La banda de "zombis ilustres" de América Latina y España arremete contra Venezuela

Por Maurice Lemoine | Mémoire des Luttes

El 9 de abril, antes de la Cumbre de las Américas, en compañía de los expresidentes Felipe Calderón (México), Jorge Quiroga (Bolivia) y José María Aznar (España), el expresidente colombiano Andrés Pastrana presentó con gran pompa a los medios de comunicación, en un salón de un lujoso hotel, la «Declaración de Panamá».

Firmado también por otros exgobernantes latinoamericanos, el texto denuncia «la grave alteración democrática y constitucional que sufre Venezuela» y «exige la inmediata liberación de los presos políticos y el restablecimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas en ese país». Aprovechando una gran publicidad la declaración se envió a los participantes de la Cumbre, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la ONU. «Hacemos esto para llamar la atención de la comunidad internacional sobre lo que pasa en Venezuela con respecto a los derechos humanos», declaró Andrés Pastrana.

Solo podemos congratularnos de ver a tantos personajes eminentes preocupados por la democracia y el respeto de los derechos humanos en Caracas teniendo en cuenta que las actuaciones y la experiencia de cada uno de ellos son dignas del mayor respeto.

Juzguen ustedes mismos…

Andrés Pastrana. Presidente de Colombia de 1998 a 2000, período durante el cual, según la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, la situación de los derechos en cuestión se agravó considerablemente, en particular debido al auge de los grupos paramilitares vinculados al ejército que actuaban con total impunidad por todo el país. La firma, con Washington, del «Plan Colombia» (sin consultar al Congreso) tuvo como principal consecuencia prolongar y radicalizar el conflicto armado interno.

Felipe Calderón. Nadie podía imaginar que sus seis años de Gobierno (2006-2012) conducirían a México a una situación tan espantosa. Su desastrosa estrategia de militarización de la lucha contra el narcotráfico hizo estallar la utilización de la tortura por parte de las fuerzas armadas y se saldó con 60.000 muertes violentas a las que hay que añadir más de 26.000 «desaparecidos» sin conseguir ningún retroceso del crimen organizado. En cambio la tasa de población pobre (con menos de 100 dólares mensuales) pasó del 43% al 46%.

Jorge Quiroga. Nunca fue elegido presidente de Bolivia. Era vicepresidente cuando accedió brevemente al cargo de presidente (del 7 de agosto de 2001 al 6 de agosto de 2002), cuando el presidente Hugo Bancer tuvo que dimitir debido a un cáncer.

José María Aznar. Presidente del Gobierno español del 4 de mayo de 1996 al 17 de abril de 2004. Le debemos la «posición común» de la Unión Europea (UE) adoptada en 1996 –sanciones que limitaban los intercambios políticos, diplomáticos y culturales con Cuba- en nombre del alineamiento a la política exterior de Estados Unidos.

El 12 de abril de 2002, en nombre de la Unión Europea que presidió por ser presidente del Gobierno español Aznar reconoció (sin consultar a ningún dirigente), en compañía de George W. Bush, al gobierno golpista del presidente de la patronal venezolana Pedro Carmona, que el día anterior participó en el golpe de Estado contra Hugo Chávez.

Su experiencia en materia de «derechos humanos» le ha llevado a ser asesor de Barrick Gold, número uno mundial de la extracción minera de oro, y a formar parte del consejo de administración de News Corporation, el imperio de Rupert Murdoch (The Times, Wall Street Journal, Fox News, etc.).

Eduardo Duhalde. Vicepresidente del ultraliberal Carlos Menem de 1989 a 1991, Duhalde no fue elegido, pero en plena crisis de la deuda se convirtió en el jefe del Estado «provisional» de Argentina –nombrado por el Congreso Nacional tras la dimisión de Fernando de la Rúa– del 2 de enero de 2002 al 25 de mayo de 2003. Mientras estuvo en la Casa Rosada (la presidencia), la policía reprimió brutalmente a los manifestantes, especialmente en el episodio que permanecerá en la memoria con el nombre de «masacre de Avellaneda» (dos muertos y 33 heridos de bala). Ante la indignación popular se vio obligado a convocar elecciones anticipadas.

Sebastián Piñera. Poseedor de una fortuna de 2.400 millones de dólares, este «Berlusconi chileno» (2010-2014) que no dudó en meter a antiguos colaboradores del régimen militar de general Augusto Pinochet en su Gobierno, reprimió en 2011 las innumerables manifestaciones de estudiantes –muchas de ellas acabaron con cientos de detenidos (870 el 4 de agosto)- que reclamaban una educación pública, gratuita y de calidad. Contra los mapuches –comunidades autóctonas que protegen sus tierras ancestrales de la expansión de proyectos de explotación forestal- el poder aplicó la ley antiterrorista heredada de la dictadura de Pinochet. En virtud del artículo 269 de la ley Hinzpeter, los que participasen en «alteración del orden público» o cualquier otro acto violento podrían ser condenadod a penas de 541 días a tres años de prisión.

Álvaro Uribe. Cercano al «narco» Pablo Escobar cuando era alcalde de Medellín (1982), principal promotor e iniciador de las cooperativas de seguridad rural –las CONVIVIR, posteriormente unidas a los paramilitares- cuando ejerció la función de gobernador de Antioquia (1995-1997). Sus dos mandatos presidenciales (2002-2006 y 2006-2010) estuvieron marcados por una sucesión de escándalos sangrientos. En el denominado «de la parapolítica» más de 60 diputados y senadores (entre ellos su primo Mario Uribe) pertenecientes a su movimiento político fueron investigados, detenidos o condenados (32) por sus vínculos con los narcoparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

En el marco de las «chuzadas» el presidente del Tribunal Supremo, así como numerosos magistrados, periodistas y opositores fueron espiados por la policía política (Departamento Administrativo de Seguridad, DAS). La práctica de los «falsos positivos» vio a los miembros del ejército colombiano asesinar a civiles inocentes -2.700 según el ministerio fiscal (septiembre de 2011)- con el fin de hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate. El jefe de seguridad y hombre de confianza de Uribe en el Palacio de Nariño (el palacio presidencial), el general Mauricio Santoyo, fue condenado en diciembre de 2012, en Estados unidos, a 13 años de cárcel por su relación con el narcotráfico.

Belisario Betancur . Bajo su presidencia, el 6 de noviembre de 1985 un comando del M-19 sitió el Palacio de Justicia, donde reside el Tribunal Supremo, tomando como rehenes a más de 100 personas. Los guerrilleros exigían negociar con el presidente, pero este se negó y el asalto del ejército se convirtió en una carnicería: un centenar de muertos, la mayoría guerrilleros, 11 jueces del Tribunal Supremo y los empleados del Palacio de Justicia, a los que hay que añadir 11 desaparecidos.

Miguel Ángel Rodríguez. Presidente de Costa Rica de 1998 a 2002, brevemente (un mes) secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 2004, fue condenado el 27 de abril de 2011 a cinco años de prisión por corrupción agravada (un soborno de 819.000 dólares por la adjudicación de un contrato de telefonía móvil a Alcatel) y posteriormente absuelto por apelación. Tras esta decisión el Tribunal Supremo envió el caso a revisión en noviembre de 2014.

Rafael Ángel Calderón. Presidente de Costa Rica de 1990 a 1994. Acusado de cobrar comisiones por la compra de material médico en 1992 por cuenta de la seguridad social, fue condenado a cinco años de prisión por corrupción en octubre de 2009 y no pudo participar, como deseaba, en la elección presidencial de febrero de 2010.

Laura Chinchilla. Cuando dejó la presidencia de Costa Rica, el 8 de mayo de 2014, una huelga general de profesores inundaba las calles de manifestantes que denunciaban los retrasos salariales. Quedará de su mandato el escándalo que estalló cuando se reveló que en marzo de 2013, a causa de la incuria de su ministro de Comunicación y jefe de los servicios de inteligencia (que tuvo que dimitir), ella utilizó para un desplazamiento oficial y después para un viaje privado a Perú un jet puesto a su disposición por Gabriel Morales Fallon, un hombre de negocios colombiano sospechoso en su país de estar relacionado con traficantes de drogas.

Óscar Arias. Otro expresidente de Costa Rica. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1987 por su papel en los procesos de paz de América central (El Salvador, Nicaragua, Guatemala), aunque siempre intentó marginar a la Nicaragua sandinista. Para evitar que la OEA (dominada por los gobiernos de izquierda y centroizquierda) gestionase la crisis de Honduras tras el derrocamiento, en junio de 2009, del presidente Manuel Zelaya, se le confió el papel de «mediador» gracias a las maniobras de la secretaria de Estado Hillary Clinton. Al retrasar el asunto permitió a los golpistas consolidar sus posiciones e impedir el regreso de Zelaya a su país antes de la organización de las elecciones bajo control (el 29 de noviembre de 2009) que permitieron «lavar» el golpe de Estado.

Luis Alberto Monge . Elegido presidente de Costa Rica en 1982. Aunque declaró neutral a su país cerró los ojos ante las actividades de los grupos antisandinistas a cambio de una importante ayuda económica de Estados Unidos en la época de Ronald Reagan. Durante su mandato el embajador estadounidense Lewis Tamb y la CIA, con el apoyo de las fuerzas de seguridad costarricenses, abrieron una pista de aterrizaje utilizada para suministrar armas al frente sur de la «contra» -financiadas por el tráfico de cocaína organizado con el cártel de Medellín por la CIA-.

Osvaldo Hurtado. Vicepresidente ecuatoriano, llegó al poder sin ser elegido tras la muerte en 1981, en un accidente aéreo, del líder del Estado progresista Jaime Roldós. Candidato en tres ocasiones a la magistratura suprema perdió todas, en su último intento consiguió menos del 1% de los votos.

Lucio Gutiérrez. Presidente ecuatoriano destituido por el Parlamento el 20 de abril de 2005 tras un levantamiento popular, estuvo implicado en el intento de golpe de Estado fomentado el 30 de septiembre de 2010 por policías amotinados contra el presidente Rafael Correa.

Alfredo Cristiani . En el poder en El Salvador de 1989 a 1994, fue elegido bajo los colores de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), partido asociado a los escuadrones de la muerte de extrema derecha fundados por el mayor Roberto D’Aubuisson para sofocar cualquier oposición. Bajo su mandato, con el pretexto de luchar contra la guerrilla del Frente Farabundo Marti de Liberación Nacional (FMLN), el ejército asesinó a seis jesuitas, entre ellos el rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, muy implicado en la búsqueda de la paz. Para apaciguar la indignación de la comunidad internacional, Cristiani prometió que se juzgaría a los responsables. La mayoría fueron absueltos por un jurado en 1991 antes de que Cristiani decretase una amnistía en abril de 1993… unos días antes de la publicación de un informe de investigación de las Naciones Unidas que demostraba la implicación de las mayores autoridades del ejército (y de Estados Unidos). Cuando en Nueva York, el 31 de diciembre de 1992, se firmó un acuerdo de paz con el FMLN, Cristiani no rubricó personalmente el documento.

Armando Calderón Sol. Sucesor de Alfredo Cristiani en la presidencia de El Salvador, (1994-1999) también del partido ARENA del cual es uno de los fundadores. Su Gobierno se distinguió especialmente por la amplitud de las «reformas» y las privatizaciones.

Vicente Fox . Presidente de Coca-Cola para México y América Latina, fue elegido para seis años jefe del Estado de México el 2 de julio de 2000 por el Partido de Acción Nacional (PAN). En su celo neoliberal multiplicó las privatizaciones (agua electricidad, parques naturales, sitios arqueológicos, etc.), en el contexto de los megaproyectos continentales previstos en el plan Puebla-Panamá (PPP), concebido en vista de la concretización de la Zona de Libre Comercio de las Américas (ZLEA) que quería Estados Unidos. Esos proyectos se enfrentaron a una viva resistencia, se desencadenó la represión a través de la militarización y la emergencia de grupos paramilitares, en particular en los estados (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca) donde sobrevive el 80% de la población indígena.

Alejandro Toledo. A la cabeza de Perú de 2001 a 2006, enemigo de las empresas públicas y continuador de las políticas neoliberales del dictador Alberto Fujimori, que huyó del país, se mostró particularmente complaciente con el capital extranjero. Acabó su mandato muy impopular, los peruanos le reprochan no haberse beneficiado de los frutos del crecimiento a pesar de que la economía estaba mejor desde hacía cinco años. Se volvió a presentar a las elecciones presidenciales en abril de 2011 y perdió frente a Ollanta Humala con el 16% de los votos.

Luis Alberto Lacalle. Representante del ala derecha del Partido Blanco, partidario declarado de las políticas económicas liberales, fue presidente de Uruguay de 1990 a 1995. El 13 de diciembre de 1992 un referéndum de iniciativa popular anuló (con casi el 75% de los votos) cinco de los 32 artículos de su ley general sobre las privatizaciones, laboriosamente aprobado tras seis meses de debate. El 28 de agosto de 1994 el pueblo, resueltamente insumiso, rechazó con el 63% de los votos una reforma constitucional confusa que preveía, entre otras cosas, la reforma del sistema electoral y de las prestaciones sociales.

Nicolás Ardito Barletta. Tecnócrata panameño, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe (1978-1984), ganador de la elección presidencial de mayo de 1984, fue obligado a dimitir el 28 de septiembre de 1985 por el general Manuel Antonio Noriega.

Mireya Moscoso. Gobernó Panamá de 1999 a 2004 y apareció en las portadas debido a su gusto por los vestidos de lujo y las joyas pagadas con dinero del Estado. Tras una temporada revuelta por la utilización irregular, en una fundación que dirigían sus próximos, de una donación de 45 millones de dólares efectuada por Taiwán, consiguió salir del paso. Aliada de Estados Unidos, bajo presión de Washington el 26 de agosto de 2004, último día de su mandato, amnistió «por razones humanitarias» al terrorista anticastrista Luis Posada Carriles. Arrestado cuando preparaba un atentado con bomba contra Fidel Castro en visita en Panamá en noviembre de 2000, Posada Carriles fue condenado a ocho años de cárcel. Agente de la CIA, autor intelectual de un atentado contra un DC-8 de la Cubana de Aviación que causó 73 víctimas en Barbados en 1976, Posada Carriles vive actualmente con total impunidad en Miami (donde también reside Mireya Moscoso).

A todos estos firmantes de la «Declaración de Panamá», agrupados en la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), se unió el «socialista» Felipe González, que no desmerece en este lindo ramillete. El 26 de septiembre de 1983, siendo el presidente del Gobierno Español, condecoró al almirante Rubén Franco, uno de los jefes de la dictadura argentina (condenado después por robo de bebés) con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico. El contraalmirante Ciro García, colaborador del dictador Jorge Videla, vinculado a los servicios secretos, recibió de sus manos la misma distinción. También durante el Gobierno de Felipe González, de 1983 a 1986, apareció el escuadrón de la muerte de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) que asesinaron a 17 separatistas vascos en suelo francés.

«Aunque su toma de posición sea puramente simbólica, ha comentado el politólogo Lansberg-Rodríguez en la revista estadounidense Foreign Policy,  (reproducida sin una pizca de reflexión por Courrier International), contribuye a desmontar el relato oficial de la solidaridad entre países latinoamericanos frente al imperialismo estadounidense».

Lo que se conoce como confundir los deseos con la realidad, porque esta banda de «zombis ilustres», sin ninguna legitimidad para impartir lecciones, ha sido claramente repudiada por los jefes de Estado en ejercicio. Frente al decreto del presidente Barack Obama que calificaba a Venezuela de «amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos», tanto la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) manifestaron un rechazo unánime declarando que la injerencia de Estados Unidos en la región «crea una gran tensión» y reclamaron su abrogación. 

Por otra parte, durante la Cumbre de las Américas que la máquina simplificadora mediática resumió como «el histórico pulso entre Raúl Castro y Obama», las presiones e intervenciones estadounidenses fueron denunciadas vigorosamente por los jefes de Estado de Bolivia (Evo Morales), Ecuador (Rafael Correa), Venezuela (Nicolás Maduro) y Argentina (Cristina Kirchner), con el asentimiento de sus homólogos continentales e insulares –la Comunidad de los Caribes (Caricom, 13 estados)- que señalaron su solidaridad con Caracas. Finalmente, y después de que Obama abandonase la asamblea plenaria para evitar oír las críticas dirigidas a Estados Unidos, no se firmó ninguna «declaración final» de consenso entre «yankis» y «latinos».

Fuente: Mémoire des Luttes