Bahía de Trujillo: un despojo territorial que no tiene fin

Foto G. Trucchi | Alba Sud

Las comunidades garífunas ubicadas en la Bahía de Trujillo enfrentan desde hace años un proceso de usurpación de sus tierras comunales por la construcción de varios proyectos turístico-residenciales de capital en su mayoría canadiense

Por Giorgio Trucchi | Alba Sud/Rel-UITA

La Bahía de Trujillo, situada al noreste de Honduras, es sin lugar a duda uno de los lugares más espectaculares del litoral atlántico hondureño. Aquí desembarcó Cristóbal Colón en 1502 durante su cuarto y último viaje. Casi tres siglos después, en 1797, los garífunas llegaron a la isla de Roatán tras haber sido expulsados por los británicos de la Isla de San Vicente, y comenzaron a desplazarse por el territorio costero.

No fue hasta finales del siglo antepasado (1887) e inicios del siglo pasado (1901) que los presidentes Luis Bográn y Manuel Bonilla concedieron a los garífunas de la comunidad de Cristales y Río Negro dos terrenos –uno de cinco mil y el otro de dos mil hectáreas– en las afueras de la ciudad. De esta manera se les garantizaba pleno derecho sobre sus tierras ancestrales.

“Porn King”

Un siglo después, la voracidad del capital transnacional ha puesto los ojos sobre el territorio garífuna. Gracias a la debilidad institucional producto del golpe de Estado de 2009 y la corrupción galopante que ahoga y desangra al país, varios empresarios –en su mayoría canadienses–  han iniciado un acelerado proceso de adquisición de tierras sobre las cuales las comunidades garífunas aseguran tener un título definitivo de dominio pleno. Según la legislación nacional y convenios internacionales ratificados por Honduras [1], esto significa que ninguna compraventa de tierras es posible dentro de un título comunitario. Lamentablemente, este precepto se ha convertido en papel mojado.

Entre los inversores extranjeros que han llegado a la zona, el canadiense Randy Roy Jorgensen ha sido el más activo. Fundador de Adult Only Video (Videos solo para adultos), la cadena de distribución de pornografía más grande de Canadá, Jorgensen es conocido en su país como el Rey del Porno. En Honduras parece haber encontrado el lugar ideal para invertir sus cuantiosos recursos económicos.

A partir de 2007 comenzó a tejer su estrategia para adquirir tierras donde ejecutar varios proyectos turísticos, principalmente una terminal para cruceros Panamax, con una infraestructura de 700 metros lineales de longitud y varios proyectos de viviendas vacacionales. Se crearon dos empresas en las que Jorgensen ocupa el cargo de gerente general: Grande Trujillo Autoridad S. de R.L. [2] para la construcción del proyecto de la terminal Banana Coast en la zona de Río Negro, y Life Vision Developments, actualmente el mayor promotor inmobiliario en Trujillo con más de 600 hectáreas de tierra frente al océano, para echar a andar la construcción de los complejos residenciales Campa Vista, Coroz Alta, Alta Vista o vender lotes. Ambos proyectos fueron respaldados financieramente por el grupo de inversión canadiense Fast Track Capital.

Acaparamiento y despojo

Tanto el proyecto Banana Coast como el de los complejos residenciales están situados dentro de los títulos colectivos inalienables de las comunidades garífunas, que suman casi 100 km cuadrados. Entre 2007 y 2009, con la complicidad de funcionarios públicos municipales y nacionales y directivos comunitarios complacientes, Jorgensen logró adueñarse de buena parte de las tierras necesarias para desarrollar sus proyectos en las comunidades garífunas de Cristales y Río Negro, Santa Fe, San Antonio y Guadalupe. De manera muy expedita obtuvo también los permisos ambientales para iniciar a construir.

En Trujillo, la resistencia ante tan descarada violación de las leyes fue rápidamente sofocada. “Cuando habitantes de Río Negro se negaron a vender sus tierras, la municipalidad de Trujillo declaró de interés público el proyecto Banana Coast. Bajo la amenaza de expropiación forzosa, los desarrolladores de la terminal de cruceros lograron adquirir las tierras que faltaban”, explica la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh).

Efectivamente, el 10 de diciembre de 2009, la municipalidad de Trujillo declaró de necesidad y utilidad pública el proyecto. La resolución facultaba a la empresa Grande Trujillo Autoridad para que pagara en efectivo la indemnización a las personas dueñas de inmuebles a expropiarse. Sin embargo no fue necesario, y la familias garífunas fueron “convencidas” que vender su propiedad era la mejor opción.

“Hostigaban y amenazaban a las personas para que abandonaran sus propiedades y les pagaron una miseria. Se desató una verdadera guerra psicológica contra las familias que vivían en el lugar. Finalmente cercaron el sitio y destruyeron parte de la comunidad de Río Negro para construir la terminal de cruceros”, explicó Horacio Martínez, secretario de la directiva de la comunidad de Cristales y Río Negro, a Alba Sud.

Pero la comunidad garífuna no se dio por vencida. En 2010, los nuevos directivos de la comunidad demandaron penalmente a Jorgensen por usurpación de tierras. Asimismo, presentaron una demanda de nulidad absoluta de varios contratos de ventas de tierras comunitarias al empresario canadiense. Tras investigar los hechos, a finales de 2011 la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural presentó requerimiento fiscal en contra del empresario canadiense, pero tuvieron que pasar casi cuatro años para que se realizara la audiencia preliminar en el Juzgado de Letras de Trujillo.

Finalmente, el 13 de noviembre de 2015, el juez Víctor Manuel Meléndez Castro dictó sobreseimiento provisional para Randy Jorgensen. La sentencia fue apelada tanto por la Fiscalía, como por el acusador privado representando a la comunidad de Cristales y Río Negro. En marzo del presente año, la Corte de Apelaciones de La Ceiba ordenó revocar el sobreseimiento y efectuar una nueva audiencia. El 20 de octubre de este año, el juez ordenó medidas sustitutivas a la cárcel para Jorgensen, entre otras, presentarse a firmar cada 15 días y no salir del país, mientras tanto se realiza el juicio.

“Es un buen resultado, aunque por el alto nivel de corrupción e impunidad que hay en el país nunca se sabe cómo terminan estos juicios. Estamos peleando contra un monstruo que está confabulado con autoridades municipales y nacionales corruptas. Esto nos preocupa mucho. En Honduras los pueblos indígenas y los garífunas no tenemos derechos. No hay ley que nos proteja”, advirtió José Arzú, miembro de la comunidad de Cristales y Río Negro.

Banana Coast: un fracaso

En octubre de 2014 comenzaron a llegar los cruceros. El proyecto Banana Coast consiste en unos 23.000 metros cuadrados de negocios variados y en él se invirtieron más de 20 millones dólares. En su segunda etapa, el proyecto prevé extender su área a 50 mil metros cuadrados. No obstante, a pocos días de arrancar su tercera temporada, el puerto Banana Coast ha mostrado un fuerte descenso en las visitas de cruceristas.

De acuerdo con datos del Instituto Hondureño de Turismo (IHT), durante la nueva temporada (2016-2017) está programado que lleguen apenas siete cruceros –concentrados en los meses de diciembre 2016 y enero, febrero y diciembre 2017– y un total aproximado de 3.500 pasajeros más tripulantes. Un resultado decepcionante si consideramos que en su segunda temporada (2015-2016) llegaron 13 cruceros y 12.000 pasajeros y en la primera (2014-2015) los cruceros fueron 30 y llevaron a casi 50 mil turistas. Entre las compañías que no mostraron interés en volver a Trujillo está Norwegian Cruise Line, argumentando que la ciudad tiene una mala infraestructura, un manejo inadecuado de la basura y aguas negras, y que los cruceristas reportaron casos de acoso.

Estigmatización y expulsión
“Siguen intentando convencer al mundo entero que esto es desarrollo, pero ¿para quién? Llegan de otros países, nos califican de ciudadanos y ciudadanas de segundo orden, nos marginan y se adueñan de nuestras tierras para crear sus proyectos turísticos. Esto es desarrollo sólo para los ricos y más pobreza para nuestra gente”, lamentó Arzú.

El secretario de la comunidad Cristales y Río Negro advirtió que detrás de esta política excluyente, de esta actitud estigmatizante, hay una estrategia que pone en serio peligro el futuro del pueblo garífuna, y que es parte de un modelo depredador que arrebata territorios, saquea bienes comunes, criminaliza y judicializa las luchas y las protestas. “Esta visión de turismo es parte de una estrategia de acaparamiento de nuestras tierras y territorios, de desalojo y expulsión del pueblo garífuna, de desconocimiento total de nuestros derechos. Es parte de un modelo que nos acorrala, nos persigue, nos asesina”, dijo Horacio Martínez a Alba Sud.

Para la Ofraneh, el atentado contra Vidal Leiva, líder comunitario y activista del Comité de Defensa de Tierras de la comunidad de Cristales y Río Negro, ocurrido en noviembre de 2015 pocos días después de la audiencia preliminar contra Randy Jorgensen, no sería más que el resultado de una estrategia estatal “para la entrega del territorio garífuna a inversionistas extranjeros”, en el marco de la implementación de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), mejor conocidas como “ciudades modelo”.

“Creemos que el turismo puede ser un recurso importante y que nos puede beneficiar, siempre y cuando no esté enmarcado en una lógica de despojo. Un turismo manejado por las comunidades, un eco-etno turismo, que no destruya el medio ambiente, que no arrebate territorios, que respete derechos”, concluyó Martínez.

Notas:
[1] Artículo 100 de la Ley de Propiedad y Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
[2] Una asociación entre la municipalidad de Trujillo, Life Vision Properties y Global Destinations Developments.

Fuente: ALBA SUD