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| Foto: Menly Cortéz |
Por Dora Reyes | ContraPunto
Leonor Franco, conocida como la “niña Noy”, sufrió la angustia de tener a sus cuatro nietos desaparecidos, en medio de su desesperación la mañana del nueve de febrero, salió a buscarlos, los encontró, pero lo que vio la llevó a morir de un infarto a sus 81 años.
Encontró a sus nietos pero estaban muertos, tendidos en el suelo a unos metros de su vivienda en el cantón El Majahual, en el departamento de La Libertad. A ellos los sacaron de su vivienda “varios sujetos vestidos con ropas oscuras y pasamontañas” haciéndose pasar por agentes policiales y que les aseguraron que devolverían a los jóvenes.
Según familiares, los jóvenes fueron encontrados por la abuela, cerca de las cinco de la mañana. Ella los encontró juntos, pero ejecutados con balas de escopetas y pistolas nueve milímetros.
Los masacrados fueron identificados por las autoridades como: César Alejandro, de 22 años de edad; Alexander Enrique, de 20 años; Wilfredo, de 18 años; y Nelson Leonardo, de 16, todos de apellido Martínez Franco.
Esta historia se suma a las 69 masacres que han ocurrido sólo este año, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía General de la República (FGR); cifra que ya supera las ocurridas en 2014, año en el que se contabilizaron 46 homicidios múltiples.
Los expertos señalan que la impunidad que impera en este tipo de hechos es la misma que en la pasada guerra civil, época en la que también se realizaron innumerables masacres y que aún no han sido investigadas.
Similitudes de la guerra en la época actual
El historiador de la Universidad de El Salvador (UES), Jorge Juárez, hizo una comparación y explicó que los grupos de exterminio que existieron en la época del conflicto armado, que duró 12 años en el país, operaban con “mucha similitud y con el modus operandi de los actores de las masacres que hoy en día han ocurrido”.
“Con lo anterior, no quiero decir que existan en este tiempo estos grupos; pero sin duda, los actores operan igual que a los de la pasada guerra. Antes los homicidios múltiples se daban por cuestiones políticas; ahora podría ser que se estén dando por lo mismo, pues hay grupos políticos que para posicionarse lo hacen por medio del miedo”, acotó el historiador.
En la primera semana de septiembre, la PNC junto a la FGR, dieron a conocer tres múltiples asesinatos; el primero, se cometió la noche del viernes cuatro de septiembre, en el departamento de La Libertad, las víctimas fueron cinco supuestos pandilleros de la MS que fueron abatidos a balazos al interior de una vivienda por “rivales”; el segundo hecho múltiple, se registró el sábado cinco del mismo mes, en el departamento de Ahuachapán, cantón Los Huatales, las víctimas fueron tres presuntos pandilleros; el tercero, se registró el martes ocho de septiembre, cuatro hombres fueron asesinados con armas de fuego en una finca del cantón Iglesia Vieja del departamento de Usulután.
Es decir, en la primera semana del mes cívico, el número de personas masacradas ha sido de 12; además, las víctimas han sido del género masculino y los datos de la PNC arrojan que la mayoría fueron pandilleros.
Las masacres de este año han ocurrido con frecuencia en departamentos como: San Salvador, Cuscatlán, San Vicente, Usulután Santa Ana, La Libertad, La Paz y San Miguel. Además, según versiones policiales, la mayor parte de las víctimas, han sido pandilleros de la MS y mara 18.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, afirmó recientemente que el mayor porcentaje de víctimas asesinadas han sido pandilleros o colaboradores de los mismos. Un 10% de los homicidios fueron perpetrados a menores de edad.
Anteriormente, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) dio a conocer en el quinto informe de “Coyuntura Legal e Institucional”, que el país ocupa el octavo lugar, en comparación a 59 países del mundo, en tener los niveles de impunidad más altos. El Índice Global de Paz (IGP), también lo afirma.
Ante esto, el exfiscal general, Astor Escalante, manifestó que “están obligadas las instituciones del Estado a investigar todo ese tipo de masacres. La FGR, que dirige la investigación del delito junto con la PNC, son los encargados de recopilar toda esa información de evidencia y hacer que lleguen a los jueces para no permitir la impunidad”, apuntó.
En cuanto a la posibilidad de la existencia de grupos de exterminio, el exfiscal aseguró “yo pensaría que lo que está ocurriendo puede tener una combinación de enfrentamientos que pueden estarse desarrollando entre policías, soldados y delincuentes; y pueda existir la posibilidad de que hayan algunas personas o ciudadanos cansados de tanta violencia y estén tomando la justicia por sus manos”.
Según Escalante, al referirse a que la población “tome la justicia por sus manos” es un fenómeno que se ha desarrollado en tiempos pasados con el surgimiento de la sombra negra y grupos similares que pueden estar realizando estos hechos al margen de la ley, es decir, el que toma la justicia por su propia cuenta, está al margen”.
Hasta el momento ninguna de las masacres ha sido investigada y judicializada. De acuerdo con el historiador, la impunidad que impera en la actualidad en este tipo de casos, es una práctica que se ha ejecutado desde hace tiempo.
“Hay muchos delitos que normalmente quedan en la impunidad porque presentan niveles de dificultad a las autoridades para profundizar y dar con los responsables; aquí es donde las instituciones deben fortalecerse y las relaciones con la comunidad, pues de ahí vienen los testigos, si esto existiera no habría impunidad. El sistema judicial tiene condiciones para profundizar, lo que los debilita es el tema de recursos e información”, dijo Escalante.
Masacres del conflicto armado
Por su parte, Juárez señaló que al igual que el conflicto pasado, las autoridades solo se limitan a reportar el número de personas fallecidas, más no el porqué de las muertes, “eso deja que los casos queden impunes y al olvido judicial”. Además argumentó que no solo las masacres están inmersas en la impunidad, sino también, secuestros, extorciones, prostitución infantil, entre otros.
Son varias las masacres cometidas durante la guerra civil en El Salvador que aún esperan justicia, entre ellas está la masacre del Sumpul, en el caserío Las Aradas, Chalatenango, donde más de 900 personas fueron asesinadas en mayo de 1980.
También, la masacre de El Mozote que sucedió hace 34 años, el 11 de diciembre de 1981, cuando soldados irrumpieron en la tranquilidad del cantón El Mozote en Morazán. Al grupo de soldados liderados por el coronel Domingo Monterrosa, se les atribuye el cruento hecho. Primero mataron a todos los hombres, luego violaron y mataron a las mujeres, y por último encerraron a todos los niños en la iglesia y los ametrallaron.
Otra suscitada fue la masacre de Las Canoas, ocurrida el 8 de agosto de 1980 en el Cantón El Pinalito, en Santa Ana, lugar en el que 23 personas fueron asesinadas. Además la masacre de San Francisco Angulo, en San Vicente, perpetrada, según sobrevivientes, por la Fuerza Armada en los operativos de tierra arrasada.
En este último caso, en una histórica sentencia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó a la Fiscalía General por no haber investigado, a petición de los familiares de las víctimas los hechos ocurridos en 1981.
Asimismo, la masacre de 1932, en la que varias poblaciones indígenas del occidente del país fueron atacadas por los fusiles del ejército nacional de esa época. En este hecho, no se tienen datos exactos del número de indígenas fallecidos; historiadores aseguran que oscilan entre 25 a 40 mil las víctimas mortales.
Este hecho, al igual que los otros, han pasado desapercibidos por la justicia del país y algunas han sido olvidadas de la memoria histórica.
Según familiares, los jóvenes fueron encontrados por la abuela, cerca de las cinco de la mañana. Ella los encontró juntos, pero ejecutados con balas de escopetas y pistolas nueve milímetros.
Los masacrados fueron identificados por las autoridades como: César Alejandro, de 22 años de edad; Alexander Enrique, de 20 años; Wilfredo, de 18 años; y Nelson Leonardo, de 16, todos de apellido Martínez Franco.
Esta historia se suma a las 69 masacres que han ocurrido sólo este año, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fiscalía General de la República (FGR); cifra que ya supera las ocurridas en 2014, año en el que se contabilizaron 46 homicidios múltiples.
Los expertos señalan que la impunidad que impera en este tipo de hechos es la misma que en la pasada guerra civil, época en la que también se realizaron innumerables masacres y que aún no han sido investigadas.
Similitudes de la guerra en la época actual
El historiador de la Universidad de El Salvador (UES), Jorge Juárez, hizo una comparación y explicó que los grupos de exterminio que existieron en la época del conflicto armado, que duró 12 años en el país, operaban con “mucha similitud y con el modus operandi de los actores de las masacres que hoy en día han ocurrido”.
“Con lo anterior, no quiero decir que existan en este tiempo estos grupos; pero sin duda, los actores operan igual que a los de la pasada guerra. Antes los homicidios múltiples se daban por cuestiones políticas; ahora podría ser que se estén dando por lo mismo, pues hay grupos políticos que para posicionarse lo hacen por medio del miedo”, acotó el historiador.
En la primera semana de septiembre, la PNC junto a la FGR, dieron a conocer tres múltiples asesinatos; el primero, se cometió la noche del viernes cuatro de septiembre, en el departamento de La Libertad, las víctimas fueron cinco supuestos pandilleros de la MS que fueron abatidos a balazos al interior de una vivienda por “rivales”; el segundo hecho múltiple, se registró el sábado cinco del mismo mes, en el departamento de Ahuachapán, cantón Los Huatales, las víctimas fueron tres presuntos pandilleros; el tercero, se registró el martes ocho de septiembre, cuatro hombres fueron asesinados con armas de fuego en una finca del cantón Iglesia Vieja del departamento de Usulután.
Es decir, en la primera semana del mes cívico, el número de personas masacradas ha sido de 12; además, las víctimas han sido del género masculino y los datos de la PNC arrojan que la mayoría fueron pandilleros.
Las masacres de este año han ocurrido con frecuencia en departamentos como: San Salvador, Cuscatlán, San Vicente, Usulután Santa Ana, La Libertad, La Paz y San Miguel. Además, según versiones policiales, la mayor parte de las víctimas, han sido pandilleros de la MS y mara 18.
El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Lara, afirmó recientemente que el mayor porcentaje de víctimas asesinadas han sido pandilleros o colaboradores de los mismos. Un 10% de los homicidios fueron perpetrados a menores de edad.
Anteriormente, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) dio a conocer en el quinto informe de “Coyuntura Legal e Institucional”, que el país ocupa el octavo lugar, en comparación a 59 países del mundo, en tener los niveles de impunidad más altos. El Índice Global de Paz (IGP), también lo afirma.
Ante esto, el exfiscal general, Astor Escalante, manifestó que “están obligadas las instituciones del Estado a investigar todo ese tipo de masacres. La FGR, que dirige la investigación del delito junto con la PNC, son los encargados de recopilar toda esa información de evidencia y hacer que lleguen a los jueces para no permitir la impunidad”, apuntó.
En cuanto a la posibilidad de la existencia de grupos de exterminio, el exfiscal aseguró “yo pensaría que lo que está ocurriendo puede tener una combinación de enfrentamientos que pueden estarse desarrollando entre policías, soldados y delincuentes; y pueda existir la posibilidad de que hayan algunas personas o ciudadanos cansados de tanta violencia y estén tomando la justicia por sus manos”.
Según Escalante, al referirse a que la población “tome la justicia por sus manos” es un fenómeno que se ha desarrollado en tiempos pasados con el surgimiento de la sombra negra y grupos similares que pueden estar realizando estos hechos al margen de la ley, es decir, el que toma la justicia por su propia cuenta, está al margen”.
Hasta el momento ninguna de las masacres ha sido investigada y judicializada. De acuerdo con el historiador, la impunidad que impera en la actualidad en este tipo de casos, es una práctica que se ha ejecutado desde hace tiempo.
“Hay muchos delitos que normalmente quedan en la impunidad porque presentan niveles de dificultad a las autoridades para profundizar y dar con los responsables; aquí es donde las instituciones deben fortalecerse y las relaciones con la comunidad, pues de ahí vienen los testigos, si esto existiera no habría impunidad. El sistema judicial tiene condiciones para profundizar, lo que los debilita es el tema de recursos e información”, dijo Escalante.
Masacres del conflicto armado
Por su parte, Juárez señaló que al igual que el conflicto pasado, las autoridades solo se limitan a reportar el número de personas fallecidas, más no el porqué de las muertes, “eso deja que los casos queden impunes y al olvido judicial”. Además argumentó que no solo las masacres están inmersas en la impunidad, sino también, secuestros, extorciones, prostitución infantil, entre otros.
Son varias las masacres cometidas durante la guerra civil en El Salvador que aún esperan justicia, entre ellas está la masacre del Sumpul, en el caserío Las Aradas, Chalatenango, donde más de 900 personas fueron asesinadas en mayo de 1980.
También, la masacre de El Mozote que sucedió hace 34 años, el 11 de diciembre de 1981, cuando soldados irrumpieron en la tranquilidad del cantón El Mozote en Morazán. Al grupo de soldados liderados por el coronel Domingo Monterrosa, se les atribuye el cruento hecho. Primero mataron a todos los hombres, luego violaron y mataron a las mujeres, y por último encerraron a todos los niños en la iglesia y los ametrallaron.
Otra suscitada fue la masacre de Las Canoas, ocurrida el 8 de agosto de 1980 en el Cantón El Pinalito, en Santa Ana, lugar en el que 23 personas fueron asesinadas. Además la masacre de San Francisco Angulo, en San Vicente, perpetrada, según sobrevivientes, por la Fuerza Armada en los operativos de tierra arrasada.
En este último caso, en una histórica sentencia la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) condenó a la Fiscalía General por no haber investigado, a petición de los familiares de las víctimas los hechos ocurridos en 1981.
Asimismo, la masacre de 1932, en la que varias poblaciones indígenas del occidente del país fueron atacadas por los fusiles del ejército nacional de esa época. En este hecho, no se tienen datos exactos del número de indígenas fallecidos; historiadores aseguran que oscilan entre 25 a 40 mil las víctimas mortales.
Este hecho, al igual que los otros, han pasado desapercibidos por la justicia del país y algunas han sido olvidadas de la memoria histórica.
Fuente: ContraPunto
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