Por Cesario Padilla | Conexihon
Gustavo Castro Soto, víctima de tentativa homicidio y testigo en el caso del asesinato de la lideresa indígena Berta Cáceres, aseguró este lunes 16 de enero que presentó una denuncia contra el Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por considerar que le fueron violentados sus derechos durante su retención ilegal en marzo del año anterior.
El motivo de esta acción obedece a una serie de violaciones a los derechos humanos en contra de Castro Soto durante su retención en el país, causadas desde el Estado, durante el pasado mes de marzo de 2016. Cerca de 20 días estuvo forzosamente en territorio hondureño, informó su cuerpo legal en conferencia de prensa esta mañana desde México, donde la prensa hondureña tuvo acceso al transmitirse vía Skype.
La denuncia va encaminada contra instituciones tales como la Fiscalía del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la jueza Victorina Flores, titular del Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, en el departamento de Intibucá. Las anteriores son señaladas de haber violentado los derechos de Castro al ser retenido en suelo hondureño inconstitucionalmente, informaron tanto el afectado como su equipo de abogados a través de un boletín de prensa.
Asimismo, las violaciones a derechos humanos contra el ambientalistas de origen mexicano, se extendieron a la resolución, de manera negativa, del recurso de Habeas Corpus (Exhibición Personal), presentado por sus abogados junto a más de once Amicus Curiae (Amigos de la Corte) el 18 de marzo del año recién pasado.
Esta acción fue presentada ante la CIDH el pasado mes de diciembre. De igual forma, a nivel local, se realizó una denuncia penal contra la Jueza Victorina Flores.
Gustavo Castro, activistas de derechos humanos y director de la organización Otros Mundos, con sede en el Estado mexicano de Chiapas, se encontraba en el país para brindar una serie de jornadas de capacitación al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), de la que Berta Cáceres era su coordinadora.
Estuvo presente en el asesinato contra Cáceres el pasado 02 de marzo y resultó con heridas leves. Al intentar salir del país, cuatro días después (06 de marzo), la jueza Flores le impuso una medida cautelar de prohibición de salir del país y fue retenido en las instalaciones del aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa, capital hondureña.
Acciones contra Gustavo Castro no pueden quedar impunes
El abogado de Gustavo Castro en México, Miguel Ángel de los Santos, expuso que la denuncia ante esta instancia interamericana de derechos humanos, obedece al trato recibido en territorio hondureño que le generó “afectaciones físicas y psicológicas que el Estado de Honduras no atendió”.
Por su parte, su apoderado legal en Honduras, Edy Tábora, sostuvo que las acciones que hicieron las instancias judiciales contra Castro no pueden quedar en la impunidad.
El también Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), puntualizó que en la normativa legal hondureña no existe ningún estipulado que ordene la restricción de salir del país de un ciudadano extranjero, como en el caso de Gustavo Castro.
“Aún el Ministerio público no ha comunicado ninguna acusación contra la persona que disparó a Gustavo Castro”, dice el boletín de prensa en torno a este tema.
“Fue un secuestro de Estado”
“Cuando un estado no cumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos, acudimos a la denuncia a nivel interamericano como es la CIDH”, afirmó Gustavo Castro, en la videoconferencia ofrecida a la prensa nacional de México y honduras simultáneamente.
Castro recordó que al momento de que logró salir de Honduras, hace 10 meses, las autoridades “sínicamente me dijeron, gracias por participar en el proceso de investigación”.
Ante este hecho, el defensor de derechos humanos catalogó el hecho en su contra como un “secuestro de Estado”.
En el documento ofrecido a los medios de comunicación hondureños este día, los abogados y Gustavo Castro aseguraron que este último cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales para velar por su protección y defensa de sus derechos humanos.
El motivo de esta acción obedece a una serie de violaciones a los derechos humanos en contra de Castro Soto durante su retención en el país, causadas desde el Estado, durante el pasado mes de marzo de 2016. Cerca de 20 días estuvo forzosamente en territorio hondureño, informó su cuerpo legal en conferencia de prensa esta mañana desde México, donde la prensa hondureña tuvo acceso al transmitirse vía Skype.
La denuncia va encaminada contra instituciones tales como la Fiscalía del Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la jueza Victorina Flores, titular del Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, en el departamento de Intibucá. Las anteriores son señaladas de haber violentado los derechos de Castro al ser retenido en suelo hondureño inconstitucionalmente, informaron tanto el afectado como su equipo de abogados a través de un boletín de prensa.
Asimismo, las violaciones a derechos humanos contra el ambientalistas de origen mexicano, se extendieron a la resolución, de manera negativa, del recurso de Habeas Corpus (Exhibición Personal), presentado por sus abogados junto a más de once Amicus Curiae (Amigos de la Corte) el 18 de marzo del año recién pasado.
Esta acción fue presentada ante la CIDH el pasado mes de diciembre. De igual forma, a nivel local, se realizó una denuncia penal contra la Jueza Victorina Flores.
Gustavo Castro, activistas de derechos humanos y director de la organización Otros Mundos, con sede en el Estado mexicano de Chiapas, se encontraba en el país para brindar una serie de jornadas de capacitación al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), de la que Berta Cáceres era su coordinadora.
Estuvo presente en el asesinato contra Cáceres el pasado 02 de marzo y resultó con heridas leves. Al intentar salir del país, cuatro días después (06 de marzo), la jueza Flores le impuso una medida cautelar de prohibición de salir del país y fue retenido en las instalaciones del aeropuerto Toncontín en Tegucigalpa, capital hondureña.
Acciones contra Gustavo Castro no pueden quedar impunes
El abogado de Gustavo Castro en México, Miguel Ángel de los Santos, expuso que la denuncia ante esta instancia interamericana de derechos humanos, obedece al trato recibido en territorio hondureño que le generó “afectaciones físicas y psicológicas que el Estado de Honduras no atendió”.
Por su parte, su apoderado legal en Honduras, Edy Tábora, sostuvo que las acciones que hicieron las instancias judiciales contra Castro no pueden quedar en la impunidad.
El también Director Ejecutivo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), puntualizó que en la normativa legal hondureña no existe ningún estipulado que ordene la restricción de salir del país de un ciudadano extranjero, como en el caso de Gustavo Castro.
“Aún el Ministerio público no ha comunicado ninguna acusación contra la persona que disparó a Gustavo Castro”, dice el boletín de prensa en torno a este tema.
“Fue un secuestro de Estado”
“Cuando un estado no cumple con sus obligaciones en materia de derechos humanos, acudimos a la denuncia a nivel interamericano como es la CIDH”, afirmó Gustavo Castro, en la videoconferencia ofrecida a la prensa nacional de México y honduras simultáneamente.
Castro recordó que al momento de que logró salir de Honduras, hace 10 meses, las autoridades “sínicamente me dijeron, gracias por participar en el proceso de investigación”.
Ante este hecho, el defensor de derechos humanos catalogó el hecho en su contra como un “secuestro de Estado”.
En el documento ofrecido a los medios de comunicación hondureños este día, los abogados y Gustavo Castro aseguraron que este último cuenta con el apoyo de organizaciones internacionales para velar por su protección y defensa de sus derechos humanos.
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