¿Derechos para trabajadores? Estado de Guatemala responde con lo opuesto

Carlos Sebastián

Por Rodrigo Véliz | CMI Guatemala

El empresario se mecía en la silla y frotaba una mano contra su jeans azul. Con la otra sostenía el micrófono con el que interrumpía a su contraparte. A veces ni siquiera terminaba las frases, las decía sin que se pudieran oír, o balbuceaba. Escuchaba atentamente, eso sí. Pero no estaba de acuerdo. Y además estaba molesto. Muy molesto. Eso permitió el desliz:

«Obviamente se violan los derechos laborales», dijo Alejandro Ceballos, directivo de la Comisión de Vestuario y Textiles (Vestex), cuando finalmente fue su turno de hablar en la edición del 19 de septiembre del programa Diálogo Libre. «Se violan todos los días en Guatemala (…). Por eso la respuesta es ir al Panel. Vámonos al Panel, se acabó el problema y seguimos trabajando. Porque ya ni trabajar nos dejan. Sólo quitan tiempo. Igual, van a venir más procesos». 

Ceballos se refería al Panel Arbitral, un tipo de juicio que Estados Unidos empezará en contra del Estado de Guatemala, por el que amenaza con una multa de Q120 millones como medida de presión para reducir la impunidad laboral. Es decir, EE.UU. cree que así el Estado de Guatemala castigará a los empresarios que violan los derechos de los trabajadores para reducir costos y poder competir.

El Panel comenzó con ocho casos, de los cuales dos se le imputan a Vestex, la agrupación de empresas maquileras de ropa. El mismo Ceballos aceptó, en medio de su arranque de enojo y transparencia, que su empresa ha sido llevada por la Inspección de Trabajo 150 veces y a las cortes laborales otras 20, y que varios de los juicios han concluido en sentencias condenatorias.*

Desde que Estados Unidos empezó a amenazar con llevar a Guatemala a juicio por este tema, el Estado y la cúpula empresarial han presentado propuestas para acallar a sus críticos. Las medidas también buscan responder las simultáneas presiones de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), que en octubre de 2014 decidió continuar con una queja en contra de Guatemala, que pospuso en 2013.

Las respuestas de la cúpula empresarial y el gobierno del PP parecen estar en otra autopista, una que transita por el carril contrario. Lo que queda claro en los acuerdos gubernativos, se escucha en las entrevistas y pláticas de pasillo es una sola cosa: nada va a cambiar.

Se aprobarán reformas, pero para asegurar que todo se mantenga igual, como con la petición de la Organización Mundial de Comercio para que Guatemala deje de subsidiar exportaciones.

El agujero en la justicia

Las cortes son apuntadas como responsables. «Mostramos nuestra preocupación por el alto nivel de incumplimiento de las sentencias judiciales en materia laboral», dijo la Misión Tripartita de Alto Nivel de la OIT en Guatemala en septiembre de 2013. En palabras simples: Guatemala no penaliza a las empresas que incumplen la ley laboral.

Entre sus respuestas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hizo en 2014 el Plan de Fiscalización a los juzgados y salas de trabajo. La medida buscó presionar a los jueces y magistrados para que sus sentencias se cumplan y, en caso contrario, persiguieran penalmente a las empresas que caían en desobediencia.

El encargado de llevar los asuntos internacionales en la Corte era el ex magistrado Mynor Franco. «Los resultados son satisfactorios. No ha habido ningún señalamiento en contra de jueces. Eso ocurría en años anteriores, ya no ahora», afirma, con su tono afable y grandilocuente, luego de una reunión en el Palacio de la Justicia.

«Además, el cuello de botella de los juzgados fue eliminado. Desde que creamos el Centro de Justicia Laboral las cosas son más ágiles», termina Franco refiriéndose al lujoso edificio patrocinado en buena parte por el gobierno de Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC).

Franco continúa: Los juzgados de trabajo son los mejores de Centroamérica, los casos se resuelven en “cuatro o cinco meses”, y la impunidad está cerca de solucionarse.

Por momentos parece que habla de otro país.

«¿No ha habido entonces ninguna sanción en contra de jueces?», se le cuestiona.

«Claro que han habido, hemos perseguido con fuerza a los jueces desobedientes», dice Franco, contradiciendo lo dicho segundos antes. «Sólo en el Consejo [de la Carrera Judicial] hemos expulsado a 22 jueces en cinco años».

El Secretario del Consejo de la Carrera Judicial confirma que ha habido destituciones, pero precisa que son 19, y de ellos sólo 2 son del ramo laboral. Un viejo estudio de la OIT complementa: del 2005 al 2010 ingresaron más de 339 casos en contra de jueces laborales y sólo 5 jueces fueron sancionados. Ninguno fue expulsado.

Franco fue uno de los ocho magistrados titulares que buscaron la reelección en las elecciones de septiembre de 2015y fracasaron. El problema será de la siguiente Corte, electa por el PP y Líder.

El tiro de gracia al Código de Trabajo

El Ejecutivo también ha respondido a las críticas. El Plan de Seguimiento entre Estados Unidos y Guatemala proponía ejercer presión a las empresas exportadoras que violaban derechos laborales. Con esto los sindicatos estadounidenses quieren evitar que se cierren empresas en su país a cambio de venir a países que pueden pagar menores sueldos porque no se respetan los derechos de los trabajadores. Entonces, el Ministerio de Economía sacó el Acuerdo 253-2013, reformando el Reglamento de la Ley de Maquilas con el artículo 23bis: a las empresas que violaran esos derechos se les quitaría de la lista de empresas calificadas para recibir beneficios fiscales.

Pero en la iniciativa de Ley de Inversión y Empleo, que está en agenda legislativa y a punto de ser aprobada, se plantea lo opuesto. La iniciativa busca reemplazar la Ley de Maquilas para cumplir con las presiones de la Organización Mundial de Comercio. Dice que quitará privilegios fiscales a las empresas que no cumplan con los derechos laborales, pero «siempre que no estén sujetas a otra sanción en esta u otras leyes».

Es decir, si son sancionadas por un Juzgado o por la Inspectoría General de Trabajo, eso no implicará sacarlos de la lista de beneficiados con privilegios fiscales. Lo opuesto que propone el anterior Acuerdo, y lo contrario a lo que se firmó con Estados Unidos.

Para el Ministro de Trabajo, Carlos Contreras, con emitir acuerdos basta. El seguimiento es un problema que no le atañe: «Jamás suscribimos que la satisfacción [de Estados Unidos] sería consecuencia de los resultados que esos acuerdos iban a generar. Eso es otra cosa».

La iniciativa de ley de Inclusión Laboral busca que los trabajadores en una jornada parcial tengan salarios por hora y no según el salario mínimo. También busca que los trabajadores puedan participar en el seguro social aunque no estén a tiempo completo (con un salario por tiempo parcial), que ha sido aplaudido por muchos.

«No menos de 700 mil trabajadores guatemaltecos trabajan a tiempo parcial sin ninguna protección laboral. Es un mercado que no podés ignorar», afirma Contreras.

«Eso es ilegal», responde este periodista.

«Pero es real. ¿Y entonces qué? ¿Los dejás en la ilegalidad?».

«No, pero el punto es que se vuelve legal un hecho que era ilegal antes. Eso es regresivo».

«Aaaahh… Y entonces lo que habría que hacer es meter a los 700 mil a que trabajen ocho horas. ¿Y si no quieren?», dice Contreras.

El argumento empresarial y gubernamental es que si se trae a la legalidad a los 700 mil trabajadores que reciben ahora un pago por menos de una jornada completa, eso les dará más fuerza frente a sus patronos y ante los tribunales.

El argumento de la ONU es que el Estado garantice que si un trabajador labora menos de ocho horas, la empresa le pague por esas horas con un salario digno. Teme también que la propuesta pueda hacer que las empresas paguen tiempo parcial aunque las personas puedan trabajar todo el día.

Todo esto mismo ocurre con la iniciativa de reformas al Código de Trabajo, solicitada por el Departamento de Estado norteamericano. Las posturas de académicos y de las centrales sindicales coinciden en que no cumple con lo solicitado (como muestra este reportaje), sino que hace todo lo contrario.

Según un abogado laboralista, se están aprovechando de la coyuntura para hacer reformas que mutilen el Código de Trabajo. «La mayor utilidad del Código es que permite legitimar una denuncia, te da la base jurídica para decir que un hecho es ilegal y que viola derechos fundamentales. Te permite señalar al sector empresarial como uno que produce riqueza de forma ilegal. Ese es el valor y vigencia del Código. Y eso es lo que quieren quitar», afirma.

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Recuperado de su sobresalto luego de una pausa en el programa, Alejandro Ceballos, de Vestex, tuvo la oportunidad de abrir el siguiente segmento. Su discurso era distinto. «El sector privado no tiene nada que ver en el asunto de la violación a los derechos laborales», concluyó Ceballos con calma. Eso parecen respaldar las leyes que están en agenda para ser aprobadas en el Congreso esta semana.