Por Prensa Latina
El Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), bloque ciudadano
que lideró las manifestaciones de rechazo al golpe de Estado de 2009,
definió hoy varias acciones de protesta contra el Gobierno en Honduras.
La reunión con ese propósito, celebrada este sábado en las
instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida
y Similares, contó con la participación de miembros del partido
Libertad y Refundación (Libre), brazo político de ese movimiento social.
Los participantes en la cita trazaron la estrategia que seguirá el
FNRP en el transcurso de la semana entrante contra del gobierno del
presidente Juan Orlando Hernández, representante del Partido Nacional
(PN), que incluirá acciones de protesta en las calles y otros medios de
lucha, según sus organizadores.
Esto responde a las últimas maniobras del mandatario y de su
administración, supuestamente con vistas a crear condiciones para
mantenerse en el poder un período de mandato más, y a otras acciones
consideradas inconstitucionales por integrantes de ese bloque de
organizaciones civiles.
Durante las últimas semanas cientos de personas protestaron en
Honduras contra lo que suponen manifestaciones de la corrupción del
gobierno nacionalista y de su principal representante.
Dirigentes, diputados y simpatizantes del Partido Liberal,
protagonizaron un desfile en esta capital el 20 de mayo y manifestaron
su rechazo al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que avaló la
reelección.
Miembros del Frente Patriótico para la Defensa de la Constitución
también repudiaron la resolución emitida por ese órgano de poder, luego
que el 27 de abril militantes y seguidores de Libre hicieran un plantón
frente a la sede del órgano judicial.
Para algunos participantes en esas manifestaciones la restauración de
la reelección presidencial, prohibida desde 1982, es una traición a la
patria a los magistrados y de los nacionalistas.
Estos últimos son repudiados, además, porque fueron los que
promovieron -con empresarios y militares- el golpe de Estado contra el
entonces presidente constitucional Manuel Zelaya (2006-2009).
Ello so pretexto de la intención de Zelaya de consultar a la
ciudadanía sobre la reelección en la llamada Cuarta Urna para, en virtud
de los resultados, proceder al cambio constitucional en ese orden como
corresponde según la ley fundamental.
Sin embargo, la administración de Hernández irrespetó la legalidad al
permitir la modificación del artículo 239 de la Constitución
-considerado pétreo- por lo cual solo podía ser reformado a través de
una Asamblea Constituyente y no por el poder Judicial.
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