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| defensoresenlinea.com |
Por Marvin Palacios | Defensores en Línea
“Las organizaciones que integramos la Coalición contra la Impunidad, condenamos el asesinato de Bertha Cáceres y responsabilizamos al Estado de Honduras por este lamentable hecho. Desde esta plataforma de organizaciones, estaremos vigilantes y realizaremos todas las acciones necesarias a nivel nacional e internacional para que este asesinato no quede en la impunidad”.
Así se pronunció hoy la Coalición contra la Impunidad a través de un comunicado emitido en conferencia de prensa en la capital de la República, tras conocerse del asesinato perpetrado por sicarios este jueves 3 de marzo a primeras horas de la madrugada, en contra de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
“Manifestamos nuestro dolor e indignación por el asesinato de Bertha Cáceres, reconocida defensora de derechos humanos en Honduras”, sostuvo el comunicado dado a conocer la Coalición congra la Impunidad que reúne a más de 50 organizaciones de sociedad civil (en su mayoría defensoras de derechos humanos).
“Su asesinato no es un hecho aislado. Desde hace mucho Berta Cáceres fue amenazada y perseguida por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de CV. (DESA) y Synohidro, de capital hondureño y chino respectivamente, por defender junto a pobladores del Río Blanco, los bienes naturales y comunes de este pueblo”, destacó el comunicado.
Añade que Cáceres fue criminalizada por el estado de Honduras, como muchas defensoras de derechos humanos en el país. El reciente Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Honduras apunta que: “ la Comisión recibió asimismo información sobre el uso del derecho penal por parte de actores privados y estatales a través de tipos penales como incitación a la violencia para generar intimidación mediante la sujeción a procesos penales”.
“Dichos problemas se agudizarían en lugares en los cuales existen conflictos por la propiedad de las tierras tales como La Ceiba y el Bajo Aguán, que fueron visitados por la Comisión. En este contexto la CIDH ha dado seguimiento al presunto hostigamiento judicial en contra de la señora Berta Cáceres, coordinadora general del COPINH, beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, quien lidera una campaña en defensa del río Gualcarque en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica”, informó el comunicado de la Colación contra la Impunidad.
El comunicado citó que las medidas cautelares impuestas por la CIDH, generan una responsabilidad directa del Estado de Honduras, en la protección y seguridad de la vida de Bertha. Las recientes declaraciones del ministro de Seguridad Julián Pacheco Tinoco, evidencian la irresponsabilidad e irrespeto del Estado de Honduras hacia las defensoras y los defensores de derechos humanos, al intentar negar su responsabilidad aduciendo que Bertha Cáceres no había notificado cambio de domicilio y que ella renunció a los agentes de seguridad.
Recientemente la CIDH también exhortó al Estado de Honduras a tomar las medidas adecuadas en torno a la seguridad de las y los defensores al expresar que: “Honduras debe proteger a las defensoras y a los defensores de derechos humanos cuando se encuentren en riesgo su vida e integridad personal, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención, con el fin de evitar ataques”.
“Nos unimos al dolor de su familia, del pueblo lenca y de todas las mujeres y hombres que luchamos por transformar nuestro país”, subrayó finalmente la Coalición contra la Impunidad.
Así se pronunció hoy la Coalición contra la Impunidad a través de un comunicado emitido en conferencia de prensa en la capital de la República, tras conocerse del asesinato perpetrado por sicarios este jueves 3 de marzo a primeras horas de la madrugada, en contra de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).
“Manifestamos nuestro dolor e indignación por el asesinato de Bertha Cáceres, reconocida defensora de derechos humanos en Honduras”, sostuvo el comunicado dado a conocer la Coalición congra la Impunidad que reúne a más de 50 organizaciones de sociedad civil (en su mayoría defensoras de derechos humanos).
“Su asesinato no es un hecho aislado. Desde hace mucho Berta Cáceres fue amenazada y perseguida por la empresa Desarrollos Energéticos S.A. de CV. (DESA) y Synohidro, de capital hondureño y chino respectivamente, por defender junto a pobladores del Río Blanco, los bienes naturales y comunes de este pueblo”, destacó el comunicado.
Añade que Cáceres fue criminalizada por el estado de Honduras, como muchas defensoras de derechos humanos en el país. El reciente Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Honduras apunta que: “ la Comisión recibió asimismo información sobre el uso del derecho penal por parte de actores privados y estatales a través de tipos penales como incitación a la violencia para generar intimidación mediante la sujeción a procesos penales”.
“Dichos problemas se agudizarían en lugares en los cuales existen conflictos por la propiedad de las tierras tales como La Ceiba y el Bajo Aguán, que fueron visitados por la Comisión. En este contexto la CIDH ha dado seguimiento al presunto hostigamiento judicial en contra de la señora Berta Cáceres, coordinadora general del COPINH, beneficiaria de medidas cautelares de la CIDH, quien lidera una campaña en defensa del río Gualcarque en contra de la construcción de una represa hidroeléctrica”, informó el comunicado de la Colación contra la Impunidad.
El comunicado citó que las medidas cautelares impuestas por la CIDH, generan una responsabilidad directa del Estado de Honduras, en la protección y seguridad de la vida de Bertha. Las recientes declaraciones del ministro de Seguridad Julián Pacheco Tinoco, evidencian la irresponsabilidad e irrespeto del Estado de Honduras hacia las defensoras y los defensores de derechos humanos, al intentar negar su responsabilidad aduciendo que Bertha Cáceres no había notificado cambio de domicilio y que ella renunció a los agentes de seguridad.
Recientemente la CIDH también exhortó al Estado de Honduras a tomar las medidas adecuadas en torno a la seguridad de las y los defensores al expresar que: “Honduras debe proteger a las defensoras y a los defensores de derechos humanos cuando se encuentren en riesgo su vida e integridad personal, adoptando una estrategia efectiva y exhaustiva de prevención, con el fin de evitar ataques”.
“Nos unimos al dolor de su familia, del pueblo lenca y de todas las mujeres y hombres que luchamos por transformar nuestro país”, subrayó finalmente la Coalición contra la Impunidad.
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