Por Eliana Gilet | Desinformémonos
Los padres lo dejaron claro: si el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes mandatado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos abandona el seguimiento del caso Ayotzinapa es porque el gobierno no tiene voluntad política para que continúe.
El emplazamiento por la responsabilidad de lo sucedido en la Masacre de Iguala, dónde Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón y Julio César Ramírez Nava fueron asesinados, Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano fueron gravemente heridos y 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron secuestrados por agentes de la policía en un operativo que congregó a las tres reparticiones de la fuerza y al ejército, y desde entonces se encuentran desaparecidos, trepó al más alto nivel del Ejecutivo Mexicano. Es a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, a quien los padres apuntaron como responsable por la impunidad que sigue reinando a 19 meses de lo arriba descrito.
El agradecimiento a los expertos fue la tónica de las alocuciones de los papás durante la conferencia de prensa que brindaron este lunes 25 de Abril. El día anterior, domingo 24, los padres vivieron otro momento que los dejó al borde de las lágrimas: la presentación del segundo – y último – informe del GIEI, que se retira del país. “Desde que ellos llegaron, sentimos un poco de tranquilidad”, dijeron. Entonces, ¿cómo seguir ahora que les arrebatan ese tantito de responsabilidad?.
La tranquilidad de que mediante una investigación seria y metódica pudieron, paso a paso, ir desmantelando la “verdad histórica”, a la que las instituciones judiciales fueron acomodando las evidencias; y no al revés.
El GIEI aportó como prueba clave de la manipulación que se hizo de la investigación oficial, que integrantes de la Procuraduría estuvieron presentes en el basurero de Cocula – el señalado por la verdad histórica y oficial, como el destino final de los estudiantes a pesar de que no hay pruebas científicas o técnicas que así lo avalen – un día antes de lo que fue consignado en el expediente del caso.
Esto, además de levantar miles de preguntas y dudas acerca del porqué, es una violación al “debido proceso” y tiñe toda la investigación oficial posterior.
No sólo eso, sino que el informe del GIEI insiste en cómo algunas pruebas obtenidas en peritajes y testimonios eran desechadas de la investigación si no concordaban con la versión oficial. Es decir, las pruebas que cuestionaban esa versión eran eliminadas del expediente, o ignoradas, dejando miles de frentes y flancos de investigación abiertos e inconclusos, hasta hoy.
Desde hace más de siete meses, cuando el GIEI publicó su Primer Informe al año de los hechos, en setiembre de 2015, los padres reclaman por que se haga una investigación interna por obstrucción de la justicia, posible fabricación de evidencias y ahora se suma la tortura a detenidos para fabricar una teoría del caso.
Ese es otro de los puntos importantes fue el señalamiento de que ciertos testimonios incluidos en el expediente judicial del caso fueron obtenidos bajo tortura, sobre todo, de aquellos inculpados que hoy están presos. Sin embargo, desde enero, las cárceles se cerraron para el GIEI. No hubo posibilidad de que pudieran tener acceso a esos detenidos, que fueron torturados para que sostuvieran en sus declaraciones la versión oficial mandatada por el Estado.
Tampoco, y el reclamo ha sido repetido durante meses, se les permitió entrevistar, ni siquiera interrogar a ninguno de los integrantes del 27 Batallón del Ejército, situado en Iguala de la independencia.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no nos deja solos, lo que le pedimos es la creación de un mecanismo de seguimiento del caso, que esté encabezado por el actual presidente del organismo” El comisionado James Cavallaro ocupa este cargo y es, a su vez, es el relator de México para la Comisión.
El modelo de seguimiento por el que pugnan los padres y las organizaciones de derechos humanos y legales que los acompañan, tendría como propósito la investigación de los hechos, la búsqueda de los estudiantes y la atención de las víctimas, tal como lo indican las medidas cautelares que la CIDH emitió a México. Implicaría que el equipo del mecanismo que se forme viaje periódicamente al país, que se le permita tener acceso de manera directa a la información y el expediente y no mediante oficios, así como reclaman que al menos uno de los integrantes del GIEI forme parte del mecanismo de seguimiento a crearse.
Además, reclaman por el seguimiento de las líneas de investigación sobre el paradero de los muchachos marcadas por el GIEI en sus dos informes. Por un lado, los prófugos del caso, entre ellos los jefes de las policías municipales de Huitzuco e Iguala. Y otro, importante, es la línea de investigación que señala en el 27 Batallón del Ejército como la posible fuente del tráfico de armas en beneficio de organizaciones criminales de Iguala, así como el tráfico de drogas utilizando los autobuses públicos, entre Iguala y Chicago. Estas evidencias fueron aportadas por investigaciones de Estados Unidos, por lo que para los padres es clave apelar a la cooperación internacional de otros estados en la investigación porque no hay en México un sólo antecedente de haber investigado ese tráfico.
Y, tercero, la telefonía. Ya que la investigación oficial sostuvo que los estudiantes habían sido quemados en Cocula, junto con todos los teléfonos celulares que cargaban. Dato desmentido por las sábanas de registro de las comunicaciones que tienen mensajes enviados por los estudiantes pasadas la medianoche del 26 de setiembre.
También, en este segundo informe del GIEI, se prueba que todo la agresión fue coordinada por una persona, con quien se comunicaron los policías y detenidos y que estaba identificado “El Caminante”, en algunos de los celulares de estos.
Este martes 26, con un panorama difícil, los padres volverán a marchar a 19 meses de la Masacre. Porque no hay forma de detenerse ante tal arbitrariedad y violencia, porque la falta de un hijo sólo la calma la verdad y la justicia. Es por eso, que reiteraron el llamado “a amas de casa, trabajadores, campesinos, estudiantes” a que vuelvan a tomar las calles, uniéndose a sus reclamos.
“Lo que está en juego es la voluntad política del Estado. Ese reto necesita que la sociedad vuelva a entender lo que está en juego aquí. Es la historia de México pasando por este momento.”
El emplazamiento por la responsabilidad de lo sucedido en la Masacre de Iguala, dónde Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón y Julio César Ramírez Nava fueron asesinados, Edgar Andrés Vargas y Aldo Gutiérrez Solano fueron gravemente heridos y 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, fueron secuestrados por agentes de la policía en un operativo que congregó a las tres reparticiones de la fuerza y al ejército, y desde entonces se encuentran desaparecidos, trepó al más alto nivel del Ejecutivo Mexicano. Es a Enrique Peña Nieto, presidente de la República, a quien los padres apuntaron como responsable por la impunidad que sigue reinando a 19 meses de lo arriba descrito.
El agradecimiento a los expertos fue la tónica de las alocuciones de los papás durante la conferencia de prensa que brindaron este lunes 25 de Abril. El día anterior, domingo 24, los padres vivieron otro momento que los dejó al borde de las lágrimas: la presentación del segundo – y último – informe del GIEI, que se retira del país. “Desde que ellos llegaron, sentimos un poco de tranquilidad”, dijeron. Entonces, ¿cómo seguir ahora que les arrebatan ese tantito de responsabilidad?.
La tranquilidad de que mediante una investigación seria y metódica pudieron, paso a paso, ir desmantelando la “verdad histórica”, a la que las instituciones judiciales fueron acomodando las evidencias; y no al revés.
El GIEI aportó como prueba clave de la manipulación que se hizo de la investigación oficial, que integrantes de la Procuraduría estuvieron presentes en el basurero de Cocula – el señalado por la verdad histórica y oficial, como el destino final de los estudiantes a pesar de que no hay pruebas científicas o técnicas que así lo avalen – un día antes de lo que fue consignado en el expediente del caso.
Esto, además de levantar miles de preguntas y dudas acerca del porqué, es una violación al “debido proceso” y tiñe toda la investigación oficial posterior.
No sólo eso, sino que el informe del GIEI insiste en cómo algunas pruebas obtenidas en peritajes y testimonios eran desechadas de la investigación si no concordaban con la versión oficial. Es decir, las pruebas que cuestionaban esa versión eran eliminadas del expediente, o ignoradas, dejando miles de frentes y flancos de investigación abiertos e inconclusos, hasta hoy.
Desde hace más de siete meses, cuando el GIEI publicó su Primer Informe al año de los hechos, en setiembre de 2015, los padres reclaman por que se haga una investigación interna por obstrucción de la justicia, posible fabricación de evidencias y ahora se suma la tortura a detenidos para fabricar una teoría del caso.
Ese es otro de los puntos importantes fue el señalamiento de que ciertos testimonios incluidos en el expediente judicial del caso fueron obtenidos bajo tortura, sobre todo, de aquellos inculpados que hoy están presos. Sin embargo, desde enero, las cárceles se cerraron para el GIEI. No hubo posibilidad de que pudieran tener acceso a esos detenidos, que fueron torturados para que sostuvieran en sus declaraciones la versión oficial mandatada por el Estado.
Tampoco, y el reclamo ha sido repetido durante meses, se les permitió entrevistar, ni siquiera interrogar a ninguno de los integrantes del 27 Batallón del Ejército, situado en Iguala de la independencia.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no nos deja solos, lo que le pedimos es la creación de un mecanismo de seguimiento del caso, que esté encabezado por el actual presidente del organismo” El comisionado James Cavallaro ocupa este cargo y es, a su vez, es el relator de México para la Comisión.
El modelo de seguimiento por el que pugnan los padres y las organizaciones de derechos humanos y legales que los acompañan, tendría como propósito la investigación de los hechos, la búsqueda de los estudiantes y la atención de las víctimas, tal como lo indican las medidas cautelares que la CIDH emitió a México. Implicaría que el equipo del mecanismo que se forme viaje periódicamente al país, que se le permita tener acceso de manera directa a la información y el expediente y no mediante oficios, así como reclaman que al menos uno de los integrantes del GIEI forme parte del mecanismo de seguimiento a crearse.
Además, reclaman por el seguimiento de las líneas de investigación sobre el paradero de los muchachos marcadas por el GIEI en sus dos informes. Por un lado, los prófugos del caso, entre ellos los jefes de las policías municipales de Huitzuco e Iguala. Y otro, importante, es la línea de investigación que señala en el 27 Batallón del Ejército como la posible fuente del tráfico de armas en beneficio de organizaciones criminales de Iguala, así como el tráfico de drogas utilizando los autobuses públicos, entre Iguala y Chicago. Estas evidencias fueron aportadas por investigaciones de Estados Unidos, por lo que para los padres es clave apelar a la cooperación internacional de otros estados en la investigación porque no hay en México un sólo antecedente de haber investigado ese tráfico.
Y, tercero, la telefonía. Ya que la investigación oficial sostuvo que los estudiantes habían sido quemados en Cocula, junto con todos los teléfonos celulares que cargaban. Dato desmentido por las sábanas de registro de las comunicaciones que tienen mensajes enviados por los estudiantes pasadas la medianoche del 26 de setiembre.
También, en este segundo informe del GIEI, se prueba que todo la agresión fue coordinada por una persona, con quien se comunicaron los policías y detenidos y que estaba identificado “El Caminante”, en algunos de los celulares de estos.
Este martes 26, con un panorama difícil, los padres volverán a marchar a 19 meses de la Masacre. Porque no hay forma de detenerse ante tal arbitrariedad y violencia, porque la falta de un hijo sólo la calma la verdad y la justicia. Es por eso, que reiteraron el llamado “a amas de casa, trabajadores, campesinos, estudiantes” a que vuelvan a tomar las calles, uniéndose a sus reclamos.
“Lo que está en juego es la voluntad política del Estado. Ese reto necesita que la sociedad vuelva a entender lo que está en juego aquí. Es la historia de México pasando por este momento.”
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