Honduras: "La lucha contra la corrupción y la impunidad, y el restablecimiento del Estado de Derecho" FNRP

Por FNRP

La presencia en Honduras de una delegación de la Organización de Naciones Unidas con el propósito de explorar, in situ, la opinión de los diferentes sectores de la sociedad hondureña frente a la crisis provocada por los altos niveles de corrupción y los índices de impunidad y conocer la posición de los mismos respecto al diálogo convocado por el señor Juan Orlando Hernández, ha abierto un espacio para que dicho organismo internacional conozca la verdadera motivación y las condiciones concretas del país en que se plantea tal iniciativa.

Aunque el fenómeno de la corrupción y de la impunidad han acompañado la evolución histórica de Honduras, se ha sumado a éste un elemento nuevo que ha desbordado la tolerancia de nuestro pueblo y generalizado la indignación: la existencia de pruebas irrefutables que comprometen a los principales representantes de los poderes del Estado, del partido de gobierno y al propio gobernante  en los actos de corrupción, de  robo y saqueo de las instituciones sociales, pues se ha puesto al descubierto que parte significativa de esos fondos fueron utilizados para financiar las elecciones internas de su partido y su campaña presidencial, así como el encubrimiento y falta de castigo a los responsables de tales actos por parte de los órganos encargados de promover las acciones correspondientes.

La crisis que se vive desde el golpe de Estado de 2009 ha evidenciado una desconfianza extrema del pueblo hondureño en la institucionalidad del país, que ha estado sometida al control omnímodo de quien ejerce el poder ejecutivo de manera arbitraria, precarizando los principios fundamentales en que se sustenta el Estado de derecho y el régimen democrático, especialmente en lo que se refiere a la división y el equilibrio de poderes y el respeto a los derechos humanos.

El actual mandatario ha intentando desviar la atención de la opinión pública en torno a los casos emblemáticos de corrupción y el reclamo del movimiento de los indignados, montado una campaña en torno a los supuestos o reales logros de su gobierno, como si ese fuera el problema en discusión, cuando de lo que se trata es de su obligación de dar cuenta de su responsabilidad  y la de sus familiares en los mismos, de la negligencia del Ministerio Público y de la inoperancia del sistema de justicia en cuanto a el castigo de los implicados.

Por el contrario, frente a la denuncia documentada de tales hechos, se ha dedicado a descalificar la oposición política y a culparla de impedir sus ejecutorias, acusándola de  estar ligada con el crimen organizado y  empeñada en boicotear su buen gobierno. Todo esto, a pesar de haber aceptado públicamente que  su partido recibió parte de los fondos saqueados del Instituto Hondureño de Seguridad Social y prometido devolverlos, como si con este gesto bochornoso suprimiera el delito cometido.

En el contexto de la denuncia de la corrupción y de la presentación de las pruebas correspondientes, que nadie ha podido desvirtuar, surgen  las marchas de las antorchas, de indignados e indignadas, que han movilizado a miles de personas en más 75 ciudades y poblados del país y a hondureñas y hondureños dispersos en más de 20 ciudades del extranjero, y la huelga de hambre que se ha desarrollado bajo un hostigamiento permanente del aparato policial y de un despliegue militar con propósitos de intimidación, que los huelguistas han denunciado oportunamente.

La exigencia de este movimiento contra la corrupción y la impunidad imperantes ha sido y continúa siendo la del establecimiento en Honduras de una Comisión Internacional Contra la Impunidad por parte de las Naciones Unidas, dada la precaria institucionalidad del país y la falta de credibilidad de quienes hablan en su nombre.

El titular del ejecutivo ha prestado oídos sordos al reclamo de la ciudadanía indignada en este sentido, y ante el cuestionamiento a que ha estado siendo sometido,  ha reaccionado convocando a un diálogo con sectores afines a su gobierno y solicitado a la ONU y a la OEA los facilitadores del mismo, prescindiendo por completo del movimiento de los indignados y sin dar respuesta a su demanda específica de una Comisión Internacional de lucha contra la Impunidad para Honduras.

Los indignados, han ratificado su exigencia de la solicitud de la CICIH y su negativa a participar en un diálogo nacional que conlleva la formulación de una propuesta diferente. Por la experiencia de diálogos fallidos, que solo han servido para manipular la opinión pública y bajar la presión que ejerce la ciudadanía en momentos de crisis como la presente, no se ha dejado engañar,  porque saben perfectamente  que los convocantes en este caso son parte del problema y no de la solución, y que los  convocados por el régimen tampoco gozan de la credibilidad necesaria.

Así las cosas, la oposición indignada ha hecho el llamado a continuar las  movilizaciones, que son la mejor forma de expresar la voluntad popular de hacerse escuchar y de hacer entender a propios y extraños que su propuesta no es negociable.

Las organizaciones sociales y políticas que enfrentaron el golpe de Estado y que plantearon en su momento la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para el restablecimiento del Estado de derecho, están presentes en este vigoroso  movimiento de indignados y avalan su propuesta como un primer paso para abordar la crisis, aunque el mismo debe estar inserto en una estrategia que permita encarar los problemas estructurales que aquejan a la sociedad hondureña. Entre esos problemas está precisamente el de la institucionalidad destruida con el golpe de Estado, que dos procesos electorales fraudulentos no han podido resolver, y que los afanes reeleccionistas del titular del ejecutivo han precarizado con la creciente concentración del poder, la que bloquea la búsqueda de una solución democrática del mismo.

El restablecimiento del Estado de derecho y la construcción de un nuevo pacto social para resolver -y no para paliar- los problemas que la crisis  en la presente coyuntura nos plantea, pasa por cambiar radicalmente los procesos de selección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Judicatura, del Ministerio Público, del Tribunal Superior de Cuentas, del Tribunal Supremo Electoral, así como la democratización del Congreso Nacional, secuestrados en la actualidad por un proyecto autoritario promovido desde las esferas del poder.

La lucha contra la corrupción y la impunidad sin la creación de una nueva institucionalidad que redefina visiones y enfoques, políticas y mecanismos para hacer efectiva la transparencia, el control y la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de los asuntos públicos, puede desembocar en graves frustraciones.

Solo desde una nueva institucionalidad se podrá librar una lucha consecuente contra la corrupción y la impunidad, que son consubstanciales a un modelo económico excluyente  y un régimen político autoritario que privilegia la violencia en sus relaciones con el pueblo.

El establecimiento de una Comisión Internacional para la lucha contra la Impunidad  requiere de un andamiaje jurídico y de un personal idóneo para garantizar el cumplimiento de sus fines. La misma, en todo caso, deberá formar parte de una acción sostenida encaminada a establecer un verdadero Estado de derecho,  sobre la base de un nuevo pacto social que permita abordar y promover los cambios que el país necesita para salir del atraso y crear las condiciones de una vida digna para todos los hondureños y hondureñas.