La verdad sobre el EPU. Lo que no dijo el gobierno de Honduras

Por Plataforma Agraria

La Plataforma 25 de Noviembre en contra de la violencia hacia las mujeres integrada por organizaciones campesinas y feministas ante la reciente presentación del Examen Periódico Universal (EPU) por parte del Estado de Honduras en Ginebra, Suiza expresamos lo siguiente:

Que en la  segunda evaluación realizada el 8 de mayo del 2015, Honduras recibió un total de 152 recomendaciones relacionadas con diferentes temáticas de gran relevancia para la agenda de los derechos humanos en nuestro país, en relación a los resultados de la primera evaluación se incrementaron en 23 recomendaciones, dado que en el primero periodo fueron emitidas 129. De las 152 recomendaciones 11 se refieren exclusivamente a respetar los derechos humanos de las mujeres.

Expresamos nuestro respeto por aquellos países miembros de la ONU que asumieron su responsabilidad mostrando sus preocupaciones y haciendo recomendaciones para el respeto a los derechos de las mujeres. A la ves reconocemos que esto no hubiera sido posible sin la incidencia internacional realizadas por las organizaciones feministas y de mujeres del país, en articulación y alianzas con las diferentes expresiones del movimiento feminista en el ámbito internacional.

Expresamos nuestra inconformidad por el informe presentado por la delegación gubernamental al plantear supuestos logros que atentan contra los derechos fundamentales de las mujeres, tales como la Policía Militar de Orden Publico, la función de la Secretaría de Derechos Humanos, reducir algunas secretarias al rango de direcciones como el caso del Instituto Nacional de Mujer y la Secretaria de Derechos Humanos, la militarización en el Aguán, entre otras. 

A las mismas no se les ha destinado un presupuesto, tampoco se cuenta con la institucionalidad necesaria para su implementación, es por eso que aunque se tipificó el femicidios, estos crimines de odio continúan.

El gobierno de Honduras reportó 203 sentencias de homicidio (asesinatos y parricidios en contra de mujeres), pero no dijo que en ese periodo ocurrieron 2,670 femicidios, lo que implica que solo el siete por ciento (7%) de los crímenes obtuvieron sentencia. Además, no se ha informado del desmantelamiento de los mecanismos de la mujer, muestra clara de ello es la baja intensidad con que se implementan las políticas públicas que tienen que ver con las mujeres, la desaparición de la mayoría de las unidades de género de las diferentes secretarias del Estado, así como la marginalidad con la que operan las oficinas municipales de la mujer.

Tal y como lo informó la delegación gubernamental, en efecto se abrió la Unidad de investigación de muertes violentas en al Aguán (UMVIBA), pero no dijo que 815 mujeres han sido criminalizadas en la lucha por el acceso a la tierra, siendo víctimas de desalojos violentos, detenciones ilegales y asesinatos. 

Tampoco dijo que las mujeres campesinas no tienen acceso a la tierra, crédito y asistencia técnica y que, al contrario, su lucha ha sido criminalizada y que solo en el 2014 cuatro mujeres campesinas fueron asesinadas. Aunque se han realizado esfuerzos desde las organizaciones campesinas para  elaborar y presentar proyectos de Ley como CREDIMUJER y la Ley de Reforma Agraria Integral con Equidad de Genero al Congreso Nacional, éstas se encuentran estancadas en la Comisión de dictamen, lo que demuestra el desinterés y la falta de compromiso del gobierno para resolver la problemática agraria en Honduras.

Entre las recomendaciones emitidas por 60 países a favor de las mujeres están: adoptar nuevas medidas para la investigación efectiva; el enjuiciamiento y castigo para los crímenes de odio contra las personas de LGTB y las mujeres; actuaciones efectivas en caso de violencia contra la mujer; implementar efectivamente el Plan de Equidad e Igualdad de Género 2010-2022, asignando recursos técnicos y financieros para alcanzar los objetivos previstos, entre otros.

Finalmente, las organizaciones de la Plataforma 25 de Noviembre instaron al Estado de Honduras aceptar e implementar todas las recomendaciones, que los países del sistema de la Naciones Unidas emitieron para el avance concreto hacia los derechos humanos de las mujeres campesinas y feministas del país.