Honduras: Comunicado urgente del Cofadeh sobre retiro de FMO y Finnfund

Por Cofadeh

Hoy celebramos el anuncio de retiro de Honduras del Banco de Holanda para el Desarrollo (FMO) y el FinnFund de Finlandia, que financiaban operaciones de empresas  represadoras  dentro de territorios sagrados del martirizado pueblo indígena lenca. Aplaudimos esa tardía decisión.

Sin embargo, lamentamos profundamente que ambos Estados, Holanda y Finlandia -- otrora defensores de derechos humanos --, no hayan evitado el asesinato de Bertha Cáceres, quien sostuvo reuniones pacíficas antes de su crimen con representantes de ambas instituciones financieras, quienes transfirieron inapropiadamente la información de esos diálogos a los inversionistas locales.

Estos bancos confiaron en inversionistas privados avalados por el Estado de Honduras, sin tomar las mínimas previsiones respecto a las subcontrataciones de empresas privadas de sicarios e intermediarios financieros ligados a mafias del crimen organizado, que han criminalizado las resistencias ancestrales de los pueblos originarios llamándoles enemigos del desarrollo por oponerse a la destrucción capitalista.

Excitamos a otras instituciones financieras avaladas o subsidiadas por Estados Europeos y a la propia Unión Europea que antes de acompañar proyectos de generación de energías, extracción de minerales e hidrocarburos en Honduras – el país ya devastado por los efectos del Cambio Climático – realicen en forma independiente todas las consultas previas e informadas, que cuenten con los consentimientos de los 10 pueblos originarios de Honduras.

También hoy saludamos la presencia en Tegucigalpa de las comunidades afectadas por la minería y las represas, que junto a delegaciones de los pueblos indígenas y garífunas, han venido a exigir justicia al gobierno por el crimen de Bertha Cáceres y de todos los defensores y defensoras criminalizados y asesinados por defender sus territorios.

Antes del esclarecimiento del crimen contra la lideresa indígena lenca, defensora de derechos humanos, Bertha Cáceres, por el gobierno vemos este 16 de marzo nuevos hechos de alto impacto que REPUDIAMOS.

Coinciden con los hechos perpetrados en Tocoa, Peña Blanca y Tegucigalpa, los testimonios recibidos en las últimas 72 horas en sedes regionales del Cofadeh.

En base a información recibida se puede alertar a la población sobre operaciones de una banda de sicarios uniformados de día y camuflados de noche, que hacen uso de armas depositadas como evidencias bajo custodia de la Policía Nacional, para cometer crímenes atroces en distintas parte del territorio nacional.

Los expedientes clasificados de casos emblemáticos de alto impacto en la zona del Bajo Aguán, San Pedro Sula y Tegucigalpa, revelan complicidad absoluta de autoridades policiales, militares y civiles en la comisión de los mismos usando disfraces de asesinos operando oficialmente desde el Estado.

Además, los testimonios de integrantes de una Escuela de Formación Delincuencial dirigida por instructores extranjeros – con el conocimiento, respaldo institucional y financiamiento del gobierno de Honduras --, revelan que más de mil jóvenes hondureños son entrenados para convertirlos en infiltrados, agentes de penetración social y asesinos con habilidades para cometer crímenes políticos disfrazados de hechos comunes.

Esta situación ha sido documentada por el COFADEH ante un sector de la comunidad internacional con capacidad de parar las locuras terroristas que implicarían al Estado.

Por ejemplo, el allanamiento policial militar sin orden judicial de la casa del presidente del MUCA, José Angel Flores, y la detención arbitraria de su familia bajo presunción de posesión de armas, no obstante gozar de medidas cautelares dictadas por la CIDH, es un hecho condenable absolutamente y está inscrito además en la lógica de implantes confesada por desertores de la Escuela Terrorista.

El ataque con arma de fuego esta mañana contra el contador de la Vía Campesina, Cristian Alegría – sobrino del diputado Rafael Alegría --, que resistió una aparente acción de robo, igualmente responde a la lógica de la Escuela de Terroristas denunciada a este Comité.

Así mismo, el violento desalojo de una comunidad campesina de origen indígena lenca en Río Chiquito, Peña Blanca, Cortés, en cuyas inmediaciones resultó asesinado el líder local del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, Nelson García, es una respuesta oficial en momentos cuando el pueblo demanda el esclarecimiento y la justicia en el crimen de la coordinadora general de esa organización, Bertha Cáceres.

Y en este marco de exigencia, abusando de la justicia penal, se impuso sentencia al periodista David Romero Ellner, por seis delitos de difamación, enmedio de un contexto de lucha contra la corrupción, particularmente la denuncia por el saqueo de fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social.

Hacemos un llamado urgente a la opinión pública internacional, a la comunidad inter estatal acreditada con diplomáticos en Tegucigalpa, a escuchar en forma preventiva estos hechos denunciados y ayudarnos contener la sed de violencia oficial.

De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón
COFADEH

Tegucigalpa, 16 de marzo de 2016