Por FECONLa Procuraduría General de la República solicitó reagendar la audiencia preliminar en el proceso legal en contra del Hotel Riu por daños ambientales durante su construcción. Aún no existe certeza sobre la realización del juicio, pues a última hora se presentaron de informes de peritaje desconocidos por la Procuraduría. La jueza aceptó la petición de la Procuraduría y solicitó agendas para la reprogramación la audiencia.
La defensa de Riu está compuesta por siete abogados, entre los cuales está Ana Virginia Calzada, exmagistrada de la Sala Constitucional. La participación de Calzada fue impugnada por la Fiscalía, pues mientras estaba en ejercicio en la Sala IV resolvió acciones legales contra el hotel.
Según el ecologista Gadi Amit, el grupo de abogados de Riu no ahorró en insultos, prepotencia y ataques personales incluso contra la jueza, atacaron la resolución y la postergación.
La presencia de la Calzada no sorprendió a los ecologistas. Meses atrás la catalogaron como la exmagistrada "pro minera" por su participación en la audiencia del Tajo Asunción a favor de la empresa minera. Denunciaron que al mismo tiempo era asesora para el Gobierno y lo ha representado en la Fundación de Parques Nacionales.
El movimiento ecologista se cuestiona si no existe algún impedimento para que un exmagistrado litigue siendo asesor del gobierno. Pareciera impropio que por el cargo ostentado lo haga y además se presente ante jueces que posiblemente pudieran haber sido subalternos, amigos, conocidos. Esto podría implicar presión sobre su gestión.
Los ecologistas cuestionaron a Calzada por sus actuaciones en resolución de recursos de amparo y en una acción de inconstitucionalidad interpuesta por la empresa minera Infinito Gold en el caso "Crucitas". Esa acción buscaba cuestionar el fallo que canceló la concesión del Tribunal Contencioso Administrativo (TCA). La complicidad, simpatía y parcialidad con la empresa quedó en evidencia en Setiembre de 2009 en la visita judicial de Sala IV a la mina en Crucitas.
Para los ecologistas el hotel es responsable moral y éticamente del daño ambiental. Entre los daños estarían: destruir y rellenar un manglar, por intento de cerrar el acceso público a la playa (con ayuda de la Municipalidad de Carrillo), el uso intensivo del agua en una región con escasez; la destrucción con dinamita del arrecife en la playa frente al hotel; la tala y entierro de árboles además del desvió del cauce de la Quebrada Huesera, la invasión de su área de protección y su posterior entubamiento. También por secamiento y posterior muerte de árboles dentro de la zona marítima que estorbaba la vista a la playa. También afectó un territorio de anidación de tortugas marinas, que se ha visto severamente afectado por las actividades del hotel como por la contaminación lumínica y sonora.
Además, consideran que tiene responsabilidades en la muerte del trabajador Rafael Antonio Pérez en circunstancias poco claras en un contexto de insalubridad y hacinamiento, por el uso de mano de obra extranjera inmigrante, la mayoría sin derechos laborales básicos, seguro social, vacaciones o liquidación. Lamentablemente este no es un caso aislado. La cadena española también fue denunciada y condenada en Jamaica, México en Cancún y en Puerto Vallarta y en Andalucía.
El movimiento ecologista incentiva al público general a no utilizar los servicios del Hotel Riu, pues consideran que todas las circunstancias anteriores son propias de una empresa irresponsable. Instan a cualquier persona a buscar alternativas turísticas a dicho hotel, que no pongan en riesgo los derechos de la naturaleza y comunidades de Costa Rica.
Informes Confraternidad Guanacasteca, Gadi Amit 88268216 o 26720238 y FECON, Mauricio Alvarez 88709165.
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