Por Colombia Informa
El territorio venezolano ha sido refugio de miles de colombianos en diversas ocasiones. Muchas de las personas van en busca de mejores condiciones de vida, otras en condiciones de desplazamiento por las diferentes situaciones de violencia que vive el país. El Consejo Noruego para Refugiados –CNR– señaló que Colombia permanece en el segundo puesto de países con mayor número de personas desplazadas con 6'044.200 víctimas aproximadamente.
Venezuela es el segundo país de destino al que llegan los desplazados después de Ecuador y en este los colombianos se han beneficiado de programas de vivienda entregados por el Gobierno de Venezuela, el 25% total de residencias ha sido entregado a colombianos según datos de la Defensoría del Pueblo en Venezuela.
Considerar la situación de personas deportadas y desplazadas en Colombia es una realidad que está sujeta al actor que las evalúe. La realidad de la frontera colombiana es patética, Cúcuta conserva los primeros lugares en desempleo y es la tercera ciudad más violenta del país. Sobre estas condiciones, las huellas que dejan los deportados sobre el rio Táchira y la frontera no son muy diferentes a las que han dejado los desplazados sobre el territorio colombiano durante los múltiples desalojos que han ocasionado la Fuerza Pública y el conflicto armado del país.
Son situaciones que no se pueden medir, entendiendo que los implicados son mujeres, hombres, niños, niñas y adultos mayores que ven violentados sus derechos, su modo de vida, la supervivencia, el tejido social y familiar y el derecho a una vida digna.
¿Qué dicen las autoridades venezolanas?
Desde el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela la semana pasada, van más de mil colombianos deportados. La medida la tomó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de que resultaran heridos un soldado y dos tenientes de la Fuerza Armada de Venezuela en labores contra el contrabando.
José Gregorio Vielma Mora, Gobernador del Estado Táchira, notificó que unas 1600 familias colombianas se habían tomado un terreno en San Antonio y construyeron sus casas allá, muchas de esas familias son desplazadas de Colombia, sin embargo, se les ha garantizado el respeto y se están deportando a su país para solucionar su legalidad.
Al realizar la inspección de las viviendas, se encontraron sótanos para la tortura, la violación y el secuestro. Algunas viviendas tenían en su interior químicos y explosivos empleados para perturbar la paz de la comunidad. Unas casas dedicadas a la prostitución, con un aproximado de 500 mujeres entre niñas y adolescentes en esclavitud sexual. Además se incautó gran cantidad de mercancía de contrabando lo que demostró cómo varios grupos delincuenciales usan a los niños para actividades ilícitas como el contrabando de mercancía y la trata de personas, aseveró el Gobernador. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro informó del decomiso de unas 18 mil toneladas de productos de primera necesidad en el Estado Táchira
En el lugar se capturaron a 10 paramilitares que portaban uniformes de uso privativo del Ejército colombiano y varios de ellos tienen solicitud de captura desde Colombia. Además, el gobernador Vielma informó que en San Antonio el comercio se encuentra cerrado porque los paramilitares han amenazado a quienes se atrevan a abrirlo.
Vielma, aclaró que las viviendas de las familias que han sido demolidas van a ser sustituidas por otras en condiciones dignas como lo han hecho a lo largo de la Misión Vivienda que ofrece su gobierno, aseguró además que se les va a garantizar salud y educación como se ha hecho con los colombianos que han llegado a ese país como desplazados. Lo que este gobierno pretende es desmantelar las bandas criminales y de contrabando en el país, agregó.
Por su parte, el Defensor del Pueblo de Venezuela, Tareck William Saab, en un informe que entregó en su país, ratificó que el 25% de las viviendas que ha entregado el Gobierno de Venezuela ha sido a familias colombianas.
Colombianos refugiados en Venezuela
La Comisión Nacional para Refugiados en Venezuela señala que hay 5.991 colombianos refugiados en ese país que han sido desplazados por la guerra interna de Colombia. Cúcuta se encuentra dentro de las ciudades que presentan problemas de desaparición, maltrato, torturas y asesinatos causados por los grupos pos desmovilización.
El último éxodo de colombianos a Venezuela fue en el paro campesino de 2013 cuando unas 150 personas entre mujeres, niños y adultos mayores huyeron a Venezuela por temor a los continuos ataques de la Fuerza Pública contra los campesinos. En Venezuela, los colombianos recibieron atención humanitaria, alimentación y salud.
Ya se habían presentado desplazamientos masivos cuando se produjo la incursión paramilitar en esa zona del país a finales de los 90. En 2001 la Defensoría del Pueblo de Cúcuta denuncio que a esa entidad llegaron un promedio de 4 familias diarias que fueron desplazadas. El informe advirtió que los desplazados salían hacia Venezuela y algunos regresaban a Cúcuta.
Henry, un colombiano que regresó a Colombia esta semana, cuenta que él se fue desplazado del Catatumbo desde hace 10 años a Venezuela: “Salí huyendo de la incursión paramilitar y me quedé en Venezuela trabajando, pero ahora me preocupan mis dos hijas que tienen limitaciones físicas, no tengo de qué vivir, solo esperar que el presidente de Colombia nos de una solución.
Las soluciones con los deportados
El presidente Santos en su visita a los albergues en Cúcuta y Villa del Rosario habló con los deportados y les prometió soluciones: “Educación, salud y vivienda gratis”. Ante los anuncios del presidente, las familias mantienen la aspiración que el mandatario colombiano cumpla con su palabra y no terminen en el olvido como ha pasado casi siempre.
Los desplazados en Colombia, además de ser víctimas de la violencia son sometidos al olvido y al abandono. Así lo señala un informe de Médicos sin Fronteras en 2010. El informe admite que las personas desplazadas además tienen afectaciones sicológicas: "están tan estigmatizadas que no se atreven a hablar de su sufrimiento". Carmen Martínez, integrante de la comisión aseguró que las personas en condición de desplazamiento son de nuevo víctimas, esta vez de "la marginación y la exclusión social”.
Lo que se vive en la frontera después del cierre
Después de ocho días de cierre de la frontera se ven los efectos. En Táchira empezaron a aparecer los productos que se hallaban escasos y se redujeron las colas en las estaciones de servicio. Además, indicaron las autoridades venezolanas, ha disminuido la tasa de crímenes.
En Cúcuta y su Área Metropolitana se ven las enormes colas en las estaciones de servicio y ya son pocos los pimpineros (vendedores de combustible) que ejercen esta labor. Una pimpina de gasolina que costaba 20 mil pesos se ha incrementado en 50 mil pesos. Deportados y habitantes de Cúcuta le han pedido a la administración local y nacional tomar medidas para solucionar el desempleo y la crisis que viven sus habitantes.
Po su parte, el Alcalde de Cúcuta, Donamaris Paris Lobo, salió a rasgarse las vestiduras ante los deportados por su situación y a ofrecer apoyo. El alcalde olvida que durante su administración ha desalojado a los vendedores informales, quienes han denunciado la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública constantemente, les han quitado sus carretas, los víveres y el “plante” con el que hombres y mujeres cabeza de familia se ganan la vida.
¿Se cumplirán los anuncios de solidaridad, de apoyo y de empleo a las familias deportadas? ¿Será simple protagonismo mediático y oportunista de quienes quieren esconder la verdadera realidad del país que desaloja y viola los derechos humanos?
Considerar la situación de personas deportadas y desplazadas en Colombia es una realidad que está sujeta al actor que las evalúe. La realidad de la frontera colombiana es patética, Cúcuta conserva los primeros lugares en desempleo y es la tercera ciudad más violenta del país. Sobre estas condiciones, las huellas que dejan los deportados sobre el rio Táchira y la frontera no son muy diferentes a las que han dejado los desplazados sobre el territorio colombiano durante los múltiples desalojos que han ocasionado la Fuerza Pública y el conflicto armado del país.
Son situaciones que no se pueden medir, entendiendo que los implicados son mujeres, hombres, niños, niñas y adultos mayores que ven violentados sus derechos, su modo de vida, la supervivencia, el tejido social y familiar y el derecho a una vida digna.
¿Qué dicen las autoridades venezolanas?
Desde el cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela la semana pasada, van más de mil colombianos deportados. La medida la tomó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, después de que resultaran heridos un soldado y dos tenientes de la Fuerza Armada de Venezuela en labores contra el contrabando.
José Gregorio Vielma Mora, Gobernador del Estado Táchira, notificó que unas 1600 familias colombianas se habían tomado un terreno en San Antonio y construyeron sus casas allá, muchas de esas familias son desplazadas de Colombia, sin embargo, se les ha garantizado el respeto y se están deportando a su país para solucionar su legalidad.
Al realizar la inspección de las viviendas, se encontraron sótanos para la tortura, la violación y el secuestro. Algunas viviendas tenían en su interior químicos y explosivos empleados para perturbar la paz de la comunidad. Unas casas dedicadas a la prostitución, con un aproximado de 500 mujeres entre niñas y adolescentes en esclavitud sexual. Además se incautó gran cantidad de mercancía de contrabando lo que demostró cómo varios grupos delincuenciales usan a los niños para actividades ilícitas como el contrabando de mercancía y la trata de personas, aseveró el Gobernador. Asimismo, el presidente Nicolás Maduro informó del decomiso de unas 18 mil toneladas de productos de primera necesidad en el Estado Táchira
En el lugar se capturaron a 10 paramilitares que portaban uniformes de uso privativo del Ejército colombiano y varios de ellos tienen solicitud de captura desde Colombia. Además, el gobernador Vielma informó que en San Antonio el comercio se encuentra cerrado porque los paramilitares han amenazado a quienes se atrevan a abrirlo.
Vielma, aclaró que las viviendas de las familias que han sido demolidas van a ser sustituidas por otras en condiciones dignas como lo han hecho a lo largo de la Misión Vivienda que ofrece su gobierno, aseguró además que se les va a garantizar salud y educación como se ha hecho con los colombianos que han llegado a ese país como desplazados. Lo que este gobierno pretende es desmantelar las bandas criminales y de contrabando en el país, agregó.
Por su parte, el Defensor del Pueblo de Venezuela, Tareck William Saab, en un informe que entregó en su país, ratificó que el 25% de las viviendas que ha entregado el Gobierno de Venezuela ha sido a familias colombianas.
Colombianos refugiados en Venezuela
La Comisión Nacional para Refugiados en Venezuela señala que hay 5.991 colombianos refugiados en ese país que han sido desplazados por la guerra interna de Colombia. Cúcuta se encuentra dentro de las ciudades que presentan problemas de desaparición, maltrato, torturas y asesinatos causados por los grupos pos desmovilización.
El último éxodo de colombianos a Venezuela fue en el paro campesino de 2013 cuando unas 150 personas entre mujeres, niños y adultos mayores huyeron a Venezuela por temor a los continuos ataques de la Fuerza Pública contra los campesinos. En Venezuela, los colombianos recibieron atención humanitaria, alimentación y salud.
Ya se habían presentado desplazamientos masivos cuando se produjo la incursión paramilitar en esa zona del país a finales de los 90. En 2001 la Defensoría del Pueblo de Cúcuta denuncio que a esa entidad llegaron un promedio de 4 familias diarias que fueron desplazadas. El informe advirtió que los desplazados salían hacia Venezuela y algunos regresaban a Cúcuta.
Henry, un colombiano que regresó a Colombia esta semana, cuenta que él se fue desplazado del Catatumbo desde hace 10 años a Venezuela: “Salí huyendo de la incursión paramilitar y me quedé en Venezuela trabajando, pero ahora me preocupan mis dos hijas que tienen limitaciones físicas, no tengo de qué vivir, solo esperar que el presidente de Colombia nos de una solución.
Las soluciones con los deportados
El presidente Santos en su visita a los albergues en Cúcuta y Villa del Rosario habló con los deportados y les prometió soluciones: “Educación, salud y vivienda gratis”. Ante los anuncios del presidente, las familias mantienen la aspiración que el mandatario colombiano cumpla con su palabra y no terminen en el olvido como ha pasado casi siempre.
Los desplazados en Colombia, además de ser víctimas de la violencia son sometidos al olvido y al abandono. Así lo señala un informe de Médicos sin Fronteras en 2010. El informe admite que las personas desplazadas además tienen afectaciones sicológicas: "están tan estigmatizadas que no se atreven a hablar de su sufrimiento". Carmen Martínez, integrante de la comisión aseguró que las personas en condición de desplazamiento son de nuevo víctimas, esta vez de "la marginación y la exclusión social”.
Lo que se vive en la frontera después del cierre
Después de ocho días de cierre de la frontera se ven los efectos. En Táchira empezaron a aparecer los productos que se hallaban escasos y se redujeron las colas en las estaciones de servicio. Además, indicaron las autoridades venezolanas, ha disminuido la tasa de crímenes.
En Cúcuta y su Área Metropolitana se ven las enormes colas en las estaciones de servicio y ya son pocos los pimpineros (vendedores de combustible) que ejercen esta labor. Una pimpina de gasolina que costaba 20 mil pesos se ha incrementado en 50 mil pesos. Deportados y habitantes de Cúcuta le han pedido a la administración local y nacional tomar medidas para solucionar el desempleo y la crisis que viven sus habitantes.
Po su parte, el Alcalde de Cúcuta, Donamaris Paris Lobo, salió a rasgarse las vestiduras ante los deportados por su situación y a ofrecer apoyo. El alcalde olvida que durante su administración ha desalojado a los vendedores informales, quienes han denunciado la violación de los derechos humanos por parte de la fuerza pública constantemente, les han quitado sus carretas, los víveres y el “plante” con el que hombres y mujeres cabeza de familia se ganan la vida.
¿Se cumplirán los anuncios de solidaridad, de apoyo y de empleo a las familias deportadas? ¿Será simple protagonismo mediático y oportunista de quienes quieren esconder la verdadera realidad del país que desaloja y viola los derechos humanos?
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