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| AFP |
Por Ofraneh
La banca europea, y el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Fondo de Carbono han venido promoviendo una serie de hidroeléctricas en el istmo centroamericano, orientadas a la supuesta producción de energía limpia, que han culminado en serias violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, en cuyos territorios se pretende implementar los embalses.
A los casi seis meses del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres, la comunidad cultural de Kiad -lugar sagrado del pueblo Ngäbe-Buglé- se encuentra camino a ser anegada completamente. A la medida que se llene el embalse de la represa Barro Blanco (Panamá), se cumplirán los seis meses del asesinato de Berta Cáceres, la que fue ultimada por militares hondureños, y un ejecutivo de la empresa DESA, relacionada con la construcción de la represa de Agua Zarca, localizada en el río Gualcarque (Honduras).
Tanto el pueblo Lenca como el Ngäbe-Buglé se ven afectados por la construcción de represas inconsultas. Casualmente son financiadas por los Banco Centroamericano de Inversión Económica y el Banco Holandés para el Desarrollo (FMO por sus siglas en inglés), además del Banco Alemán DGA, KFW y el finlandés FinnFund.
Las represas vienen siendo construidas en el marco del ex Plan Puebla Panamá conocido actualmente como Proyecto Mesoamérica. Las hidroeléctricas son vendidas a la opinión pública como “energía limpia”, desconociendo los efectos del cambio climáticas, el que las rendirá obsoletas ante las alteraciones de los patrones de precipitación fluvial que se están dando en el istmo centroamericano.
Como la OFRANEH señaló con anterioridad, el Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada ha sido pisoteado por diferentes administraciones gubernamentales tanto de Panamá como de Honduras y del resto del continente
Juan Carlos Varela, cuadro del Opus Dei y actual presidente de Panamá, utilizó Barro Blanco como parte de las promesas de su campaña política, comprometiéndose a suspender el proyecto en caso de un triunfo electoral. Días después de ascender al poder, negoció con la cacique Silvia Carrera, la nominación de su hijo como embajador de Panamá en Bolivia, y posteriormente se exhibió en Nueva York en un foro de Naciones Unidas con la cuestionada cacique, con la cual firmó a inicios de la semana pasada un supuesto acuerdo que no cuenta con el apoyo de los habitantes de la Comarca Ngäbe-Buglé.
El asesinato de Berta Cáceres fue perpetrado por miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos un mayor activo, adscrito como instructor de la Policía militar de Orden Público. Hasta la fecha se desconoce los autores intelectuales del asesinato, los que deben estar ubicados posiblemente entre jerarcas militares, banqueros y políticos integrantes de la actual administración de Juan Hernández. Para la sanguinaria élite de poder de Honduras, Berta se había convertido en un grave estorbo, ante su versatilidad en denunciar los atropellos contra el pueblo hondureño, el que padece una dictadura con fachada civil, impuesta desde Washington.
Los entes financieros parece ser que desconocen el Derecho a la Consulta Previa que poseemos los pueblos indígenas consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Peor aún es como el FMO y DGE presionaron a la administración Varela sobre las consecuencias que traería la interrupción del proyecto hidroeléctrico, situación que en otras latitudes sería considerado como intervencionista
El Estado de Panamá fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a finales del 2014 en relación a la construcción de la hidroeléctrica del Bayano la que afecto a los pueblos Emberá Y Kuna y al paso que va, la represa de Barro Blanco se convertirá en otro caso ante la Corte IDH. La Corte IDH en su sentencia indico que “Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”. La destrucción de la aldea sagrada de Kiad y los petroglifos en el rio tabasará, indica que el estado de Panamá una vez más desacata la jurisprudencia del SIDH.
El asesinato de nuestra hermana Berta, a manos de militares y sicarios demuestra la ausencia de un estado de ley en Honduras, además de la violación sistemática del Derecho a la Consulta, el cual se ve distorsionado aún más con el anteproyecto de ley de Consulta promovido por el PNUD y el Estado, en la que espíritu del 169 es diluido en aras de los intereses de los entes financieros y los planes desarrollo impuestos desde el norte.
La OFRANEH demanda que el Estado de Panamá suspenda inmediatamente el anegamiento de Kiad y la apertura de las compuertas del embalse. Además reclamamos al Estado de Honduras que devele el nombre de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Basta ya de falsos proyectos de desarrollo y de victimizar a los pueblos indígenas como lo vienen haciendo desde hace siglos los países del norte en complicidad con los cipayos locales.
A los casi seis meses del asesinato de la líder indígena lenca Berta Cáceres, la comunidad cultural de Kiad -lugar sagrado del pueblo Ngäbe-Buglé- se encuentra camino a ser anegada completamente. A la medida que se llene el embalse de la represa Barro Blanco (Panamá), se cumplirán los seis meses del asesinato de Berta Cáceres, la que fue ultimada por militares hondureños, y un ejecutivo de la empresa DESA, relacionada con la construcción de la represa de Agua Zarca, localizada en el río Gualcarque (Honduras).
Tanto el pueblo Lenca como el Ngäbe-Buglé se ven afectados por la construcción de represas inconsultas. Casualmente son financiadas por los Banco Centroamericano de Inversión Económica y el Banco Holandés para el Desarrollo (FMO por sus siglas en inglés), además del Banco Alemán DGA, KFW y el finlandés FinnFund.
Las represas vienen siendo construidas en el marco del ex Plan Puebla Panamá conocido actualmente como Proyecto Mesoamérica. Las hidroeléctricas son vendidas a la opinión pública como “energía limpia”, desconociendo los efectos del cambio climáticas, el que las rendirá obsoletas ante las alteraciones de los patrones de precipitación fluvial que se están dando en el istmo centroamericano.
Como la OFRANEH señaló con anterioridad, el Derecho a la Consulta, Previa, Libre e Informada ha sido pisoteado por diferentes administraciones gubernamentales tanto de Panamá como de Honduras y del resto del continente
Juan Carlos Varela, cuadro del Opus Dei y actual presidente de Panamá, utilizó Barro Blanco como parte de las promesas de su campaña política, comprometiéndose a suspender el proyecto en caso de un triunfo electoral. Días después de ascender al poder, negoció con la cacique Silvia Carrera, la nominación de su hijo como embajador de Panamá en Bolivia, y posteriormente se exhibió en Nueva York en un foro de Naciones Unidas con la cuestionada cacique, con la cual firmó a inicios de la semana pasada un supuesto acuerdo que no cuenta con el apoyo de los habitantes de la Comarca Ngäbe-Buglé.
El asesinato de Berta Cáceres fue perpetrado por miembros de las Fuerzas Armadas, entre ellos un mayor activo, adscrito como instructor de la Policía militar de Orden Público. Hasta la fecha se desconoce los autores intelectuales del asesinato, los que deben estar ubicados posiblemente entre jerarcas militares, banqueros y políticos integrantes de la actual administración de Juan Hernández. Para la sanguinaria élite de poder de Honduras, Berta se había convertido en un grave estorbo, ante su versatilidad en denunciar los atropellos contra el pueblo hondureño, el que padece una dictadura con fachada civil, impuesta desde Washington.
Los entes financieros parece ser que desconocen el Derecho a la Consulta Previa que poseemos los pueblos indígenas consignado en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Peor aún es como el FMO y DGE presionaron a la administración Varela sobre las consecuencias que traería la interrupción del proyecto hidroeléctrico, situación que en otras latitudes sería considerado como intervencionista
El Estado de Panamá fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a finales del 2014 en relación a la construcción de la hidroeléctrica del Bayano la que afecto a los pueblos Emberá Y Kuna y al paso que va, la represa de Barro Blanco se convertirá en otro caso ante la Corte IDH. La Corte IDH en su sentencia indico que “Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras”. La destrucción de la aldea sagrada de Kiad y los petroglifos en el rio tabasará, indica que el estado de Panamá una vez más desacata la jurisprudencia del SIDH.
El asesinato de nuestra hermana Berta, a manos de militares y sicarios demuestra la ausencia de un estado de ley en Honduras, además de la violación sistemática del Derecho a la Consulta, el cual se ve distorsionado aún más con el anteproyecto de ley de Consulta promovido por el PNUD y el Estado, en la que espíritu del 169 es diluido en aras de los intereses de los entes financieros y los planes desarrollo impuestos desde el norte.
La OFRANEH demanda que el Estado de Panamá suspenda inmediatamente el anegamiento de Kiad y la apertura de las compuertas del embalse. Además reclamamos al Estado de Honduras que devele el nombre de los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres.
Basta ya de falsos proyectos de desarrollo y de victimizar a los pueblos indígenas como lo vienen haciendo desde hace siglos los países del norte en complicidad con los cipayos locales.
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