Por Defensores en Línea
El día de ayer, concluida la audiencia de juzgamiento de los defensores judicializados, la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia anunció el sentido de su fallo y determinó que los campesinos serían declarados inocentes al no encontrarse acreditada su responsabilidad en los delitos de manifestaciones ilícitas y daños a la propiedad en perjuicio del estado de Honduras, delitos por los que fueron acusados y llevados a juicio.
“Por lo observado en el proceso, eran evidentes desde sus inicios las violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales. El tipo penal en el que se basaron los cargos propuestos contra los campesinos era abierto, ambiguo e indeterminado”, señaló la abogada Liliana Avila, observadora enviada por el Observatorio.
El
proceso penal se inició el pasado 21 de agosto de 2012 después de que
24 campesinos, entre ellos, líderes del Movimiento Unificado Campesino
del Aguan (MUCA) y ciudadanos que transitaban por el lugar, fueran
reprimidos, detenidos y procesados luego de participar a una manifestación frente a la Corte Suprema de Justicia.
En
el grupo de detenidos se encontraba el abogado Antonio Trejos,
representante judicial de las comunidades del Aguán en sus reclamos por
la reivindicación de sus tierras, quien, un mes después, fue asesinado
en hechos que aún permanecen en la impunidad.
En la audiencia, el mismo fiscal solicitó la absolución de los procesados al considerar que del acervo probatorio recogido en el proceso, no existía información que vinculara a cada uno de los campesinos procesados con los cargos por los que fueron procesados.
“La judicialización de estos campesinos es uno de los tantos casos en Honduras, y lamentablemente en toda la región de América Latina, en los que se refleja el uso indebido del proceso penal para criminalizar la protesta social y la defensa de derechos humanos y de la tierra” señala el Observatorio.
Las criminalización de estas personas no debió haber ocurrido. Han perdido más de 3 años de sus recursos y energía para defenderse, y durante este tiempo estuvieron sometidos a medidas limitativas de su libertad individual. Además, preocupa el grave y perjudicial mensaje intimidatorio que se envía a los defensores y aquellos que se valen del derecho a la protesta pacífica para reivindicar sus derechos.
El Observatorio insta al poder judicial de Honduras a no ser cómplice de la indebida criminalización a defensores de derechos humanos y a iniciar una reflexión en el seno de su sistema judicial sobre la necesidad de impartir justicia, respetando la igualdad entre las partes sin privilegiar los intereses de poderes políticos y económicos.
El detalle de lo observado en este juicio y del caso, formará parte del Informe del Observatorio sobre la situación de los defensores de derechos humanos en Honduras, que se publicará en los próximos meses.
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de derechos humanos.
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