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| Heraldo |
Por Criterio.hn
El Congreso Nacional de Honduras aprobó este miércoles recluir con una pena de cuatro a ocho años a aquellas personas o periodistas que promuevan la apología del odio e inciten al terrorismo, a través de los medios de comunicación.
Mediante una reforma al artículo 335B del Código Penal, se estableció que incurre en apología del odio e incitación de actos de terrorismo, quien “públicamente o través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”.
La reforma fue aprobada ante una moción presentada por el presidente de la bancada del gobernante Partido Nacional, Oscar Álvarez, quien consideró que se debe encarcelar a los periodistas que mediante sus publicaciones en los medios de comunicación promuevan la “apología del odio”.
Según Álvarez, algunos medios de comunicación y periodistas de Honduras promueven la apología del odio al exagerar con datos o noticias sobre diferentes aspectos del accionar público.
La petición del también exsecretario de Seguridad es muy amplia y subjetiva por lo que cualquier periodista o comunicador social estará a expensas de ser enjuiciado sin fundamento alguno.
El diputado por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixón Herrera, dijo que la nueva figura es para meterle miedo a aquellos periodistas independientes que auditan al gobierno.
Asimismo que el actual Código Penal ya establece las penas en contra de quienes fomenten la apología del odio, pero ahora se ha particularizado metiendo a los medios de comunicación como autores directos.
El parlamentario apuntó que lo aprobado este día ha dejado una nebulosa porque todo se hizo de prisa y sin dar muchas explicaciones, ya que el diputado Óscar Álvarez fue muy amplio al exponer los motivos e implicaciones.
El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, dijo hoy a Criterio.hn que el paquete de reformas penales aprobadas el martes por el Parlamento es una herramienta legal del gobierno para reprimir a la ciudadanía que se manifieste en contra de la inconstitucional reelección del presidente, Juan Hernández.
Por su parte la diputada por el Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, manifestó que el partido de gobierno “tuvo la osadía de presentar un agregado a esta ley (reformas penales) que establece que cualquier medio de comunicación que invite a una manifestación va a ser considerado como terrorista, siendo una violación a la libertad de expresión y a los tratados internacionales”.
La nueva “ley mordaza” seguramente entrará en vigencia con las reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, que tipifican como delito de terrorismo las acciones violentas que se pudieran derivar de las protestas ciudadanas, con lo que se criminalizará la movilización y la protesta social.
Muchos periodistas y comunicadores sociales han denunciado que son víctimas de ataques y campañas de desprestigio por parte del gobierno.
Mediante una reforma al artículo 335B del Código Penal, se estableció que incurre en apología del odio e incitación de actos de terrorismo, quien “públicamente o través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología, enaltecimiento o justificación del terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o incitare a otro u otros a cometer terrorismo o financiamiento de éste, será sancionado con pena de cuatro a ocho años de prisión”.
La reforma fue aprobada ante una moción presentada por el presidente de la bancada del gobernante Partido Nacional, Oscar Álvarez, quien consideró que se debe encarcelar a los periodistas que mediante sus publicaciones en los medios de comunicación promuevan la “apología del odio”.
Según Álvarez, algunos medios de comunicación y periodistas de Honduras promueven la apología del odio al exagerar con datos o noticias sobre diferentes aspectos del accionar público.
La petición del también exsecretario de Seguridad es muy amplia y subjetiva por lo que cualquier periodista o comunicador social estará a expensas de ser enjuiciado sin fundamento alguno.El diputado por el opositor Partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixón Herrera, dijo que la nueva figura es para meterle miedo a aquellos periodistas independientes que auditan al gobierno.
Asimismo que el actual Código Penal ya establece las penas en contra de quienes fomenten la apología del odio, pero ahora se ha particularizado metiendo a los medios de comunicación como autores directos.
El parlamentario apuntó que lo aprobado este día ha dejado una nebulosa porque todo se hizo de prisa y sin dar muchas explicaciones, ya que el diputado Óscar Álvarez fue muy amplio al exponer los motivos e implicaciones.
El exfiscal general de la República, Edmundo Orellana, dijo hoy a Criterio.hn que el paquete de reformas penales aprobadas el martes por el Parlamento es una herramienta legal del gobierno para reprimir a la ciudadanía que se manifieste en contra de la inconstitucional reelección del presidente, Juan Hernández.
Por su parte la diputada por el Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD), Doris Gutiérrez, manifestó que el partido de gobierno “tuvo la osadía de presentar un agregado a esta ley (reformas penales) que establece que cualquier medio de comunicación que invite a una manifestación va a ser considerado como terrorista, siendo una violación a la libertad de expresión y a los tratados internacionales”.
La nueva “ley mordaza” seguramente entrará en vigencia con las reformas al Código Penal y Código Procesal Penal, que tipifican como delito de terrorismo las acciones violentas que se pudieran derivar de las protestas ciudadanas, con lo que se criminalizará la movilización y la protesta social.
Muchos periodistas y comunicadores sociales han denunciado que son víctimas de ataques y campañas de desprestigio por parte del gobierno.
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