El Salvador: Comunidades rurales exigen cese de actividades mineras

Comunicado

En vísperas de la reunión de otoño del Banco Mundial, comunidades de El Salvador y del mundo exigen al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) entidad del Banco, que publique inmediatamente la decisión tomada con respeto al caso donde Pacific Rim ha demandado al Estado salvadoreño.

En 2009, la empresa canadiense Pacific Rim presentó una perversa demanda contra el gobierno de El Salvador por US$77 millones de dólares, esto como respuesta a la acción soberana y apegada a ley hecha por el gobierno de El Salvador de detener el proceso administrativo de concesiones exploratorias mineras en su territorio. 

El Estado salvadoreño determinó que la empresa no cumplía con los requisitos reglamentarios para obtener un permiso para su proyecto El Dorado, sin embargo, Pacific Rim argumentó que tal disposición violentaba sus inversiones en el marco del Tratado de Libre Comercio de Centro América y Estados Unidos. Al quedar sin efectos estos argumentos, la empresa se amparó en La Ley de Inversiones de El Salvador y continuar así la demanda y exigir compensación económica.

En 2013, la empresa Pacific Rim enfrentó un problema financiero que le impedía continuar cumpliendo con sus compromisos, escenario donde se le volvía difícil también mantener una demanda de alto nivel como la presentada ante el CIADI, por esto se vio obligada a que en octubre de 2013 vendiera todos sus activos, que incluían la demanda contra El Salvador, a la empresa canadiense/australiana Oceana Gold por sólo US$10.2 millones de dólares.

Oceana Gold, es una empresa minera de nivel medio que sin embargo, presenta un historial amplio de violaciones a Derechos Humano en países como Filipinas donde el proyecto Didipio, ubicado en la provincia de Nueva Vizcaya, donde comunidades enteras han sido obligadas a desplazamientos forzosos, generado corrupción en niveles de poder y contaminación del medio ambiente.  

En El Salvador, Oceana Gold ha utilizado prácticas cuestionables de inversión, ocultándose bajo una empresa en bancarrota registrada en Nevada para continuar la demanda de Pacific Rim, ahora por US$250 millones, y al utilizar en el territorio de Cabañas una fundación de dudosa procedencia para hacer su trabajo de relaciones públicas y ganar mentes y corazones a nivel comunitario.

Siete años y medio han transcurrido desde que se inició la demanda contra el gobierno de El Salvador, más de dos años desde que la defensa presentó sus argumentos finales ante el panel de arbitraje, y cinco meses desde que el tribunal anunció que había alcanzado una decisión, pero el veredicto aún no ha sido publicado.

Las organizaciones sociales y ambientales de El Salvador consideran que la actitud del CIADI es una burla ante la voluntad del pueblo de Salvadoreño. Se sabe que ejecutivos de Oceana Gold intentan socavar el consenso nacional contra la minería y han pedido al CIADI que retrase la publicación del litigio. 

Por lo tanto pedimos a los diversos pueblos solidarios del mundo que nos acompañen en la denuncia al Banco Mundial y al CIADI por beneficiar intereses corporativos y violentar la soberanía del Estado salvadoreño. Las comunidades y organizaciones reafirman a la empresa que continuaran con su resistencia ya que consideran fundamental la defensa de la vida y del medio ambiente. La sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, universidades, grupos de estudiantes, movimientos sociales, la Iglesia Católica y el gobierno democráticamente electo de El Salvador han dado ya un rotundo no a la minería.

De forma simultánea en este momento se desarrollan acciones en diversas ciudades del mundo como Washington, Toronto, Melbourne y Filipinas, donde las comunidades exigen que: 

•    Que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial publique inmediatamente su laudo frente la demanda de Pacific Rim/Oceana Gold contra el Estado de El Salvador; 

•    Que Oceana Gold suspenda inmediatamente sus operaciones en El Salvador, incluyendo las de su subsidiaria, Minerales Torogoz y de su Fundación El Dorado;  

•    Que el presidente, Salvador Sánchez Cerén, se mantenga firme en su compromiso de no otorgar permisos y concesiones para la minería metálica en El Salvador.

No a la minería, si a la vida.