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| Copinh |
Por Copinh
Satisfacción parcial ante el fallo emitido por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque. La sentencia condena al suboficial del Batallón de Ingenieros, Kevin Yasser Saravia, por homicidio simple contra Tomás García Domínguez, pena que va desde 15 a 20 años de prisión. Por el contrario fue absuelto por la tentativa de homicidio contra la vida del hijo de Tomás, Allan García, alegando que solo fueron “faltas” y que “no era su intención matarlo”, dándole una pena de 30 a 90 días de prisión.
Toda esta acción represiva del Ejército fue defendiendo los intereses privados de DESA y el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Pese a que todas las evidencias testificales, técnicas y científicas, como el testimonio solido del joven Allan García, quien hizo brillar aún más la verdad; los dictámenes de los peritos médicos forenses y especialistas en balística; las contradicciones y los testimonios mentirosos de los militares de la defensa del suboficial, que demostraron la intención clara de que el militar sí tenía la intención de asesinar a los dos compañeros, y que Tomás García nunca amenazó la integridad del militar, los tres jueces de este tribunal alegaron que no discriminan y que tratan las partes por igual.
De esta manera pretendieron disminuir las aseveraciones del abogado Víctor Fernández sobre los actos de racismo, suscitados en este juicio contra los y las miembros indígenas. Incluso contra los mismos fiscales integrantes de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, que fueron amenazados por los militares de dicho batallón y contra el mismo compañero Víctor Fernández.
"Este juicio no está concluido, aun no hay una sentencia firme y la defensa del militar ha expresado su interés de presentar recursos de casación y trata de justificar el 'buen comportamiento' del asesino militar, que con saña mató con un fusil de reglamento de alto poder destructivo y letal a Tomás García y que luego, amparado en la impunidad que gozan los militares y grupos de poder, manifestó con absoluto desprecio a la vida de Allan García, antes de dispararle varias veces, que 'es más fácil matarte a vos que a un perro'", dice el Copinh.
Toda esta acción represiva del Ejército fue defendiendo los intereses privados de DESA y el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.
Pese a que todas las evidencias testificales, técnicas y científicas, como el testimonio solido del joven Allan García, quien hizo brillar aún más la verdad; los dictámenes de los peritos médicos forenses y especialistas en balística; las contradicciones y los testimonios mentirosos de los militares de la defensa del suboficial, que demostraron la intención clara de que el militar sí tenía la intención de asesinar a los dos compañeros, y que Tomás García nunca amenazó la integridad del militar, los tres jueces de este tribunal alegaron que no discriminan y que tratan las partes por igual.
De esta manera pretendieron disminuir las aseveraciones del abogado Víctor Fernández sobre los actos de racismo, suscitados en este juicio contra los y las miembros indígenas. Incluso contra los mismos fiscales integrantes de la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, que fueron amenazados por los militares de dicho batallón y contra el mismo compañero Víctor Fernández.
"Este juicio no está concluido, aun no hay una sentencia firme y la defensa del militar ha expresado su interés de presentar recursos de casación y trata de justificar el 'buen comportamiento' del asesino militar, que con saña mató con un fusil de reglamento de alto poder destructivo y letal a Tomás García y que luego, amparado en la impunidad que gozan los militares y grupos de poder, manifestó con absoluto desprecio a la vida de Allan García, antes de dispararle varias veces, que 'es más fácil matarte a vos que a un perro'", dice el Copinh.
Para el 08 de enero del 2016, han sido convocadas las partes, a la 1.30 pm para desarrollar la audiencia de individualización de la pena.
En un comunicado posterior el Copinh estará dando mayores detalles y el significado de este juicio y fallo judicial.
El Copinh, recuerda el contexto en el que se dió este hecho violento contra la comunidad de Río Blanco, la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca, que nuevamente arremete contra los derechos del Pueblo Lenca, con su segunda versión, basada en la misma concesión ilegal e ilegítima, violadora de los derechos e integridad del Pueblo y territorio Lenca, de sus hábitat funcionales, bienes comunes y de la naturaleza, del derecho de consulta y consentimiento libre, previo e informado y del Convenio 169 de la OIT.
También, nuestra organización reafirma su disposición inquebrantable de seguir en la defensa del sagrado Río Gualcarque, entregado a las inversiones privadas, particularmente a DESA (Desarrollos Energéticos SA) y demás capitales trasnacionales, con la complicidad de ministros y exministros de SERNA como José Antonio Galdámez y Rigoberto Cuellar, del congreso nacional y alcaldías como la de San Francisco de Ojuera encabezada por Raúl Pineda y las alcaldías de Intibucá y Zacapa. A todos estos los responsabilizamos también por las cuatro vidas indígenas destrozadas en Río Blanco, por los vejámenes contra nuestro Pueblo y con esta nueva agresión que representa la llegada, desde hace tres meses, de DESA-PH Agua Zarca sobre el Río Gualcarque.
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