Honduras: Jueza decreta sobreseimiento por falta de pruebas a estudiantes de UNAH

Por Cesario Padilla | Pasos de Animal Grande

Los 12 estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS), obtuvieron un sobreseimiento definitivo este lunes 10 de agosto de 2015 ante la acusación presentada por las autoridades de la máxima casa de estudios.

Los y las jóvenes que fueron sobreseidos de los delitos de usurpación y detentación de espacios públicos en San Pedro Sula fueron: Sayra Yossira Rodríguez Sánchez, Consuelo Eudoxia Melara Regalado, José Daniel Morales Amaya, Edwin Dionel Molina Vásquez, Heydi Dariela Paz Navarro, José Luis Peña Tábora, Marcio Lennin Mondragón Cardona, Jennifer Nicole Rodríguez Sánchez, Marco Tulio Rubí Callejas, Saúl Ovet Alejandro Córdova Morales, Hugo Armando Lemus Mejía y Mario Roberto Orellana Hernández.

Sin lograr quedó la aspiración de verles tras las rejas, objetivo propuesto por las autoridades de la UNAH que movieron todo lo que estuvo a su alcance para lograr su cometido, sin embargo, la justicia en el Norte del país brilló esta vez.

La Jueza Rosa Amalia Rajo desestimó el juicio al argumentar que no encontró las suficientes pruebas para responsabilizar a los y las jóvenes de los delitos que les imputaban las autoridades de la universidad nacional. Incluso señaló que  la seguridad privada encargada del cuidado de los predios universitarios estableció que no hubo desorden alguno al hacer la toma y que no lograron identificar responsables de la misma de forma individual.

La profesional del derecho detalló que la única testigo que presentó nombres de los acusados fue la Jefa de la carrera de Odontología de UNAH-VS, Ericka Grisales al “identificar” a Sayra Yossira Rodriguez, pero porque ella es la representante de la asociación.

Para decidir en este caso la jueza hizo un relato de la protesta y de los derechos que tienen los estudiantes de hacer sus reclamos. Para ella es necesario que la institución establezca los mecanismos y los estatutos que regulen toda la problemática de la universidad y  no es ante un juzgado de lo penal que tienen  que resolverse.

Esta sería la primera vez en todos los procesos incoados contra los líderes y lideresas estudiantiles que se hace un análisis preciso de lo que significa la protesta social, coincidiendo con lo que señala la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la Relatoría de Libertad de Expresión.

Un rayito de justicia

Al escuchar la frase de la jueza Rajo  "se decreta sobreseimiento definitivo a todos los jóvenes por los delitos antes descritos", la esperanza llenó los rostros de los y las estudiantes que han sorteado una serie de presiones, entre ellas la estigmatización y la descalificación y por último al no doblegarlos, los procesos penales.

Al salir de la sala y con un peso menos encima, Marcos Rubí destacó el desarrollo normal de la audiencia, la cual duró aproximadamente 45 minutos. Igualmente reiteró “la imparcialidad de la jueza” y el hecho que las pruebas presentadas en su contra por parte de la Fiscalía del Ministerio Púbico fueron desestimadas.

“Los testigos presentados por parte de la fiscalía declararon a favor de nuestra causa, incluso el jefe de la seguridad fue muy enfático en repetir que la protesta fue totalmente pacífica y que no pudo identificar a ninguno de los estudiantes en los hechos de los que estamos hablando”, dijo Rubí.

Él, junto a Saul Ovet Córdova, enfrentan con este su tercer proceso penal, lo que deja en evidencia la campaña de criminalización hacia su accionar como estudiantes universitarios en la zona Norte.

En julio del año anterior empezó el primero de tres capítulos al acusarles de detentación de espacios públicos, la citatoria fue girada por el Ministerio Público en el mes de octubre de 2014. A finales del mes de noviembre de ese mismo año, recibieron una segunda citatoria, para abrirles otro proceso por la misma causa, con el agregado de que realizaban reuniones ilícitas.

Lo curioso del estos dos procesos es que los estudiantes antes mencionados no recibieron su citatoria personalmente, siguiendo el debido proceso, y además fueron citados en la Fiscalía de Tegucigalpa.

“Por lo menos de un rayito de justicia le hace un bien al Poder Judicial”, expresó Marcos Rubí quien cursa la carrera de Sociología y forma parte del Movimiento Estudiantil Revolucionario “Lorenzo Zelaya” en  la UNAH-VS, al tiempo que lamentó el hecho que a pesar de la resolución dictada hacia su persona y sus demás compañeros y compañeras, existen otros casos en algunos centros regionales y en la sede de la capital hondureña en los cuales se les continúa el proceso penal bajo la sombra intolerante de quienes dirigen los destinos académicos de la alma mater.

Mientras se sobreseyó el juicio para  los 12 estudiantes de San Pedro Sula, continúa la espera de 10 jóvenes para salir del “ templo de serpientes” como dijo el poeta Roberto Sosa. Son  perseguidos por la ola criminalizadora en los centros regionales de La Ceiba donde hay tres enjuiciados, otros tres en Choluteca y en Ciudad Universitaria cuatro.

En la capital los cuatro muchachos ya pasaron por la Audiencia Inicial donde la jueza a cargo les dictó Auto de Formal Procesamiento a tres de ellos el pasado 07 de agosto, mientras el otro restante tendrá esta audiencia el próximo 17 de agosto. Mientras que los del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico, CURLA, estarán sometidos a una audiencia similar este 13 de agosto.

En Choluteca , la misma audiencia se realizaría el 06 de agsoto, pero fue pospuesta sin que hasta ahora haya una fecha señalada.

Los y las estudiantes de esa zona han pasado por diferentes circunstancias peligrosas para su integridad, entre ellas la que ese día 06 de agosto en apoyo a sus compañeros realizaron una protesta pacífica, pero las autoridades universitarias los dejaron a la fuerza dentro del edifico obligando a todos los empleados a salir del mismo e incluso a la guardia de seguridad.

Fue necesario recurrir directamente a Roberto Herrera Cáceres, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, CONADEH, para que interviniera y que las autoridades recibieran el edificio.

Había la mala intención de achacarles daños al edificio, al igual que pretendieron hacerlo con los de Tegucigalpa donde la rectora Julieta Castellanos a través de su área financiera presentó una constancia donde señalaba que los daños en las tomas ascendían a 13 mil 800 millones de lempiras y eran responsabilidad de Moisés Cáceres, Cesario Padilla y Sergio Ulloa, y amenazaron con iniciar una demanda civil para que los pagaran ese dinero.