Por El Heraldo
Con fuertes señalamientos contra la Policía de Honduras y la solicitud del levantamiento de apoyo a Honduras, un proyecto de ley fue presentado en el Congreso de Estados Unidos.
El proyecto, denominado “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”, fue introducido por un grupo de cinco demócratas, encabezados por Georgia Hank Johnson.
La iniciativa propone que la asistencia sólo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el gobierno hondureño sancione a los responsables de los asesinatos de Berta Cáceres y de otro centenar de activistas en el Valle del Aguán.
Además que se sancione a policías y militares acusados de violar derechos humanos y exima a las fuerzas armadas de labores policiales.
"Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato", establece el documento en la sección 2.
El proyecto de “Ley Berta” también menciona el asesinato de Julián Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente: “el Times sugirió en un artículo posterior que el presidente de Honduras había manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos”.
A continuación, la transcripción íntegra de la "Ley Berta"
Congreso No. 114, Segunda Sesión
La Ley “Berta Cáceres” sobre los Derechos Humanos en Honduras
Para suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.
EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
14 de junio, 2016
El Sr. Hank Johnson (en representación de sí mismo, el Sr. CONYERS, la Sra. KAPTUR, el Sr. ELLISON, el Sr. SERRANO y la Señora Schakowsky) presentó el siguiente proyecto de ley, que fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores y además al Comité de Servicios Financieros, por un periodo cuya duración luego será determinado por Presidente de la Cámara, en cada caso para considerar las provisiones que caben dentro de la jurisdicción del comité pertinente.
PROYECTO DE LEY
Para suspender la ayuda de Estados Unidos a la policía y a las fuerzas militares de Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia.
SECCIÓN 1. TÍTULO BREVE.
Este proyecto de ley podrá ser citado como el “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”.
Sec. 2. DETERMINACIONES.
El Congreso determina que:
(1) Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato.
(2) El New York Times reveló documentos el 15 de abril que indican que altos funcionarios de la policía hondureña ordenaron el asesinato de los investigadores de delitos de narcóticos Julián Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente, con el conocimiento posterior de los altos mandos de la policía y, aparentemente, de altos funcionarios del gobierno. Asimismo, el Times sugirió en un artículo posterior que el Presidente de Honduras había manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos;
(3) Integrantes de la policía con antecedentes documentados de haber cometido con impunidad graves violaciones a los derechos humanos siguen siendo nombrados para altos cargos dentro de la policía,
(4) Organismos internacionales de derechos humanos denuncian la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, por parte de militares y policía de Honduras. La Associated Press ha documentado la actividad de los escuadrones de la muerte por parte de la policía. Según un informe de Human Rights Watch: “El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales han estado caracterizadas por la ineficiencia y la corrupción. Se difunde muy poca información al respecto al público y en general prevalece la impunidad”.
(5) Según el informe del 2016 del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en Honduras: “La impunidad [...] sigue siendo un problema grave, dado que el enjuiciamiento en los casos de los militares y los policías acusados de violaciones de derechos humanos se mueve demasiado lento o termina sin resolución”.
(6) Los repetidos esfuerzos para reformar la policía hondureña han fracasado;
(7) Derechos en Acción ha documentado que el XV Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras presuntamente participó con la policía y las fuerzas de seguridad privadas en algunos de los asesinatos de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán desde el año 2000. Human Rights Watch confirma que los asesinatos de los campesinos del Aguán permanecen en una impunidad total.
(8) Abundan otros ejemplos de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares: en julio de 2013 miembros de las fuerzas armadas mataron a tiros a Tomás García, un activista indígena lenca, e hirieron a su hijo, mientras se manifestaban pacíficamente contra un proyecto hidroeléctrico; en mayo de 2014 se informó que nueve miembros de la novena infantería torturaron y mataron a Amado Maradiaga Quiroz y torturaron a su hijo, Milton Noé Maradiaga Varela. Los casos permanecen en la impunidad. En un caso emblemático reciente, del 27 de diciembre, se informó que la armada hondureña mató a Joel Palacios Lino y a Elvis Armando García, dos hombres garífunas afro-indígenas que se dedicaban a sacar un carro de la arena en una playa;
(9) El actual gobierno de Honduras ha extendido tareas de la policía nacional a las fuerzas militares, incluyendo la creación de una policía militar de 3.000 miembros, en clara violación de la Constitución de Honduras; y con resultados desastrosos, incluyendo el asesinato de un niño de 15 años, Ebed Yanes, en el año 2012, y de un estudiante, Erlin Misael Carías Moncada, en el 2014, después de que habían pasado desarmados por los puestos de control. Desde la creación de la policía militar “denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares han incrementado de manera significativa”, informa Human Rights Watch.
(10) Se ha documentado ampliamente que el sistema judicial de Honduras está plagado de corrupción. Jueces, fiscales y otros funcionarios están relacionados con el crimen organizado y narcotraficantes, lo que contribuye a la casi total impunidad;
(11) El Departamento de Estado en su Informe del 2015 sobre los Derechos Humanos en Honduras relata que “la corrupción, la intimidación y la debilidad institucional del sistema judicial favorece la impunidad generalizada”;
(12) Resumiendo la situación, Human Rights Watch en el 2016 ha informado que “el crimen descontrolado y la impunidad de las violaciones a los derechos humanos siguen siendo la norma en Honduras [...] Los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de proporcionar la seguridad pública han logrado pocos avances. Dañados por la corrupción y el abuso, el poder judicial y la policía siguen siendo en gran medida ineficaz”;
(13) El 3 de marzo del 2016 asesinaron a la destacada activista indígena y ecologista lenca, Berta Cáceres, de renombre mundial quien fuera galardonada con el Premio Ambiental Goldman el 2015 a raíz de su trabajo en defensa de los derechos indígenas a la tierra en contra de un proyecto para una represa hidroeléctrica, lo cual ilustra la crisis de derechos humanos en Honduras y la profunda complicidad del gobierno de Honduras. Cáceres, la lideresa del COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, había informado a las autoridades de 33 amenazas previas a su muerte, pero ninguna había sido investigada, y el gobierno había fallado en proporcionar una protección adecuada exigida por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el hecho de que la protección de seguridad hondureña había sido retirada el día de su muerte.
(14) Se han detenido a cinco sospechosos en el asesinato de Cáceres, de los cuales uno es un oficial del ejército y otros dos son militares en retiro. Estas detenciones plantean serias dudas en cuanto al papel de los militares hondureños en su asesinato, incluyendo la cadena de mando dentro de las fuerzas armadas, así como la identidad de los verdaderos autores intelectuales del asesinato;
(15) A pesar de los llamados de sesenta y dos miembros del Congreso, los familiares de Berta Cáceres, el COPINH, líderes de la Unión Europea, del Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia, entre muchos otros, el gobierno de Honduras no ha permitido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una investigación independiente del caso;
(16) En este contexto de corrupción y abusos de derechos humanos con impunidad, sindicalistas, periodistas, abogados, activistas afro-indígenas, indígenas, campesinos y activistas LGBTI, defensores de derechos humanos y gente que crítica al gobierno, permanecen en grave riesgo; y los anteriores abusos de los derechos humanos en contra de ellos permanecen en gran medida en la impunidad;
(17) El 2 de mayo de 2016 fue balaceado el destacado periodista de la oposición Félix Molina y el caso permanece en la impunidad, lo cual ilustra el riesgo continuo para activistas. Horas antes de que le dispararan, Molina había publicado información potencialmente vinculando el caso de Cáceres a un alto funcionario del gobierno, a miembros de una familia de la élite, y a uno de los fiscales en el caso;
(18) La Ley de Asignaciones de 2016 asigna aproximadamente $18 millones para la policía y las fuerzas militares de Honduras, además del financiamiento no especificado proporcionado por la Ley Nacional de Asignaciones para la Defensa del 2016; y la solicitud de financiamiento del Presidente para el año fiscal 2017 pide un aumento en el financiamiento a las fuerzas de seguridad en Honduras;
(19) El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 prestó $59.8 millones a la policía hondureña, con el aval de los EE.UU.;
Sección 3. SUSPENSIÓN Y RESTRICCIONES DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD A LA REPÚBLICA DE HONDURAS A MENOS QUE SE CUMPLA CON CIERTAS CONDICIONES.
(a) LA SUSPENSIÓN DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD -- No se pueden destinar fondos a la República de Honduras para la policía y ni las fuerzas armadas, incluyendo fondos para equipo y entrenamiento.
(b) LOS PRÉSTAMOS DE BANCOS DE DESARROLLO MULTILATERALES -- Se instruirá al Departamento del Tesoro para que vote en contra de cualquier préstamo para la policía y las fuerzas armadas de la República de Honduras.
Sección 4. CONDICIONES PARA LEVANTAR LAS SUSPENSIONES Y RESTRICCIONES.
Las disposiciones de esta Ley vencerán en la fecha en que el Departamento de Estado determine y certifique a los comités pertinentes del Congreso que el Gobierno de Honduras --
(1) ha perseguido todas las vías jurídicas para llevar a cabo y obtener un veredicto en contra de quienes ordenaron y ejecutaron --
(a) el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016;
(b) el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán
(c) los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García el 27 de diciembre de 2015; y
(d) el atentado contra Félix Molina el 3 de mayo de 2016;
(2) ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y además asegure que las fuerzas armadas y la policía están cooperando en estos casos, y que han cesado tales violaciones;
(3) ha retirado las fuerzas militares de las tareas de la policía nacional, de conformidad con la Constitución de Honduras, y se ha asegurado que todas las funciones de la policía nacional se separen del mando y control de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que sean directamente responsables ante la autoridad civil;
(4) ha establecido que protege de manera efectiva los derechos de los sindicalistas; periodistas; defensores de los derechos humanos; activistas indígenas, afro-indígenas, campesinos y LGBTI; opositores del gobierno; y otros activistas de la sociedad civil para que actúen sin interferencias; y
(5) ha tomado medidas efectivas para establecer plenamente el Estado de derecho y para garantizar un sistema judicial que sea capaz de investigar, enjuiciar y llevar a la justicia a miembros de la policía y las fuerzas armadas que han cometido violaciones a los derechos humanos.
El proyecto, denominado “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”, fue introducido por un grupo de cinco demócratas, encabezados por Georgia Hank Johnson.
La iniciativa propone que la asistencia sólo pueda reanudarse una vez que el Departamento de Estado verifique que el gobierno hondureño sancione a los responsables de los asesinatos de Berta Cáceres y de otro centenar de activistas en el Valle del Aguán.
Además que se sancione a policías y militares acusados de violar derechos humanos y exima a las fuerzas armadas de labores policiales.
"Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato", establece el documento en la sección 2.
El proyecto de “Ley Berta” también menciona el asesinato de Julián Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente: “el Times sugirió en un artículo posterior que el presidente de Honduras había manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos”.
A continuación, la transcripción íntegra de la "Ley Berta"
Congreso No. 114, Segunda Sesión
La Ley “Berta Cáceres” sobre los Derechos Humanos en Honduras
Para suspender la cooperación militar y la ayuda en materia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia.
EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
14 de junio, 2016
El Sr. Hank Johnson (en representación de sí mismo, el Sr. CONYERS, la Sra. KAPTUR, el Sr. ELLISON, el Sr. SERRANO y la Señora Schakowsky) presentó el siguiente proyecto de ley, que fue remitido al Comité de Relaciones Exteriores y además al Comité de Servicios Financieros, por un periodo cuya duración luego será determinado por Presidente de la Cámara, en cada caso para considerar las provisiones que caben dentro de la jurisdicción del comité pertinente.
PROYECTO DE LEY
Para suspender la ayuda de Estados Unidos a la policía y a las fuerzas militares de Honduras hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los autores sean llevados ante la justicia.
SECCIÓN 1. TÍTULO BREVE.
Este proyecto de ley podrá ser citado como el “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”.
Sec. 2. DETERMINACIONES.
El Congreso determina que:
(1) Se ha establecido de manera amplia que la policía hondureña es profundamente corrupta y comete con impunidad violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detención ilegal, y asesinato.
(2) El New York Times reveló documentos el 15 de abril que indican que altos funcionarios de la policía hondureña ordenaron el asesinato de los investigadores de delitos de narcóticos Julián Arístides González y Alfredo Landaverde en el 2009 y 2011, respectivamente, con el conocimiento posterior de los altos mandos de la policía y, aparentemente, de altos funcionarios del gobierno. Asimismo, el Times sugirió en un artículo posterior que el Presidente de Honduras había manipulado las revelaciones para sus propios fines corruptos;
(3) Integrantes de la policía con antecedentes documentados de haber cometido con impunidad graves violaciones a los derechos humanos siguen siendo nombrados para altos cargos dentro de la policía,
(4) Organismos internacionales de derechos humanos denuncian la impunidad de las violaciones a los derechos humanos, incluyendo asesinatos, por parte de militares y policía de Honduras. La Associated Press ha documentado la actividad de los escuadrones de la muerte por parte de la policía. Según un informe de Human Rights Watch: “El uso de la fuerza letal por miembros de la Policía Nacional constituye un problema crónico. Las investigaciones sobre abusos policiales han estado caracterizadas por la ineficiencia y la corrupción. Se difunde muy poca información al respecto al público y en general prevalece la impunidad”.
(5) Según el informe del 2016 del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos en Honduras: “La impunidad [...] sigue siendo un problema grave, dado que el enjuiciamiento en los casos de los militares y los policías acusados de violaciones de derechos humanos se mueve demasiado lento o termina sin resolución”.
(6) Los repetidos esfuerzos para reformar la policía hondureña han fracasado;
(7) Derechos en Acción ha documentado que el XV Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras presuntamente participó con la policía y las fuerzas de seguridad privadas en algunos de los asesinatos de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán desde el año 2000. Human Rights Watch confirma que los asesinatos de los campesinos del Aguán permanecen en una impunidad total.
(8) Abundan otros ejemplos de violaciones de los derechos humanos por parte de los militares: en julio de 2013 miembros de las fuerzas armadas mataron a tiros a Tomás García, un activista indígena lenca, e hirieron a su hijo, mientras se manifestaban pacíficamente contra un proyecto hidroeléctrico; en mayo de 2014 se informó que nueve miembros de la novena infantería torturaron y mataron a Amado Maradiaga Quiroz y torturaron a su hijo, Milton Noé Maradiaga Varela. Los casos permanecen en la impunidad. En un caso emblemático reciente, del 27 de diciembre, se informó que la armada hondureña mató a Joel Palacios Lino y a Elvis Armando García, dos hombres garífunas afro-indígenas que se dedicaban a sacar un carro de la arena en una playa;
(9) El actual gobierno de Honduras ha extendido tareas de la policía nacional a las fuerzas militares, incluyendo la creación de una policía militar de 3.000 miembros, en clara violación de la Constitución de Honduras; y con resultados desastrosos, incluyendo el asesinato de un niño de 15 años, Ebed Yanes, en el año 2012, y de un estudiante, Erlin Misael Carías Moncada, en el 2014, después de que habían pasado desarmados por los puestos de control. Desde la creación de la policía militar “denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de los militares han incrementado de manera significativa”, informa Human Rights Watch.
(10) Se ha documentado ampliamente que el sistema judicial de Honduras está plagado de corrupción. Jueces, fiscales y otros funcionarios están relacionados con el crimen organizado y narcotraficantes, lo que contribuye a la casi total impunidad;
(11) El Departamento de Estado en su Informe del 2015 sobre los Derechos Humanos en Honduras relata que “la corrupción, la intimidación y la debilidad institucional del sistema judicial favorece la impunidad generalizada”;
(12) Resumiendo la situación, Human Rights Watch en el 2016 ha informado que “el crimen descontrolado y la impunidad de las violaciones a los derechos humanos siguen siendo la norma en Honduras [...] Los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de proporcionar la seguridad pública han logrado pocos avances. Dañados por la corrupción y el abuso, el poder judicial y la policía siguen siendo en gran medida ineficaz”;
(13) El 3 de marzo del 2016 asesinaron a la destacada activista indígena y ecologista lenca, Berta Cáceres, de renombre mundial quien fuera galardonada con el Premio Ambiental Goldman el 2015 a raíz de su trabajo en defensa de los derechos indígenas a la tierra en contra de un proyecto para una represa hidroeléctrica, lo cual ilustra la crisis de derechos humanos en Honduras y la profunda complicidad del gobierno de Honduras. Cáceres, la lideresa del COPINH, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, había informado a las autoridades de 33 amenazas previas a su muerte, pero ninguna había sido investigada, y el gobierno había fallado en proporcionar una protección adecuada exigida por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como el hecho de que la protección de seguridad hondureña había sido retirada el día de su muerte.
(14) Se han detenido a cinco sospechosos en el asesinato de Cáceres, de los cuales uno es un oficial del ejército y otros dos son militares en retiro. Estas detenciones plantean serias dudas en cuanto al papel de los militares hondureños en su asesinato, incluyendo la cadena de mando dentro de las fuerzas armadas, así como la identidad de los verdaderos autores intelectuales del asesinato;
(15) A pesar de los llamados de sesenta y dos miembros del Congreso, los familiares de Berta Cáceres, el COPINH, líderes de la Unión Europea, del Consejo Pontificio del Vaticano sobre la Paz y la Justicia, entre muchos otros, el gobierno de Honduras no ha permitido que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lleve a cabo una investigación independiente del caso;
(16) En este contexto de corrupción y abusos de derechos humanos con impunidad, sindicalistas, periodistas, abogados, activistas afro-indígenas, indígenas, campesinos y activistas LGBTI, defensores de derechos humanos y gente que crítica al gobierno, permanecen en grave riesgo; y los anteriores abusos de los derechos humanos en contra de ellos permanecen en gran medida en la impunidad;
(17) El 2 de mayo de 2016 fue balaceado el destacado periodista de la oposición Félix Molina y el caso permanece en la impunidad, lo cual ilustra el riesgo continuo para activistas. Horas antes de que le dispararan, Molina había publicado información potencialmente vinculando el caso de Cáceres a un alto funcionario del gobierno, a miembros de una familia de la élite, y a uno de los fiscales en el caso;
(18) La Ley de Asignaciones de 2016 asigna aproximadamente $18 millones para la policía y las fuerzas militares de Honduras, además del financiamiento no especificado proporcionado por la Ley Nacional de Asignaciones para la Defensa del 2016; y la solicitud de financiamiento del Presidente para el año fiscal 2017 pide un aumento en el financiamiento a las fuerzas de seguridad en Honduras;
(19) El Banco Interamericano de Desarrollo en el 2012 prestó $59.8 millones a la policía hondureña, con el aval de los EE.UU.;
Sección 3. SUSPENSIÓN Y RESTRICCIONES DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD A LA REPÚBLICA DE HONDURAS A MENOS QUE SE CUMPLA CON CIERTAS CONDICIONES.
(a) LA SUSPENSIÓN DE LA AYUDA EN MATERIA DE SEGURIDAD -- No se pueden destinar fondos a la República de Honduras para la policía y ni las fuerzas armadas, incluyendo fondos para equipo y entrenamiento.
(b) LOS PRÉSTAMOS DE BANCOS DE DESARROLLO MULTILATERALES -- Se instruirá al Departamento del Tesoro para que vote en contra de cualquier préstamo para la policía y las fuerzas armadas de la República de Honduras.
Sección 4. CONDICIONES PARA LEVANTAR LAS SUSPENSIONES Y RESTRICCIONES.
Las disposiciones de esta Ley vencerán en la fecha en que el Departamento de Estado determine y certifique a los comités pertinentes del Congreso que el Gobierno de Honduras --
(1) ha perseguido todas las vías jurídicas para llevar a cabo y obtener un veredicto en contra de quienes ordenaron y ejecutaron --
(a) el asesinato de Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016;
(b) el asesinato de más de 100 activistas campesinos en el Valle del Aguán
(c) los asesinatos de Joel Palacios Lino y Elvis Armando García el 27 de diciembre de 2015; y
(d) el atentado contra Félix Molina el 3 de mayo de 2016;
(2) ha investigado y enjuiciado exitosamente a los miembros de las fuerzas militares y de la policía sobre los que pesan sospechas fundadas de haber violado a los derechos humanos, y además asegure que las fuerzas armadas y la policía están cooperando en estos casos, y que han cesado tales violaciones;
(3) ha retirado las fuerzas militares de las tareas de la policía nacional, de conformidad con la Constitución de Honduras, y se ha asegurado que todas las funciones de la policía nacional se separen del mando y control de las Fuerzas Armadas de Honduras, y que sean directamente responsables ante la autoridad civil;
(4) ha establecido que protege de manera efectiva los derechos de los sindicalistas; periodistas; defensores de los derechos humanos; activistas indígenas, afro-indígenas, campesinos y LGBTI; opositores del gobierno; y otros activistas de la sociedad civil para que actúen sin interferencias; y
(5) ha tomado medidas efectivas para establecer plenamente el Estado de derecho y para garantizar un sistema judicial que sea capaz de investigar, enjuiciar y llevar a la justicia a miembros de la policía y las fuerzas armadas que han cometido violaciones a los derechos humanos.
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