu Oliva y José María Tojeira, respectivamente rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), movimientos ambientalistas y antiminas.
Junto a la propuesta de ley, la delegación entregó a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático un legajo con más de 30 mil firmas de salvadoreños y salvadoreñas que están en contra de la minería metálica en el país.
Los 11 artículos aprobados por unanimidad este martes prohíben tanto la minería metálica terrestre, como la marítima y subterránea. Hasta el momento, todas las fuerzas políticas presentes en la Asamblea Legislativa han dicho estar de acuerdo con la aprobación de la ley.
La “bola está en la cancha” de la Asamblea
La bancada del gobernante FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) ha asegurado que los 31 votos de sus diputados y diputadas están listos y que, una vez la Asamblea apruebe la ley, el presidente Salvador Sánchez Cerén la sancionará de inmediato.
Legisladores de GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional) y ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) han confirmado la disposición de ambos partidos a garantizar sus votos en el Parlamento.
En un comunicado, el MOVIAC (Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones), organización que reúne a grupos comprometidos con la defensa de los bienes comunes[1] y que durante casi dos décadas ha luchado por la prohibición de la minería metálica en el país, exigió a diputados y diputadas “votar por unanimidad a favor de esta importante ley”. Asimismo, solicitó al presidente Sánchez Cerén “sancionarla de forma inmediata”
Este 21 de marzo, legisladores de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático votaron por unanimidad una propuesta de ley que prohíbe la minería metálica en El Salvador. Una decisión que recoge la demanda urgente de amplios sectores de la sociedad salvadoreña.
La propuesta de ley había sido presentada ante la Asamblea Legislativa a inicios de este mes, en el marco de una movilización ciudadana encabezada por monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de la capital, Andreu Oliva y José María Tojeira, respectivamente rector de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), movimientos ambientalistas y antiminas.
Junto a la propuesta de ley, la delegación entregó a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático un legajo con más de 30 mil firmas de salvadoreños y salvadoreñas que están en contra de la minería metálica en el país.
Los 11 artículos aprobados por unanimidad este martes prohíben tanto la minería metálica terrestre, como la marítima y subterránea. Hasta el momento, todas las fuerzas políticas presentes en la Asamblea Legislativa han dicho estar de acuerdo con la aprobación de la ley.
La “bola está en la cancha” de la Asamblea
La bancada del gobernante FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) ha asegurado que los 31 votos de sus diputados y diputadas están listos y que, una vez la Asamblea apruebe la ley, el presidente Salvador Sánchez Cerén la sancionará de inmediato.
Legisladores de GANA (Gran Alianza por la Unidad Nacional) y ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) han confirmado la disposición de ambos partidos a garantizar sus votos en el Parlamento.
En un comunicado, el MOVIAC (Movimiento de Víctimas, Afectados y Afectadas por el Cambio Climático y Corporaciones), organización que reúne a grupos comprometidos con la defensa de los bienes comunes[1] y que durante casi dos décadas ha luchado por la prohibición de la minería metálica en el país, exigió a diputados y diputadas “votar por unanimidad a favor de esta importante ley”. Asimismo, solicitó al presidente Sánchez Cerén “sancionarla de forma inmediata”
También alertó a sus bases en todo el país “a estar atentas para movilizarse en apoyo a la culminación de este proceso de lucha”, al tiempo que advirtió a la empresa minera Oceana Gold que estarán vigilantes “ante cualquier maniobra que pretenda bloquear la inminente aprobación de esta ley”.
Transnacionales mineras derrotadas
La compañía canadiense-estadounidense Pacific Rim Mining Corp obtuvo en 2004 la licencia de exploración para el proyecto minero El Dorado, situado en el departamento de Cabañas. También identificó no menos de 25 sitios para la extracción de oro y plata en un total siete departamentos
Según sus planes, la transnacional minera utilizaría en el proyecto El Dorado un promedio de 2 toneladas diaria de cianuro y casi 900 mil litros diarios de agua, es decir la misma cantidad que una familia campesina consuma en casi 20 años. El depósito para colas contaminadas con cianuro y mercurio ocuparía una superficie de 35 hectáreas, con paredes que tienen 30 metros de alto.
En julio de 2009, ante la oleada de protestas y movilizaciones de las comunidades de Cabañas y la decisión del recién electo presidente Mauricio Funes de no otorgar ningún permiso de explotación minera, Pacific Rim decidió ampararse en el capítulo de inversiones del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, América Central y República Dominicana).
A través de una filial en Estados Unidos (PacRim Cayman LLC) demandó al Estado de El Salvador por 77 millones de dólares ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), ente adscrito al Banco Mundial.
Años más tardes, en 2013, Pacific Rim entró en bancarrota y fue vendida a la compañía de capital australiano-coreano Oceana Gold, que arreció la demanda en contra del Estado salvadoreño, solicitando una compensación de 315 millones de dólares en concepto de inversiones realizadas y pérdidas.
Finalmente, en octubre de 2016, El Salvador salió victorioso de la demanda impuesta por Pacific Rim/Oceana Gold. Además de desechar la demanda multimillonaria de la transnacional minera, ordenó a Oceana Gold reintegrar al país centroamericano el 60% de los costos de la defensa, es decir unos 8 millones de dólares.
Minería: desastre ambiental, represión y violencia
El impacto de la minería en El Salvador no es algo nuevo. Según el reportaje de la periodista Gloria Marisela Morán publicado en el portal Contrapunto[2], uno de los lugares más representativos del impacto brutal de la actividad minera es el río San Sebastián, en el departamento de La Unión.
“El drenaje ácido proveniente de la actividad minera realizada en el Cerro de San Sebastián, proyecto que fue dirigido desde 1968 por la multinacional Commerce Group, hizo que las aguas del río se tornaran color marrón y que su olor fuera a moho, la calidad del agua es pésima, según informes oficiales, por lo que no es apta para consumo humano, ni para labores domésticas”, explica Morán.
Aún más dramática la situación ambiental y humana en San Isidro, departamento de Cabañas. En el reportaje publicado[3] por el portal de noticias internacionales Opera Mundi y traducido al español por Alba Sud[4], describía como la oposición comunitaria al proyecto El Dorado fue brutalmente reprimida. Una verdadera cacería humana que dejó un saldo trágico de muertos y heridos.
El 18 de junio de 2009 desapareció Marcelo Rivera, director de la ASIC (Asociación Amigos de San Isidro Cabañas). Su cadáver fue encontrado diez días después en un pozo con señales de tortura. A finales de julio, el sacerdote Luis Quintanilla, locutor de Radio Victoria, uno de los pocos medios que criticaban abiertamente el proyecto minero, sufrió un intento de secuestro y asesinato.
A los pocos días, el 7 de agosto, Ramiro Rivera Gómez, síndico del CAC (Comité Ambiental de Cabañas) y líder del cantón Trinidad, fue víctima de una emboscada al recibir varios disparos por la espalda cuando se dirigía a ordeñar sus vacas. Sobrevivió al ataque sólo para ser emboscado nuevamente y asesinado el 20 diciembre.
A los seis días ocurrió el brutal asesinato de Dora Alicia Sorto, activista del CAC, y del niño de 8 meses que llevaba en su vientre.
El 3 de junio de 2011 desapareció Juan Francisco Durán Ayala, también activista del CAC. Su cuerpo fue hallado 10 días después en una fosa común en San Salvador. Un día ante de su desaparición estaba poniendo pancartas, pegando afiches y entregando volantes en la ciudad de Ilobasco, exigiendo la aprobación de una ley contra la minería metálica y la salida de Pacific Rim de Cabañas.
Pese al temor, las organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica[5] se mantuvieron firmes, y no permitieron que el miedo desarticulara su trabajo de resistencia en las comunidades. También se amplió el proceso de alianzas con la adhesión al Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)[6].
El objetivo sigue siendo la aprobación de una ley que prohíba la minería en El Salvador. El voto por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático es un paso muy importante, pero no definitivo.
Ya es tiempo de quitarse máscaras y disfraces. Ahora la “bola está en la cancha” de la Asamblea Legislativa.
Transnacionales mineras derrotadas
La compañía canadiense-estadounidense Pacific Rim Mining Corp obtuvo en 2004 la licencia de exploración para el proyecto minero El Dorado, situado en el departamento de Cabañas. También identificó no menos de 25 sitios para la extracción de oro y plata en un total siete departamentos
Según sus planes, la transnacional minera utilizaría en el proyecto El Dorado un promedio de 2 toneladas diaria de cianuro y casi 900 mil litros diarios de agua, es decir la misma cantidad que una familia campesina consuma en casi 20 años. El depósito para colas contaminadas con cianuro y mercurio ocuparía una superficie de 35 hectáreas, con paredes que tienen 30 metros de alto.
En julio de 2009, ante la oleada de protestas y movilizaciones de las comunidades de Cabañas y la decisión del recién electo presidente Mauricio Funes de no otorgar ningún permiso de explotación minera, Pacific Rim decidió ampararse en el capítulo de inversiones del CAFTA-DR (Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, América Central y República Dominicana).
A través de una filial en Estados Unidos (PacRim Cayman LLC) demandó al Estado de El Salvador por 77 millones de dólares ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), ente adscrito al Banco Mundial.
Años más tardes, en 2013, Pacific Rim entró en bancarrota y fue vendida a la compañía de capital australiano-coreano Oceana Gold, que arreció la demanda en contra del Estado salvadoreño, solicitando una compensación de 315 millones de dólares en concepto de inversiones realizadas y pérdidas.
Finalmente, en octubre de 2016, El Salvador salió victorioso de la demanda impuesta por Pacific Rim/Oceana Gold. Además de desechar la demanda multimillonaria de la transnacional minera, ordenó a Oceana Gold reintegrar al país centroamericano el 60% de los costos de la defensa, es decir unos 8 millones de dólares.
Minería: desastre ambiental, represión y violencia
El impacto de la minería en El Salvador no es algo nuevo. Según el reportaje de la periodista Gloria Marisela Morán publicado en el portal Contrapunto[2], uno de los lugares más representativos del impacto brutal de la actividad minera es el río San Sebastián, en el departamento de La Unión.
“El drenaje ácido proveniente de la actividad minera realizada en el Cerro de San Sebastián, proyecto que fue dirigido desde 1968 por la multinacional Commerce Group, hizo que las aguas del río se tornaran color marrón y que su olor fuera a moho, la calidad del agua es pésima, según informes oficiales, por lo que no es apta para consumo humano, ni para labores domésticas”, explica Morán.
Aún más dramática la situación ambiental y humana en San Isidro, departamento de Cabañas. En el reportaje publicado[3] por el portal de noticias internacionales Opera Mundi y traducido al español por Alba Sud[4], describía como la oposición comunitaria al proyecto El Dorado fue brutalmente reprimida. Una verdadera cacería humana que dejó un saldo trágico de muertos y heridos.
El 18 de junio de 2009 desapareció Marcelo Rivera, director de la ASIC (Asociación Amigos de San Isidro Cabañas). Su cadáver fue encontrado diez días después en un pozo con señales de tortura. A finales de julio, el sacerdote Luis Quintanilla, locutor de Radio Victoria, uno de los pocos medios que criticaban abiertamente el proyecto minero, sufrió un intento de secuestro y asesinato.
A los pocos días, el 7 de agosto, Ramiro Rivera Gómez, síndico del CAC (Comité Ambiental de Cabañas) y líder del cantón Trinidad, fue víctima de una emboscada al recibir varios disparos por la espalda cuando se dirigía a ordeñar sus vacas. Sobrevivió al ataque sólo para ser emboscado nuevamente y asesinado el 20 diciembre.
A los seis días ocurrió el brutal asesinato de Dora Alicia Sorto, activista del CAC, y del niño de 8 meses que llevaba en su vientre.
El 3 de junio de 2011 desapareció Juan Francisco Durán Ayala, también activista del CAC. Su cuerpo fue hallado 10 días después en una fosa común en San Salvador. Un día ante de su desaparición estaba poniendo pancartas, pegando afiches y entregando volantes en la ciudad de Ilobasco, exigiendo la aprobación de una ley contra la minería metálica y la salida de Pacific Rim de Cabañas.
Pese al temor, las organizaciones que integran la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica[5] se mantuvieron firmes, y no permitieron que el miedo desarticulara su trabajo de resistencia en las comunidades. También se amplió el proceso de alianzas con la adhesión al Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4)[6].
El objetivo sigue siendo la aprobación de una ley que prohíba la minería en El Salvador. El voto por unanimidad en la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático es un paso muy importante, pero no definitivo.
Ya es tiempo de quitarse máscaras y disfraces. Ahora la “bola está en la cancha” de la Asamblea Legislativa.
Notas
[1] Asociación Comité Ambiental de Cabañas (CAC),
Asociación Intercomunal de
Comunidades Unidas para el Desarrollo Económico y Social del Bajo Lempa
(ACUDESBAL), CESTA - Amigos de la Tierra, Asociación de
Beneficiarios de Agua de la Zona Rural de Tonacatepeque (ABAZORTO), Asociación para el Desarrollo
Integral del Bajo Lempa (ADIBAL).
[4] https://goo.gl/2dAifa
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