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| Foto G. Trucchi | Rel-UITA |
Un clamor que no se apaga, pueblos sedientos de justicia
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Hace un año, la noche del 2 de marzo, asesinos a sueldo irrumpieron en la casa donde vivía la luchadora social y dirigente indígena Berta Cáceres, y abrieron fuego acabando con su vida. El único testigo del asesinato, el sociólogo y ambientalista Gustavo Castro, sobrevivió al atentado. Doce meses después, el manto de la impunidad sigue cubriendo el crimen.
Víctor Fernández, coordinador del área legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y apoderado legal de la familia de Berta Cáceres, analizó por La Rel “este año sin Berta”.
-Hoy se cumple un año del asesinato de Berta, ¿Cuál es su análisis?
-Ha sido un año en el que el gobierno de Honduras ha ratificado su intención de adueñarse del país. El impacto que tuvo el crimen contra Bertita no fue suficiente para romper esta estructura de dominación y control.
No hay duda alguna de que el crimen contra la compañera lo ejecutó una estructura criminal, que actuó militarmente. Lamentablemente, todas estas informaciones se manejan bajo un total secretismo.
Hay un círculo impenetrable que nos mantiene al margen de la investigación, y que se muestra totalmente indiferente hasta ante la presión de instancias nacionales e internacionales.
Tampoco quisieron revertir un proyecto hidroeléctrico (Agua Zarca) que está manchado de sangre. Todo esto evidencia complicidad, responsabilidad y participación de una estructura de poder que controla el país.
Sin embargo no todo fue negativo. A la par de ese poder brutal que criminaliza y persigue están los ejercicios de resistencia que estamos desarrollando como pueblo.
La convergencia de distintos actores y sectores está permitiendo que nos mantengamos activos. La movilización de hoy es un ejemplo del trabajo sostenido de los últimos tiempos.
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
Hace un año, la noche del 2 de marzo, asesinos a sueldo irrumpieron en la casa donde vivía la luchadora social y dirigente indígena Berta Cáceres, y abrieron fuego acabando con su vida. El único testigo del asesinato, el sociólogo y ambientalista Gustavo Castro, sobrevivió al atentado. Doce meses después, el manto de la impunidad sigue cubriendo el crimen.
Víctor Fernández, coordinador del área legal del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y apoderado legal de la familia de Berta Cáceres, analizó por La Rel “este año sin Berta”.
-Hoy se cumple un año del asesinato de Berta, ¿Cuál es su análisis?
-Ha sido un año en el que el gobierno de Honduras ha ratificado su intención de adueñarse del país. El impacto que tuvo el crimen contra Bertita no fue suficiente para romper esta estructura de dominación y control.
No hay duda alguna de que el crimen contra la compañera lo ejecutó una estructura criminal, que actuó militarmente. Lamentablemente, todas estas informaciones se manejan bajo un total secretismo.
Hay un círculo impenetrable que nos mantiene al margen de la investigación, y que se muestra totalmente indiferente hasta ante la presión de instancias nacionales e internacionales.
Tampoco quisieron revertir un proyecto hidroeléctrico (Agua Zarca) que está manchado de sangre. Todo esto evidencia complicidad, responsabilidad y participación de una estructura de poder que controla el país.
Sin embargo no todo fue negativo. A la par de ese poder brutal que criminaliza y persigue están los ejercicios de resistencia que estamos desarrollando como pueblo.
La convergencia de distintos actores y sectores está permitiendo que nos mantengamos activos. La movilización de hoy es un ejemplo del trabajo sostenido de los últimos tiempos.
- Galería de imágenes de la movilización del 1/3
-Hay ocho personas detenidas por el asesinato de Berta. Tanto la familia como el Copinh[1] insisten que no es suficiente.
-Si el mismo Ministerio Público afirma que Berta Cáceres fue asesinada por su lucha y por su trabajo, y quienes están procesados son personas con un perfil que nada tiene que ver con la estructura económica que estaba siendo afectada por esta lucha, es evidente que falta investigar y capturar a quiénes mandaron a asesinarla.
Esta estructura toma decisiones, las manda a ejecutar y nunca aparece involucrada en hechos criminales contra personas que, como Berta, asumen la responsabilidad de confrontar el modelo económico basado en el extractivismo.
Por tanto, sería ingenuo sentir satisfacción por el hecho de que están investigando a estas ocho personas.
Militares y empresarios
Manchados de sangre
-¿Piensa que las Fuerzas Armadas han jugado un papel en el asesinato de Berta?
-Hay indicios para considerar esta hipótesis. Entre los detenidos hay un militar de alto rango, vinculado a la inteligencia militar, con presencia en zonas históricamente conflictivas como el Bajo Aguán.
Otros con altísimas calificaciones, recomendados para participar de estructuras de control y seguridad estratégica como la Guardia de Honor Presidencial.
Por eso interpretamos que la secretividad ilegal e injusta que mantiene el Ministerio Público tiene que ver con esto. No quieren que se investiguen estas hipótesis que vinculan a estructuras militares y económicas con el asesinato de Berta.
-¿Por qué cree que la asesinaron?
-Berta participaba de una de las pocas organizaciones que sí confrontan y desafían al sistema y al modelo económico. Berta era un mal ejemplo. Junto al Copinh logró expulsar a un monstruo como Sinohydro[2] .
Los grupos económicos quisieron callar a ambos. No querían que se reprodujera en otras zonas del país esta experiencia exitosa de lucha.
-¿Qué responsabilidad cree que tiene la empresa DESA[3]?
-Se coloca en primera fila y a la par de ella están los grandes empresarios y las estructuras mediáticas del país, que montaron toda una campaña apologética para colocar a Berta en una condición de indefensión, que al final creó las condiciones para su asesinato.
-¿Qué hace falta hoy de Berta y cuál es su legado?
-Berta y el Copinh son la muestra indiscutible de la militancia en la lucha social de este país. Estaban en todos los espacios posibles. Lo que hace falta es su liderazgo, su presencia. Su ausencia se siente en muchas zonas, espacios y actividades.
-¿Va a seguir apoyando a la familia de Berta?
-Soy abogado, pero primero soy compañero en la lucha. El colectivo del área jurídica del MADJ entiende que nuestro trabajo es uno de brazos necesarios para la lucha política que estamos librando en este país.
Las condiciones en que vivimos nos dan el derecho a desarrollar todas las hostilidades en el marco de la resistencia pacífica, incluyendo la lucha en los tribunales y en los territorios.
[1] Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)
[2] Sinohydro, de capital chino, es una de las más grandes empresas de ingeniería y construcción a nivel mundial.
[3] Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), promotora del proyecto Agua Zarca
Fuente: Rel-UITA
-Hay ocho personas detenidas por el asesinato de Berta. Tanto la familia como el Copinh[1] insisten que no es suficiente.
-Si el mismo Ministerio Público afirma que Berta Cáceres fue asesinada por su lucha y por su trabajo, y quienes están procesados son personas con un perfil que nada tiene que ver con la estructura económica que estaba siendo afectada por esta lucha, es evidente que falta investigar y capturar a quiénes mandaron a asesinarla.
Esta estructura toma decisiones, las manda a ejecutar y nunca aparece involucrada en hechos criminales contra personas que, como Berta, asumen la responsabilidad de confrontar el modelo económico basado en el extractivismo.
Por tanto, sería ingenuo sentir satisfacción por el hecho de que están investigando a estas ocho personas.
Militares y empresarios
Manchados de sangre
-¿Piensa que las Fuerzas Armadas han jugado un papel en el asesinato de Berta?
-Hay indicios para considerar esta hipótesis. Entre los detenidos hay un militar de alto rango, vinculado a la inteligencia militar, con presencia en zonas históricamente conflictivas como el Bajo Aguán.
Otros con altísimas calificaciones, recomendados para participar de estructuras de control y seguridad estratégica como la Guardia de Honor Presidencial.
Por eso interpretamos que la secretividad ilegal e injusta que mantiene el Ministerio Público tiene que ver con esto. No quieren que se investiguen estas hipótesis que vinculan a estructuras militares y económicas con el asesinato de Berta.
-¿Por qué cree que la asesinaron?
-Berta participaba de una de las pocas organizaciones que sí confrontan y desafían al sistema y al modelo económico. Berta era un mal ejemplo. Junto al Copinh logró expulsar a un monstruo como Sinohydro[2] .
Los grupos económicos quisieron callar a ambos. No querían que se reprodujera en otras zonas del país esta experiencia exitosa de lucha.
-¿Qué responsabilidad cree que tiene la empresa DESA[3]?
-Se coloca en primera fila y a la par de ella están los grandes empresarios y las estructuras mediáticas del país, que montaron toda una campaña apologética para colocar a Berta en una condición de indefensión, que al final creó las condiciones para su asesinato.
-¿Qué hace falta hoy de Berta y cuál es su legado?
-Berta y el Copinh son la muestra indiscutible de la militancia en la lucha social de este país. Estaban en todos los espacios posibles. Lo que hace falta es su liderazgo, su presencia. Su ausencia se siente en muchas zonas, espacios y actividades.
-¿Va a seguir apoyando a la familia de Berta?
-Soy abogado, pero primero soy compañero en la lucha. El colectivo del área jurídica del MADJ entiende que nuestro trabajo es uno de brazos necesarios para la lucha política que estamos librando en este país.
Las condiciones en que vivimos nos dan el derecho a desarrollar todas las hostilidades en el marco de la resistencia pacífica, incluyendo la lucha en los tribunales y en los territorios.
[1] Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh)
[2] Sinohydro, de capital chino, es una de las más grandes empresas de ingeniería y construcción a nivel mundial.
[3] Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), promotora del proyecto Agua Zarca
Fuente: Rel-UITA
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