Por Defensores en Línea
Organizaciones defensoras de derechos humanos se reunieron de emergencia con el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos con el fin de solicitar que se active una alerta temprana que proteja la integridad física y emocional tanto de los ejecutivos de la organización británica Global Witness así como de los liderazgos indígenas lencas.
La solicitud obedece al nivel de agresividad expresado por funcionarios de gobierno y empresarios en medios de comunicación que, de acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, ponen en peligro la vida tanto de ejecutivos de Global Witness, así como dirigentes y comunidades indígenas mencionadas en el informe.
La acción de emergencia obedece a las amenazas vertidas por funcionarios de gobierno y del sector empresarial que rechazaron el reciente informe presentado el 31 de enero en esta capital, referente a que Honduras es un territorio altamente peligroso para los defensores de la tierra y el medio ambiente.
El informe denuncia que élites políticas y empresariales serían las responsables de fomentar la represión en contra de los liderazgos y comunidades indígenas lencas que se han opuesto a proyectos de represas, extractivismo y cortes de madera.
Tanto el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) José Antonio Galdámez como apoderados legales de la presidenta del partido Nacional, Gladys Aurora López (denunciada en el documento como beneficiaria de los proyectos hidroeléctricos Aurora y Los Encinos) expusieron amenazas el jueves 2 de febrero, en horas de la mañana, en contra del Director de Incidencia de Global Witness, Billy Kyte en el foro Frente a Frente que dirige el periodista Renato Álvarez, en canal 5.
La intervención de varios funcionarios de gobierno aparte de rechazar la publicación del informe, ha puesto en peligro tanto a los representantes de Global Witnes, como a los dirigentes indígenas lencas.
En dicho programa también hubo llamadas para estigmatizar el trabajo de defensoría de derechos humanos que realizan el presidente y vicepresidente del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz-Honduras (MILPAH), Felipe Benítez y Martín Gómez Vásquez, respectivamente.
El informe denominado “Honduras el lugar más peligroso para defender el planeta”, desnuda la corrupción y la colusión de la clase política gobernante con grupos empresariales, con el propósito de adueñarse de los recursos naturales de comunidades indígenas lencas y garífunas, tanto en el occidente como en la zona atlántica de Honduras.
En reunión con la directora del Mecanismo de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, Nora Urbina, unas 15 organizaciones, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Comité por la Libre expresión (C-LiBRE), el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), el Centro Hondureño para la Promoción de los Derechos Comunitarios (CHEPRODEC), la Coalición contra la Impunidad, Diakonia y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, solicitaron a la funcionaria que active el Mecanismo de Alerta Temprana, acompañado de una estructura de respuesta inmediata, que brinde protección a las víctimas de amenazas.
La reunión contó con la observación de un representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
Al respecto Nora Urbina dijo que siguió de cerca la transmisión del programa televisivo Frente a Frente de canal 5 y que estaba consciente del cambio de escenario, por lo que se reunió con autoridades de la Secretaría de Seguridad y recibió un oficio del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en donde se solicitaba medidas de protección tanto para los ejecutivos de Global Witness como para los dirigentes Martín Gómez y Felipe Benítez.
Urbina explicó a los representantes de las organizaciones de derechos humanos, que Billy Kyte y Ben Leather (Global Witness) no querían tanto una escolta policial, pero sí acompañamiento. Se entiende en este caso del acompañamiento de defensoras y defensoras de derechos humanos; para la presentación del informe que tendrá lugar mañana 3 de febrero en la Ciudad de San Pedro Sula, norte del país.
En este momento Urbina, Sagrario Prudott (quien era la encargada de las medidas cautelares en la Secretaria de Seguridad) está reunida con Martín Gómez y Felipe Benítez, para revisar y definir nuevas medidas de protección. Los defensores cuentan con el acompañamiento de abogadas del Área de Acceso a Justicia del COFADEH.
En la solicitud de las organizaciones de derechos humanos, se pide al Estado que investigue a fondo 5 casos de violaciones a derechos humanos y actos de corrupción que se denuncian en el informe tales como: “La presidenta del partido Nacional y su relación con presas ilegales, “El asesinato de Berta Cáceres y los oscuros intereses que mueven la presa de Agua Zarca”, “La operación minera del empresario Lenír Pérez”, “La masacre de las comunidades Tolupanes” y “El pueblo garífuna y las fuerzas que apoyan el emblemático desarrollo turístico de Honduras”. Esta solicitud se hace directamente al Fiscal General de la República Óscar Chinchilla.
La solicitud obedece al nivel de agresividad expresado por funcionarios de gobierno y empresarios en medios de comunicación que, de acuerdo con las organizaciones defensoras de derechos humanos, ponen en peligro la vida tanto de ejecutivos de Global Witness, así como dirigentes y comunidades indígenas mencionadas en el informe.
La acción de emergencia obedece a las amenazas vertidas por funcionarios de gobierno y del sector empresarial que rechazaron el reciente informe presentado el 31 de enero en esta capital, referente a que Honduras es un territorio altamente peligroso para los defensores de la tierra y el medio ambiente.
El informe denuncia que élites políticas y empresariales serían las responsables de fomentar la represión en contra de los liderazgos y comunidades indígenas lencas que se han opuesto a proyectos de represas, extractivismo y cortes de madera.
Tanto el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) José Antonio Galdámez como apoderados legales de la presidenta del partido Nacional, Gladys Aurora López (denunciada en el documento como beneficiaria de los proyectos hidroeléctricos Aurora y Los Encinos) expusieron amenazas el jueves 2 de febrero, en horas de la mañana, en contra del Director de Incidencia de Global Witness, Billy Kyte en el foro Frente a Frente que dirige el periodista Renato Álvarez, en canal 5.
La intervención de varios funcionarios de gobierno aparte de rechazar la publicación del informe, ha puesto en peligro tanto a los representantes de Global Witnes, como a los dirigentes indígenas lencas.
En dicho programa también hubo llamadas para estigmatizar el trabajo de defensoría de derechos humanos que realizan el presidente y vicepresidente del Movimiento Indígena Independiente Lenca de La Paz-Honduras (MILPAH), Felipe Benítez y Martín Gómez Vásquez, respectivamente.
El informe denominado “Honduras el lugar más peligroso para defender el planeta”, desnuda la corrupción y la colusión de la clase política gobernante con grupos empresariales, con el propósito de adueñarse de los recursos naturales de comunidades indígenas lencas y garífunas, tanto en el occidente como en la zona atlántica de Honduras.
En reunión con la directora del Mecanismo de Protección para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, Nora Urbina, unas 15 organizaciones, entre ellas el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), el Comité por la Libre expresión (C-LiBRE), el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), el Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), el Centro Hondureño para la Promoción de los Derechos Comunitarios (CHEPRODEC), la Coalición contra la Impunidad, Diakonia y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, solicitaron a la funcionaria que active el Mecanismo de Alerta Temprana, acompañado de una estructura de respuesta inmediata, que brinde protección a las víctimas de amenazas.
La reunión contó con la observación de un representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras.
Al respecto Nora Urbina dijo que siguió de cerca la transmisión del programa televisivo Frente a Frente de canal 5 y que estaba consciente del cambio de escenario, por lo que se reunió con autoridades de la Secretaría de Seguridad y recibió un oficio del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) en donde se solicitaba medidas de protección tanto para los ejecutivos de Global Witness como para los dirigentes Martín Gómez y Felipe Benítez.
Urbina explicó a los representantes de las organizaciones de derechos humanos, que Billy Kyte y Ben Leather (Global Witness) no querían tanto una escolta policial, pero sí acompañamiento. Se entiende en este caso del acompañamiento de defensoras y defensoras de derechos humanos; para la presentación del informe que tendrá lugar mañana 3 de febrero en la Ciudad de San Pedro Sula, norte del país.
En este momento Urbina, Sagrario Prudott (quien era la encargada de las medidas cautelares en la Secretaria de Seguridad) está reunida con Martín Gómez y Felipe Benítez, para revisar y definir nuevas medidas de protección. Los defensores cuentan con el acompañamiento de abogadas del Área de Acceso a Justicia del COFADEH.
En la solicitud de las organizaciones de derechos humanos, se pide al Estado que investigue a fondo 5 casos de violaciones a derechos humanos y actos de corrupción que se denuncian en el informe tales como: “La presidenta del partido Nacional y su relación con presas ilegales, “El asesinato de Berta Cáceres y los oscuros intereses que mueven la presa de Agua Zarca”, “La operación minera del empresario Lenír Pérez”, “La masacre de las comunidades Tolupanes” y “El pueblo garífuna y las fuerzas que apoyan el emblemático desarrollo turístico de Honduras”. Esta solicitud se hace directamente al Fiscal General de la República Óscar Chinchilla.
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