Por Ofraneh
En la actualidad los pueblos indígenas del planeta padecemos una ofensiva territorial promovida por empresas transnacionales aliadas a organismos financieros y estados nación. En fecha reciente el Banco Mundial (BM) emitió sus nueva salvaguardas, las que implican un enorme retroceso en materia de derechos humanos, especialmente para los pueblos indígenas.
Entre los retroceso de las salvaguardas del BM se encuentra el requerimiento de “apoyo colectivo” como un requisito del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI). Es decir que ante cualquier grupo disidente entre un pueblo que dé apoyo a los proyecto financiados por el BM, eso permitirá que se le conceda luz verde a las iniciativas. En el caso de Honduras, históricamente el Estado ha utilizado a organizaciones y grupúsculos adeptos a sus planes de desarrollo a cambio de dádivas.
Los proyectos de resentimiento desaparecen de las nuevas salvaguardas, dando lugar a un enorme retroceso que puede conducir a masacres, tal como la que sucedió con la represa del Chixoy en Guatemala en la década de los años 80, cuando más 440 indígenas Achi fueron asesinados por el ejercito de ese país por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica.
Un estudio presentado el año pasado por el ICIJ señaló el desplazamiento involuntario de mas de 3,5 millones de indígenas, como resultado de la implementación de proyectos del Banco Mundial, pueblos como los Anuak en Etiopia han visto han padecido el desplazamiento de mas de 2 millones de indígenas, al igual la expulsión del pueblo Sengwer en Kenia para la implementación de un proyecto Reducción de las Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD).
A partir del año 2005 se dio el cambio de la operativa 4.20 a la 4.10, acción con la cual se degradó la protección de los pueblos indígenas. Nuestra organización se pronunció en el 2005 en contra del cambio de “políticas diereccionales” nombre con el cual se le conocía en aquel entonces las salvaguardas.
La nueva política de salvaguardas, da la posibilidad a los estados-nación de aplicarlas de forma optativa. Ante la presión de algunos estado africanos que desconocen la condición de pueblos indígenas a sus poblaciones, el BM concluyó que la decisión final recae en los estados. El resultados será atroz, ya que buena parte de los denominados proyectos de “desarrollo’ en Africa lesionan los intereses territoriales y culturales de los pueblos indígenas de ese continente.
Tanto el Panel de Inspección del Banco Mundial y el CAO (Compliance Advisor Ombudsman) pasarán a ser figuras decorativas, ante la ambigüedad de las salvaguardas y el desconocimiento de los estados-nación de sus pueblos indígenas. Existe el nefasto precedente de la exención sobre la condición de pueblo indígena efectuada por el BM en Tanzania en relación a los Masai, situación que permitió un empréstito de us $70 millones para un agronegocio que construirá una represa .
En Honduras, en el año 2003, la administración nacionalista de Ricardo Maduro a instancias del Banco Mundial elaboró el anteproyecto de ley conocido como “Ley para la Reducción de la Pobreza mediante la Normalización de la Propiedad Predial y las Actividades Económicas”, posteriormente conocido como la Ley de Propiedad.
La OFRANEH exigió una consulta ante la importancia que representaba dicha ley para el futuro de nuestro pueblo. La consulta se efectuó el 25 y 26 de octubre del año 2003, en la comunidad de San Juan Tela, con la asistencia de 109 delegados comunitarios los que de forma enfática rechazaron las dos versiones de anteproyectos presentados por los representantes del estado, ante la amenaza que implicaban ciertos artículos en relación al peligro de diluir la propiedad comunitaria.
El caso de la Ley de Propiedad fue llevado a inicios del 2006 al Panel de Inspección del BM, y en el 2007 el Panel emitió un informe donde señaló que el estado de Honduras había violado el Convenio 169 de la OIT. La Ley continúa vigente, y la propiedad comunitaria Garífuna viene siendo diluida utilizando el artículo 100 de la Ley de Propiedad.
Los pueblos indígenas en Honduras observamos como la ofensiva neoliberal coloca a nuestros territorios en manos de empresas transnacionales y programas de Naciones Unidas tales como los Mecanismo de desarrollo Limpio (MLD) y los REDD, sin tener en cuenta nuestros derechos. Al mismo tiempo el Banco Mundial con su Ley de Propiedad y el Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH) asumen la destrucción de los derechos colectivos.
El retroceso del Banco Mundial en sus operativas se convierte en una mega amenaza para los pueblos indígenas y su sobrevivencia.
Entre los retroceso de las salvaguardas del BM se encuentra el requerimiento de “apoyo colectivo” como un requisito del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI). Es decir que ante cualquier grupo disidente entre un pueblo que dé apoyo a los proyecto financiados por el BM, eso permitirá que se le conceda luz verde a las iniciativas. En el caso de Honduras, históricamente el Estado ha utilizado a organizaciones y grupúsculos adeptos a sus planes de desarrollo a cambio de dádivas.
Los proyectos de resentimiento desaparecen de las nuevas salvaguardas, dando lugar a un enorme retroceso que puede conducir a masacres, tal como la que sucedió con la represa del Chixoy en Guatemala en la década de los años 80, cuando más 440 indígenas Achi fueron asesinados por el ejercito de ese país por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica.
Un estudio presentado el año pasado por el ICIJ señaló el desplazamiento involuntario de mas de 3,5 millones de indígenas, como resultado de la implementación de proyectos del Banco Mundial, pueblos como los Anuak en Etiopia han visto han padecido el desplazamiento de mas de 2 millones de indígenas, al igual la expulsión del pueblo Sengwer en Kenia para la implementación de un proyecto Reducción de las Emanaciones y Degradación del Bosque (REDD).
A partir del año 2005 se dio el cambio de la operativa 4.20 a la 4.10, acción con la cual se degradó la protección de los pueblos indígenas. Nuestra organización se pronunció en el 2005 en contra del cambio de “políticas diereccionales” nombre con el cual se le conocía en aquel entonces las salvaguardas.
La nueva política de salvaguardas, da la posibilidad a los estados-nación de aplicarlas de forma optativa. Ante la presión de algunos estado africanos que desconocen la condición de pueblos indígenas a sus poblaciones, el BM concluyó que la decisión final recae en los estados. El resultados será atroz, ya que buena parte de los denominados proyectos de “desarrollo’ en Africa lesionan los intereses territoriales y culturales de los pueblos indígenas de ese continente.
Tanto el Panel de Inspección del Banco Mundial y el CAO (Compliance Advisor Ombudsman) pasarán a ser figuras decorativas, ante la ambigüedad de las salvaguardas y el desconocimiento de los estados-nación de sus pueblos indígenas. Existe el nefasto precedente de la exención sobre la condición de pueblo indígena efectuada por el BM en Tanzania en relación a los Masai, situación que permitió un empréstito de us $70 millones para un agronegocio que construirá una represa .
En Honduras, en el año 2003, la administración nacionalista de Ricardo Maduro a instancias del Banco Mundial elaboró el anteproyecto de ley conocido como “Ley para la Reducción de la Pobreza mediante la Normalización de la Propiedad Predial y las Actividades Económicas”, posteriormente conocido como la Ley de Propiedad.
La OFRANEH exigió una consulta ante la importancia que representaba dicha ley para el futuro de nuestro pueblo. La consulta se efectuó el 25 y 26 de octubre del año 2003, en la comunidad de San Juan Tela, con la asistencia de 109 delegados comunitarios los que de forma enfática rechazaron las dos versiones de anteproyectos presentados por los representantes del estado, ante la amenaza que implicaban ciertos artículos en relación al peligro de diluir la propiedad comunitaria.
El caso de la Ley de Propiedad fue llevado a inicios del 2006 al Panel de Inspección del BM, y en el 2007 el Panel emitió un informe donde señaló que el estado de Honduras había violado el Convenio 169 de la OIT. La Ley continúa vigente, y la propiedad comunitaria Garífuna viene siendo diluida utilizando el artículo 100 de la Ley de Propiedad.
Los pueblos indígenas en Honduras observamos como la ofensiva neoliberal coloca a nuestros territorios en manos de empresas transnacionales y programas de Naciones Unidas tales como los Mecanismo de desarrollo Limpio (MLD) y los REDD, sin tener en cuenta nuestros derechos. Al mismo tiempo el Banco Mundial con su Ley de Propiedad y el Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH) asumen la destrucción de los derechos colectivos.
El retroceso del Banco Mundial en sus operativas se convierte en una mega amenaza para los pueblos indígenas y su sobrevivencia.
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