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Por Fernando Vicente Prieto | Notas
Desde el lunes 11 y hasta el viernes 22 de abril, una movilización de indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, sindicalistas y profesionales recorre la geografía de Guatemala en defensa de los derechos de la Madre Tierra y en especial, del derecho humano al agua. Proponen una Asamblea Constituyente, originaria, plurinacional y popular.
La actividad, denominada Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, está organizada por la Asamblea Social y Popular, una articulación donde a su vez confluyen tres articulaciones: los estudiantes universitarios, las autoridades ancestrales y organizaciones campesinas de mujeres y de jóvenes. Estos tres sectores se constituyeron en Asamblea durante 2015, a partir de las protestas contra el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, que entre mayo y septiembre de ese mismo año renunciaron a causa de la presión popular, acusados de corrupción. Actualmente, ambos están encarcelados y sometidos a juicio.
El día 11, desde las 5 de la mañana, se realizaron ceremonias mayas en las cabeceras de las tres vertientes de donde partieron las manifestaciones: La Mesilla, en la frontera noroccidental; Tecún Umán, a pocos kilómetros del Océano Pacífico -ambos puntos lindantes con el Estado mexicano de Chiapas- y Purulhá, en el centro del país. A las 9 de la mañana, más de dos mil personas iniciaron la caminata hacia la ciudad de Guatemala, exigiendo “que el agua no sea utilizada como mercancía y como generadora de riqueza para quienes la privatizan, mal utilizan, contaminan y desperdician”.
Entre otros puntos concretos, demandan la recuperación de nacimientos, ríos, lagos, lagunas y costas marinas “que han sido contaminados, robados y desviados por las empresas de caña de azúcar, palma de aceite, huleras, bananeras, mineras, hidroeléctricas, petroleras y de extracción con propósitos mercantiles” y se proponen “fortalecer la articulación, lucha y coordinación en la defensa del agua, tierra, alimentos y territorio, aportar a la toma de conciencia del pueblo guatemalteco sobre las políticas y actividades económicas que impactan negativamente en la vida de todos los seres; y sobre la necesidad de cambiarlas de raíz”. Además, rechazan “la criminalización y persecución contra el liderazgo campesino, indígena, social y popular”.
A lo largo de la marcha, cada comunidad y organización tendrá la tarea de documentar los problemas, luchas y demandas con relación al agua, la madre tierra, el territorio y la vida, que se presentarán en un Tribunal de Conciencia de los Pueblos de Iximulew. Este Tribunal se instalará el viernes 22 de abril en la capital del país.
“Allí denunciaremos la complicidad del Estado y empresas en actividades violatorias de derechos, incumplimiento de convenios internacionales, leyes nacionales y resoluciones judiciales que amparan a nuestras comunidades y pueblos. Asimismo, denunciaremos y condenaremos las acciones represivas del Estado y las empresas, así como la persecución política y el tratamiento como delincuentes que nos dan a mujeres y hombres que defendemos y luchamos por el derecho al Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida. Haremos un homenaje a todos nuestros presos políticos y exigiremos su libertad inmediata”, señala la convocatoria.
Por una Asamblea Nacional Constituyente
Entre los participantes se encuentra el Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las principales organizaciones campesinas e indígenas que por estos días cumple 38 años de vida.
Notas – Periodismo Popular dialogó con Carlos Barrientos, referente de la organización, quien expresó que “la defensa del agua tiene que ver con cuestionar el agronegocio, la minería, las hidroeléctricas y una serie de procesos que se están dando en Guatemala, donde las empresas se están adueñando del agua y del territorio. El CUC hace parte de esta Asamblea Social y Popular, que es una de las articulaciones más grandes que existe en Guatemala: en ella nos articulamos más de 100 organizaciones de carácter nacional y regional, que somos quienes hemos estado impulsando la marcha por el agua, por la madre tierra, por el territorio y por la vida”.
- ¿Cuál es el objetivo político concreto de la marcha?
– Queremos dar a conocer que las organizaciones, las comunidades indígenas y campesinas y los pueblos rechazamos el modelo económico que hay en el país, pero también que pretendemos jugar un papel como pueblo organizado para establecer cuáles son nuestros derechos, cuáles son las demandas y pedir el enjuiciamiento a las empresas y a los empresarios que se han apropiado del territorio.
Vamos a llevar este planteamiento a los tres poderes del Estado, para exigirles que tomen medidas en contra las empresas y los empresarios que están adueñándose de los territorios y del agua, porque están afectando la vida de miles de personas, pero también para exigirles que cumplan con estos derechos, porque ellos no son un poder por encima del pueblo. Lo que estamos haciendo con eso es desarrollar un trabajo de concientización pero también de constituirnos como pueblo organizado, que tiene capacidad de definir qué es lo que hay que hacer.
- Ustedes plantean que el cambio de gobierno no se tradujo en un cambio de políticas. Ante esta situación, ¿están pensando en traducir este proceso de organización popular en un proyecto que dispute cambios en el terreno institucional?
– Cuando planteamos que se debe hacer un cambio de modelo económico, estamos retomando una de las demandas que se hicieron en las movilizaciones el año pasado, cuando se planteaba que era necesaria una transformación profunda del Estado. Eso nos llevó como Asamblea Social y Popular que lo que se necesita es la convocatoria y el desarrollo de un proceso que nos lleve a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente: originaria, porque tendría que redactar una nueva Constitución, pero además que su composición sea plurinacional, popular y sectorial.
Creemos que es únicamente este proceso, que implica la participación desde el pueblo, que puede dar lugar a un nuevo marco que permita sí afrontar los graves problemas que hay en el país. Por eso esta marcha se enmarca en ese planteamiento global de impulsar un proceso a nivel de todo el país: un proceso constituyente, originario, plurinacional, sectorial y popular.
Desde el lunes 11 y hasta el viernes 22 de abril, una movilización de indígenas, campesinos, mujeres, jóvenes, sindicalistas y profesionales recorre la geografía de Guatemala en defensa de los derechos de la Madre Tierra y en especial, del derecho humano al agua. Proponen una Asamblea Constituyente, originaria, plurinacional y popular.
La actividad, denominada Marcha por el Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida, está organizada por la Asamblea Social y Popular, una articulación donde a su vez confluyen tres articulaciones: los estudiantes universitarios, las autoridades ancestrales y organizaciones campesinas de mujeres y de jóvenes. Estos tres sectores se constituyeron en Asamblea durante 2015, a partir de las protestas contra el presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti, que entre mayo y septiembre de ese mismo año renunciaron a causa de la presión popular, acusados de corrupción. Actualmente, ambos están encarcelados y sometidos a juicio.
El día 11, desde las 5 de la mañana, se realizaron ceremonias mayas en las cabeceras de las tres vertientes de donde partieron las manifestaciones: La Mesilla, en la frontera noroccidental; Tecún Umán, a pocos kilómetros del Océano Pacífico -ambos puntos lindantes con el Estado mexicano de Chiapas- y Purulhá, en el centro del país. A las 9 de la mañana, más de dos mil personas iniciaron la caminata hacia la ciudad de Guatemala, exigiendo “que el agua no sea utilizada como mercancía y como generadora de riqueza para quienes la privatizan, mal utilizan, contaminan y desperdician”.
Entre otros puntos concretos, demandan la recuperación de nacimientos, ríos, lagos, lagunas y costas marinas “que han sido contaminados, robados y desviados por las empresas de caña de azúcar, palma de aceite, huleras, bananeras, mineras, hidroeléctricas, petroleras y de extracción con propósitos mercantiles” y se proponen “fortalecer la articulación, lucha y coordinación en la defensa del agua, tierra, alimentos y territorio, aportar a la toma de conciencia del pueblo guatemalteco sobre las políticas y actividades económicas que impactan negativamente en la vida de todos los seres; y sobre la necesidad de cambiarlas de raíz”. Además, rechazan “la criminalización y persecución contra el liderazgo campesino, indígena, social y popular”.
A lo largo de la marcha, cada comunidad y organización tendrá la tarea de documentar los problemas, luchas y demandas con relación al agua, la madre tierra, el territorio y la vida, que se presentarán en un Tribunal de Conciencia de los Pueblos de Iximulew. Este Tribunal se instalará el viernes 22 de abril en la capital del país.
“Allí denunciaremos la complicidad del Estado y empresas en actividades violatorias de derechos, incumplimiento de convenios internacionales, leyes nacionales y resoluciones judiciales que amparan a nuestras comunidades y pueblos. Asimismo, denunciaremos y condenaremos las acciones represivas del Estado y las empresas, así como la persecución política y el tratamiento como delincuentes que nos dan a mujeres y hombres que defendemos y luchamos por el derecho al Agua, la Madre Tierra, el Territorio y la Vida. Haremos un homenaje a todos nuestros presos políticos y exigiremos su libertad inmediata”, señala la convocatoria.
Por una Asamblea Nacional Constituyente
Entre los participantes se encuentra el Comité de Unidad Campesina (CUC), una de las principales organizaciones campesinas e indígenas que por estos días cumple 38 años de vida.
Notas – Periodismo Popular dialogó con Carlos Barrientos, referente de la organización, quien expresó que “la defensa del agua tiene que ver con cuestionar el agronegocio, la minería, las hidroeléctricas y una serie de procesos que se están dando en Guatemala, donde las empresas se están adueñando del agua y del territorio. El CUC hace parte de esta Asamblea Social y Popular, que es una de las articulaciones más grandes que existe en Guatemala: en ella nos articulamos más de 100 organizaciones de carácter nacional y regional, que somos quienes hemos estado impulsando la marcha por el agua, por la madre tierra, por el territorio y por la vida”.
- ¿Cuál es el objetivo político concreto de la marcha?
– Queremos dar a conocer que las organizaciones, las comunidades indígenas y campesinas y los pueblos rechazamos el modelo económico que hay en el país, pero también que pretendemos jugar un papel como pueblo organizado para establecer cuáles son nuestros derechos, cuáles son las demandas y pedir el enjuiciamiento a las empresas y a los empresarios que se han apropiado del territorio.
Vamos a llevar este planteamiento a los tres poderes del Estado, para exigirles que tomen medidas en contra las empresas y los empresarios que están adueñándose de los territorios y del agua, porque están afectando la vida de miles de personas, pero también para exigirles que cumplan con estos derechos, porque ellos no son un poder por encima del pueblo. Lo que estamos haciendo con eso es desarrollar un trabajo de concientización pero también de constituirnos como pueblo organizado, que tiene capacidad de definir qué es lo que hay que hacer.
- Ustedes plantean que el cambio de gobierno no se tradujo en un cambio de políticas. Ante esta situación, ¿están pensando en traducir este proceso de organización popular en un proyecto que dispute cambios en el terreno institucional?
– Cuando planteamos que se debe hacer un cambio de modelo económico, estamos retomando una de las demandas que se hicieron en las movilizaciones el año pasado, cuando se planteaba que era necesaria una transformación profunda del Estado. Eso nos llevó como Asamblea Social y Popular que lo que se necesita es la convocatoria y el desarrollo de un proceso que nos lleve a un proceso de Asamblea Nacional Constituyente: originaria, porque tendría que redactar una nueva Constitución, pero además que su composición sea plurinacional, popular y sectorial.
Creemos que es únicamente este proceso, que implica la participación desde el pueblo, que puede dar lugar a un nuevo marco que permita sí afrontar los graves problemas que hay en el país. Por eso esta marcha se enmarca en ese planteamiento global de impulsar un proceso a nivel de todo el país: un proceso constituyente, originario, plurinacional, sectorial y popular.
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