 |
| Contrapunto |
Por Dora Reyes | ContraPunto
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer el 24 de agosto la ratificación sobre la aplicación constitucional de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT) a los grupos pandilleriles del país. Para algunos sectores la medida no resolvería la violencia en el país.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio a conocer el 24 de agosto la ratificación sobre la aplicación constitucional de la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo (LECAT) a los grupos pandilleriles del país. Para algunos sectores la medida no resolvería la violencia en el país.
Dicha validación contempla que “la Sala concluye que son grupos terroristas la las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la Pandilla 18 o Mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminal que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado, atemorizando, poniendo en grave riesgo o afectando sistemática e indiscriminadamente los derechos fundamentales de la población o de parte de ella”.
Ante esta resolución, pandilleros, jefes o colaboradores a los que se les acuse de “terroristas” deberán de purgar penas de entre 10 y 60 años en prisión.
El gobierno y algunos funcionarios, ante la resolución emitida, han mostrado su satisfacción, sin embargo, Nelson Flores, coordinador del Programa de Seguridad de la Fundación de Estudios para la Aplicación del derecho (FESPAD) asegura que la decisión de la Sala “no es lo más conveniente porque esta acción no significa que el problema se va a arreglar, no se debe abusar del derecho penal, creyendo que todo se va a resolver de manera punitiva”.
Flores afirmó que existen otras leyes como: la Ley de Proscripción de Pandillas y la Ley Antimaras “que no han resuelto nada, sino que han venido a agravar la situación de violencia y la situación de derechos humanos, pues al final no solo se captura al delincuente sino también a otras personas inocentes” dijo Flores.
Asimismo ejemplificó su postura comparando las medidas que ha tomado el gobierno de Guatemala para contrarrestar la ola de violencia que los atañe como país, “en Guatemala se aprobó la pena de muerte, sin embargo, no han resuelto el problema de delincuencia e incluso se dan violaciones mucho más fuertes a los derechos humanos”.
El coordinador del Programa de FESPAD señaló que para solucionar el problema debe haber una voluntad política de todos los partidos, “también deberían establecer programas que permitan la rehabilitación de las personas y además perseguir el delito castigando con todo el peso de la ley, a aquellas personas que los cometan. Una coordinación institucional es muy valiosa”.
Por su parte y contrario a los planteamientos de Flores, el exministro de Seguridad, Francisco Beltrán Galindo, está de acuerdo con la resolución de la Sala para aplicar la Ley antiterrorista. No obstante manifestó que debe de trabajar de la mano de otras iniciativas para que funcione.
“Creo que la ley por sí misma no va a desaparecer el fenómeno, la ley es una herramienta y debe haber voluntad de hacerla cumplir. Nuestro país tiene bastantes leyes pero en el caso de pandillas nunca se aplicaron en el momento, eso hizo que el fenómeno creciera y ha llegado a la magnitud en la que esta”, apuntó el exfuncionario.
El exministro afirmó al igual que el coordinador de FESPAD que para el buen funcionamiento de la ley debe haber “una voluntad política”.
“La voluntad debe ser real para determinar el problema y controlar a las pandillas en términos operativos y territoriales. Obviamente siempre van a existir las pandillas en el país, pero más allá podrían existir en términos sistémicos pero no relevantes, que es lo que deberíamos buscar” agregó Galindo.
Además agregó que, si bien es cierto, la parte represiva no es la solución; pero es necesaria para corregir el fenómeno.
“El fenómeno pandilleril ha ido creciendo como un árbol grande y grueso que para combatirlo primero tienen que ver, cómo le corta las ramas, cómo lo debilita para después evaluar como tirar el árbol, a eso le llamo parte represiva y sería una miopía espantosa creer que esa aplicación por sí sola es la solución, sino que es el inicio de ella”, finalizó Galindo.
Ante esta resolución, pandilleros, jefes o colaboradores a los que se les acuse de “terroristas” deberán de purgar penas de entre 10 y 60 años en prisión.
El gobierno y algunos funcionarios, ante la resolución emitida, han mostrado su satisfacción, sin embargo, Nelson Flores, coordinador del Programa de Seguridad de la Fundación de Estudios para la Aplicación del derecho (FESPAD) asegura que la decisión de la Sala “no es lo más conveniente porque esta acción no significa que el problema se va a arreglar, no se debe abusar del derecho penal, creyendo que todo se va a resolver de manera punitiva”.
Flores afirmó que existen otras leyes como: la Ley de Proscripción de Pandillas y la Ley Antimaras “que no han resuelto nada, sino que han venido a agravar la situación de violencia y la situación de derechos humanos, pues al final no solo se captura al delincuente sino también a otras personas inocentes” dijo Flores.
Asimismo ejemplificó su postura comparando las medidas que ha tomado el gobierno de Guatemala para contrarrestar la ola de violencia que los atañe como país, “en Guatemala se aprobó la pena de muerte, sin embargo, no han resuelto el problema de delincuencia e incluso se dan violaciones mucho más fuertes a los derechos humanos”.
El coordinador del Programa de FESPAD señaló que para solucionar el problema debe haber una voluntad política de todos los partidos, “también deberían establecer programas que permitan la rehabilitación de las personas y además perseguir el delito castigando con todo el peso de la ley, a aquellas personas que los cometan. Una coordinación institucional es muy valiosa”.
Por su parte y contrario a los planteamientos de Flores, el exministro de Seguridad, Francisco Beltrán Galindo, está de acuerdo con la resolución de la Sala para aplicar la Ley antiterrorista. No obstante manifestó que debe de trabajar de la mano de otras iniciativas para que funcione.
“Creo que la ley por sí misma no va a desaparecer el fenómeno, la ley es una herramienta y debe haber voluntad de hacerla cumplir. Nuestro país tiene bastantes leyes pero en el caso de pandillas nunca se aplicaron en el momento, eso hizo que el fenómeno creciera y ha llegado a la magnitud en la que esta”, apuntó el exfuncionario.
El exministro afirmó al igual que el coordinador de FESPAD que para el buen funcionamiento de la ley debe haber “una voluntad política”.
“La voluntad debe ser real para determinar el problema y controlar a las pandillas en términos operativos y territoriales. Obviamente siempre van a existir las pandillas en el país, pero más allá podrían existir en términos sistémicos pero no relevantes, que es lo que deberíamos buscar” agregó Galindo.
Además agregó que, si bien es cierto, la parte represiva no es la solución; pero es necesaria para corregir el fenómeno.
“El fenómeno pandilleril ha ido creciendo como un árbol grande y grueso que para combatirlo primero tienen que ver, cómo le corta las ramas, cómo lo debilita para después evaluar como tirar el árbol, a eso le llamo parte represiva y sería una miopía espantosa creer que esa aplicación por sí sola es la solución, sino que es el inicio de ella”, finalizó Galindo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Se eliminarán los comentarios que contienen vulgaridades o elementos de violencia verbal