Por Gloria Marisela Morán | ContraPuntoEl asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradas, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el 16 de noviembre de 1989, además de remarcar los hechos violentos que se cometieron en los doce años que duró el conflicto armado en El Salvador, también se ha convertido en un ícono de los crímenes que hasta hoy han sido sellados por la impunidad.
El caso de los jesuitas fue llevado a juicio entre el 26 y el 28 de septiembre de 1991. Dejó como resultado a seis militares condenados según consta en el informe de la Comisión de la Verdad. Unos quedaron libres al pagar una fianza y otros cuando se firmó la Ley de Amnistía en 1993.
Para el abogado y experto en temas de derechos humanos, Benjamín Cuéllar, el hecho que el juicio se realizara en el marco de las negociaciones de los Acuerdos de Paz le daba un valor aún más importantes, ya que se estaba planteando “un nuevo El Salvador, como le llamaban entre comillas, un cambio de forma; pero de fondo siguió siendo el mismo”, sentenció.
“Este (el resultado del juicio por el caso jesuita) era la prueba de fuego para demostrar el cambio de forma o para celebrar que realmente había cambiado El Salvador”, expresó Cuéllar quien desde 1992 le ha dado seguimiento a este hecho, junto al sacerdote jesuita, José María Tojeira, con el fin de que se haga justicia.
Asesinato de los sacerdotes (Según La Comisión de la Verdad)
El 13 de noviembre la UCA fue objeto de un cateo ordenado por el coronel René Emilio Ponce quien le encomendó la tarea al coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Jefe del Conjunto III del Estado Mayor; Ponce justificó su decisión señalando que le habían informado que más de 200 guerrilleros se encontraban en el interior de la universidad.
Cerna Flores le ordenó el cateo al teniente José Ricardo Espinoza Guerra, quien llevó unos cien efectivos del Batallón Atlacatl. Al terminar el cateo, cita el informe de la Comisión de la Verdad, Espinoza Guerra dio parte a Cerna Flores.
El 15 de noviembre a las 6:30 de la tarde se realizó una reunión del Estado Mayor con jefes y comandantes militares para adoptar nuevas medidas frente a la ofensiva. Ponce autorizó la eliminación de cabecillas, sindicalistas y reconocidos miembros líderes del FMLN.
Después de la reunión los oficiales permanecieron en la sala, conversando en grupos. En uno de estos grupos estaban deliberando Ponce, junto a otros militares entre los que figuraban los coroneles Juan Orlando Zepeda e Inocente Orlando Montano y frente a ellos le ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, asesinar al padre Ignacio Ellacuría sin dejar testigos.
El documento narra que en la madrugada de ese 16 de noviembre, un grupo de efectivos del Batallón Atlacatl ingresó a la UCA y se dirigieron al Centro Pastoral, lugar de residencia de los sacerdotes; los militares intentaron abrir por la fuerza el lugar, pero ellos les abrieron las puertas voluntariamente.
El Informe de la Verdad relata que los militares, con su objetivo claro, registraron el lugar y ordenaron a los sacerdotes que salieran al jardín posterior y acostarse boca abajo y fueron asesinados; según narra el documento, el responsable de matar a Ignacio Ellacuría, a Ignacio Martín-Baró y a Segundo Montes fue el teniente al mando de ese grupo: José Ricardo Espinoza Guerra.
Mientras que el subsargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas asesinó a los curas Armando López y a Juan Ramón Moreno; el sacerdote Joaquín López y López murió a manos de Ángel Pérez Vásquez. Y fue el subsargento Tomás Zarpate Castillo quien disparó en contra de Julia Elba Ramos y su hija, Celina Mariceth Ramos; pero otro soldado, José Alberto Sierra Ascencio, fue quien las remató, de acuerdo al documento.
El juicio de 1991
Durante el juicio, en 1991, fueron procesados diez militares; seis fueron condenados. Pero a criterio del abogado Benjamín Cuéllar, "las inconsistencias (en el juicio) planteaban que la decisión del tribunal eran producto de un juicio fraudulento, de una pantomima", ya que los verdaderos responsables “ni siquiera figuraron en el juicio”.
Entre los procesados figuraron: el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, el teniente José Ricardo Espinoza Guerra y el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, todos acusados de asesinato, de actos de terrorismo, de actos preparatorios de terrorismo, de proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo. El teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos fue acusado de los mismos delitos, pero le fue agregado el de encubrimiento real.
Por su parte, los subsargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo, el cabo Ángel Pérez Vásquez y el soldado Oscar Mariano Amaya Grimaldi fueron señalados de asesinato, de actos de terrorismo y de actos preparatorios de terrorismo. El soldado Jorge Alberto Sierra Ascencio fue juzgado en ausencia por asesinato. Y el teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona fue señalado de encubrimiento real.
Por el asesinato fueron declarados culpables únicamente el coronel Guillermo Alfredo Benavides y el teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos. El juez les impuso la pena máxima, treinta años de prisión. El juez encontró, además, culpables a Benavides y a Mendoza por proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo.
Mientras que los tenientes Espinoza y Guevara Cerritos fueron sentenciados a tres años por proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo. El teniente coronel Hernández Barahona fue también condenado por el juez a tres años por encubrimiento real, Mendoza Vallecillos también fue condenado por ese delito. Espinoza, Guevara y Hernández Barahona quedaron en libertad y siguieron de alta en la Fuerza Armada.
En 1993 gracias a la Ley de Amnistía los condenados a 30 años de prisión quedaron en libertad. El abogado salvadoreño, Benjamín Cuéllar, señaló que en 1991 se tuvo la oportunidad de hacer un cambio real en el país, ya que “si este caso se investigaba en serio y se impartía justicia se estaban abriendo las puertas a todos los casos de la guerra, o de antes, y los que podían darse en la posguerra”, sentenció, al mismo tiempo que dijo que “en la práctica se hubiese golpeado el muro de la impunidad”, muro que según él, se consolidó con la Ley de Amnistía.
España reclama justicia en caso jesuita
En los últimos años el caso jesuita ha cobrado más fuerza debido a una querella presentada en noviembre de 2008 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), de California, Estados Unidos, en representación de las víctimas y bajo el concepto de la búsqueda de una justicia universal, considerando que se trata de un crimen de lesa humanidad.
La APDHE y el CJA basaron su querella en que cinco de las víctimas eran españolas, así como en el principio de justicia universal que en 1998 permitió el arresto del exdictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón.
A inicios de 2009 el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional Española anunció que investigaría a 14 militares salvadoreños por su presunta implicación en el asesinato de los jesuitas. Velasco también cuestionó, en su momento, si el juicio llevado a cabo en 1991 fue fraudulento o no.
Para el abogado y experto en temas de derechos humanos, Benjamín Cuéllar, el hecho que el juicio se realizara en el marco de las negociaciones de los Acuerdos de Paz le daba un valor aún más importantes, ya que se estaba planteando “un nuevo El Salvador, como le llamaban entre comillas, un cambio de forma; pero de fondo siguió siendo el mismo”, sentenció.
“Este (el resultado del juicio por el caso jesuita) era la prueba de fuego para demostrar el cambio de forma o para celebrar que realmente había cambiado El Salvador”, expresó Cuéllar quien desde 1992 le ha dado seguimiento a este hecho, junto al sacerdote jesuita, José María Tojeira, con el fin de que se haga justicia.
Asesinato de los sacerdotes (Según La Comisión de la Verdad)
El 13 de noviembre la UCA fue objeto de un cateo ordenado por el coronel René Emilio Ponce quien le encomendó la tarea al coronel Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Jefe del Conjunto III del Estado Mayor; Ponce justificó su decisión señalando que le habían informado que más de 200 guerrilleros se encontraban en el interior de la universidad.
Cerna Flores le ordenó el cateo al teniente José Ricardo Espinoza Guerra, quien llevó unos cien efectivos del Batallón Atlacatl. Al terminar el cateo, cita el informe de la Comisión de la Verdad, Espinoza Guerra dio parte a Cerna Flores.
El 15 de noviembre a las 6:30 de la tarde se realizó una reunión del Estado Mayor con jefes y comandantes militares para adoptar nuevas medidas frente a la ofensiva. Ponce autorizó la eliminación de cabecillas, sindicalistas y reconocidos miembros líderes del FMLN.
Después de la reunión los oficiales permanecieron en la sala, conversando en grupos. En uno de estos grupos estaban deliberando Ponce, junto a otros militares entre los que figuraban los coroneles Juan Orlando Zepeda e Inocente Orlando Montano y frente a ellos le ordenó al coronel Guillermo Alfredo Benavides, asesinar al padre Ignacio Ellacuría sin dejar testigos.
El documento narra que en la madrugada de ese 16 de noviembre, un grupo de efectivos del Batallón Atlacatl ingresó a la UCA y se dirigieron al Centro Pastoral, lugar de residencia de los sacerdotes; los militares intentaron abrir por la fuerza el lugar, pero ellos les abrieron las puertas voluntariamente.
El Informe de la Verdad relata que los militares, con su objetivo claro, registraron el lugar y ordenaron a los sacerdotes que salieran al jardín posterior y acostarse boca abajo y fueron asesinados; según narra el documento, el responsable de matar a Ignacio Ellacuría, a Ignacio Martín-Baró y a Segundo Montes fue el teniente al mando de ese grupo: José Ricardo Espinoza Guerra.
Mientras que el subsargento Antonio Ramiro Ávalos Vargas asesinó a los curas Armando López y a Juan Ramón Moreno; el sacerdote Joaquín López y López murió a manos de Ángel Pérez Vásquez. Y fue el subsargento Tomás Zarpate Castillo quien disparó en contra de Julia Elba Ramos y su hija, Celina Mariceth Ramos; pero otro soldado, José Alberto Sierra Ascencio, fue quien las remató, de acuerdo al documento.
El juicio de 1991
Durante el juicio, en 1991, fueron procesados diez militares; seis fueron condenados. Pero a criterio del abogado Benjamín Cuéllar, "las inconsistencias (en el juicio) planteaban que la decisión del tribunal eran producto de un juicio fraudulento, de una pantomima", ya que los verdaderos responsables “ni siquiera figuraron en el juicio”.
Entre los procesados figuraron: el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno, el teniente José Ricardo Espinoza Guerra y el subteniente Gonzalo Guevara Cerritos, todos acusados de asesinato, de actos de terrorismo, de actos preparatorios de terrorismo, de proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo. El teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos fue acusado de los mismos delitos, pero le fue agregado el de encubrimiento real.
Por su parte, los subsargentos Antonio Ramiro Ávalos Vargas y Tomás Zarpate Castillo, el cabo Ángel Pérez Vásquez y el soldado Oscar Mariano Amaya Grimaldi fueron señalados de asesinato, de actos de terrorismo y de actos preparatorios de terrorismo. El soldado Jorge Alberto Sierra Ascencio fue juzgado en ausencia por asesinato. Y el teniente coronel Carlos Camilo Hernández Barahona fue señalado de encubrimiento real.
Por el asesinato fueron declarados culpables únicamente el coronel Guillermo Alfredo Benavides y el teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos. El juez les impuso la pena máxima, treinta años de prisión. El juez encontró, además, culpables a Benavides y a Mendoza por proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo.
Mientras que los tenientes Espinoza y Guevara Cerritos fueron sentenciados a tres años por proposición y conspiración para cometer actos de terrorismo. El teniente coronel Hernández Barahona fue también condenado por el juez a tres años por encubrimiento real, Mendoza Vallecillos también fue condenado por ese delito. Espinoza, Guevara y Hernández Barahona quedaron en libertad y siguieron de alta en la Fuerza Armada.
En 1993 gracias a la Ley de Amnistía los condenados a 30 años de prisión quedaron en libertad. El abogado salvadoreño, Benjamín Cuéllar, señaló que en 1991 se tuvo la oportunidad de hacer un cambio real en el país, ya que “si este caso se investigaba en serio y se impartía justicia se estaban abriendo las puertas a todos los casos de la guerra, o de antes, y los que podían darse en la posguerra”, sentenció, al mismo tiempo que dijo que “en la práctica se hubiese golpeado el muro de la impunidad”, muro que según él, se consolidó con la Ley de Amnistía.
España reclama justicia en caso jesuita
En los últimos años el caso jesuita ha cobrado más fuerza debido a una querella presentada en noviembre de 2008 por la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE) y el Centro de Justicia y Responsabilidad (CJA), de California, Estados Unidos, en representación de las víctimas y bajo el concepto de la búsqueda de una justicia universal, considerando que se trata de un crimen de lesa humanidad.
La APDHE y el CJA basaron su querella en que cinco de las víctimas eran españolas, así como en el principio de justicia universal que en 1998 permitió el arresto del exdictador chileno Augusto Pinochet por orden del juez Baltasar Garzón.
A inicios de 2009 el juez Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional Española anunció que investigaría a 14 militares salvadoreños por su presunta implicación en el asesinato de los jesuitas. Velasco también cuestionó, en su momento, si el juicio llevado a cabo en 1991 fue fraudulento o no.
EL juez español pidió la extradición de militares presuntamente implicados en la masacre de los sacerdotes, entre ellos figuraban los exoficiales Oscar Mariano Amaya, Antonio Ramiro Avalos, Guillermo Alfredo Benavides, Tomás Zarpate Castillo, Juan Rafael Bustillo, Joaquín Arnoldo Cerna, Francisco Elena Fuentes, Juan Orlando Zepeda, José Ricardo Espinoza, Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Mauricio Guzmán, Humberto Larios y Oscar León Linares.
En agosto y octubre de 2011, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que no procedía la detención con difusión roja girada por Interpol para los militares retirados. En aquel entonces, mientras el recurso era conocido en el Órgano Judicial, los exmilitares evadieron la difusión roja, resguardándose en la Brigada de Seguridad Militar.
Inocente Montano, uno de los implicados en la masacre de los sacerdotes, es uno de los que podría estar más cerca de la extradición hacia España; ya que la Audiencia Nacional ha pedido su extradición desde Estados Unidos, país en el que un juez de Boston lo condenó por fraude migratorio y perjurio en relación a declaraciones falsas que dio a las autoridades de migración con el objetivo de permanecer en Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos afirma que los tratados entre Washington y Madrid le permiten responder a la solicitud de extradición.
Benjamín Cuéllar se mostró optimista ante la posibilidad de extradición de Montano, pero afirmó que mientras la justicia no se haga en El Salvador no se puede dar como terminado este caso, tampoco se podrá sacar de la impunidad otros crímenes cometidos durante el conflicto armado.
En agosto y octubre de 2011, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) determinó que no procedía la detención con difusión roja girada por Interpol para los militares retirados. En aquel entonces, mientras el recurso era conocido en el Órgano Judicial, los exmilitares evadieron la difusión roja, resguardándose en la Brigada de Seguridad Militar.
Inocente Montano, uno de los implicados en la masacre de los sacerdotes, es uno de los que podría estar más cerca de la extradición hacia España; ya que la Audiencia Nacional ha pedido su extradición desde Estados Unidos, país en el que un juez de Boston lo condenó por fraude migratorio y perjurio en relación a declaraciones falsas que dio a las autoridades de migración con el objetivo de permanecer en Estados Unidos.
El gobierno de Estados Unidos afirma que los tratados entre Washington y Madrid le permiten responder a la solicitud de extradición.
Benjamín Cuéllar se mostró optimista ante la posibilidad de extradición de Montano, pero afirmó que mientras la justicia no se haga en El Salvador no se puede dar como terminado este caso, tampoco se podrá sacar de la impunidad otros crímenes cometidos durante el conflicto armado.
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