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Por Verdad Digital
La Asamblea Legislativa aprobó, con 44 votos, la ratificación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cuyo objeto es prevenir y sancionar delitos de lesa humanidad. Al ratificar dicho tratado, El Salvador se convierte en el país número 124 en el mundo, en adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI).
La diputada del FMLN, Karina Sosa, aseguró que el Estatuto "no es retroactivo, no es inconstitucional, este instrumento piensa en el futuro del país y de los países del mundo y no piensa ni actúa sobre el pasado".
La diputada expresó que algunos diputados de la Asamblea Legislativa no están de acuerdo en aprobar el Estatuto porque contempla la extradición, según ellos, por lo que Sosa aseguró que "no han leído el Estatuto, jamás se habla de extradición, habla de cooperación y complementariedad de los Estados, la extradición está contemplada en la Constitución de la República, no en el Estatuto".
En junio de 2014, la Asamblea inició un proceso de estudio para la ratificación del Estatuto de Roma, iniciativa del Gobierno remitida al Parlamento, pero no logró ser ratificado, por lo cual se convirtió en uno de los temas pendientes al interior de la Comisión.
La Consejera Legal de Parlamentarios para la Acción Global, Romina Morello, explicó: "cuando nosotros hablamos de extradición hablamos de un Estado que debe entregar a una persona a otra jurisdicción soberana y la entrega es cuando le da a la Corte Penal Internacional, la entrega se da en una circunstancia en la que un Estado no pueda o no quiera realizar el juicio en su país ".
Morello también agregó que "yo escucho en El Salvador muchos discursos, que no haya impunidad y si no quieren impunidad es necesario este tipo de recursos, para que las situaciones sean investigadas".
El artículo 11 del Estatuto de Roma expresa textualmente: "la Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto".
Por su parte, el diputado del FMLN, Santiago Flores consideró al Estatuto de Roma como la "protección de todo individuo de la especie humana", por ello dijo "no comprender por qué Arena no ha dado los votos para aprobarlo, pese a que el 17 de julio de 1998, en Roma, 160 países, incluido El Salvador, decidieron establecer una Corte Penal Internacional permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad".
De acuerdo a sus promotores, el Estatuto de Roma previene los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra que son "graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
La Corte Penal Internacional forma parte del sistema jurídico del Estado una vez que se ratifica, por lo tanto no sería dar a la persona a una jurisdicción extranjera sino a la Corte Internacional.
La diputada del FMLN, Karina Sosa, aseguró que el Estatuto "no es retroactivo, no es inconstitucional, este instrumento piensa en el futuro del país y de los países del mundo y no piensa ni actúa sobre el pasado".
La diputada expresó que algunos diputados de la Asamblea Legislativa no están de acuerdo en aprobar el Estatuto porque contempla la extradición, según ellos, por lo que Sosa aseguró que "no han leído el Estatuto, jamás se habla de extradición, habla de cooperación y complementariedad de los Estados, la extradición está contemplada en la Constitución de la República, no en el Estatuto".
En junio de 2014, la Asamblea inició un proceso de estudio para la ratificación del Estatuto de Roma, iniciativa del Gobierno remitida al Parlamento, pero no logró ser ratificado, por lo cual se convirtió en uno de los temas pendientes al interior de la Comisión.
La Consejera Legal de Parlamentarios para la Acción Global, Romina Morello, explicó: "cuando nosotros hablamos de extradición hablamos de un Estado que debe entregar a una persona a otra jurisdicción soberana y la entrega es cuando le da a la Corte Penal Internacional, la entrega se da en una circunstancia en la que un Estado no pueda o no quiera realizar el juicio en su país ".
Morello también agregó que "yo escucho en El Salvador muchos discursos, que no haya impunidad y si no quieren impunidad es necesario este tipo de recursos, para que las situaciones sean investigadas".
El artículo 11 del Estatuto de Roma expresa textualmente: "la Corte tendrá competencia únicamente respecto de crímenes cometidos después de la entrada en vigor del presente Estatuto".
Por su parte, el diputado del FMLN, Santiago Flores consideró al Estatuto de Roma como la "protección de todo individuo de la especie humana", por ello dijo "no comprender por qué Arena no ha dado los votos para aprobarlo, pese a que el 17 de julio de 1998, en Roma, 160 países, incluido El Salvador, decidieron establecer una Corte Penal Internacional permanente para juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo, tales como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad".
De acuerdo a sus promotores, el Estatuto de Roma previene los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra que son "graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.
La Corte Penal Internacional forma parte del sistema jurídico del Estado una vez que se ratifica, por lo tanto no sería dar a la persona a una jurisdicción extranjera sino a la Corte Internacional.
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