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| Foto Luna Maya |
Por CMI Guatemala
La empresa de seguridad de Exmingua era Escorpión, propiedad de Miguel Martínez Solís, subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS) de Otto Pérez Molina. La nueva empresa es Blackthorne, de los azucareros del ingenio Magdalena.
El país vive una grave crisis de legitimidad. Como no se daba desde hace más de 20 años. Sin embargo, parece que la crisis sólo afecta a ciertas parcelas del Estado. Otras partes siguen bien aceitadas: la represión del aparato de seguridad y la coordinación con intereses privados, incluidas sus propias fuerzas de seguridad, no ha cambiado. El caso de La Puya es el más reciente ejemplo.
La empresa de seguridad de Exmingua era Escorpión, propiedad de Miguel Martínez Solís, subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS) de Otto Pérez Molina. La nueva empresa es Blackthorne, de los azucareros del ingenio Magdalena.
El país vive una grave crisis de legitimidad. Como no se daba desde hace más de 20 años. Sin embargo, parece que la crisis sólo afecta a ciertas parcelas del Estado. Otras partes siguen bien aceitadas: la represión del aparato de seguridad y la coordinación con intereses privados, incluidas sus propias fuerzas de seguridad, no ha cambiado. El caso de La Puya es el más reciente ejemplo.
Por Equipo de Análisis
Una situación siempre tensa
No ha habido un día desde que la gente de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se enteró de la presencia de una multinacional minera en que la tensión no haya estado presente. Asesinatos, intimidaciones, e intentos prolongados de desalojo a un histórico plantón.
La resistencia pacífica de La Puya ha sido ejemplar en su resiliencia. Y eso ha tenido sus consecuencias, como el desmedido desalojo que se vivió a fines de mayo del 2014, luego de más de dos años de estar frente a la entrada de la mina.
Gracias a ese último golpe por parte del Estado, se permitió que Exploraciones Mineras de Guatemala, subsidiaria de las multinacionales Kappes, Cassiday & Associates y Radius Gold, Inc., pudiera comenzar la construcción de una de varias minas que se tiene pensado levantar en esos municipios del norte del céntrico departamento de Guatemala.
Las agresiones del 25 y 26 de mayo son otra respuesta autoritaria a un pedido básico de la población: abrir una mesa de diálogo para discutir a fondo el problema de la minería en el país, eco de resistencias en otras regiones y punto de discusión entre los sectores medios citadinos. La reunión con el Presidente está ya en agenda, pero como ha sido usual en los último años, los días que la preceden están llenos de incertidumbre y represión.
La situación se complica con la construcción de las torres de transmisión eléctrica, adjudicadas a la colombiana Trecsa, en el municipio de San Pedro Ayampuc. Esas torres alimentarán a la minera de energía. Sin esas torres de transmisión, la mina no podrá funcionar. Que la mina esté en construcción y que las torres estén siendo colocadas, habla de la urgencia del proyecto y la necesidad de encontrar la menor cantidad de tropiezos en el camino.
Su respuesta a lo que ve como tropiezos, como el nuevo plantón en la entrada de la mina, fue la fuerza bruta. Y para eso tienen el aval del aparto estatal, activado por el gobierno de Otto Pérez Molina, pero también tienen a sus fuerzas privadas de seguridad. Aunque entre ambas se parezcan muy poco.
La seguridad y el actual gobierno
El gobierno de Otto Pérez Molina demostró que los proyectos hidroeléctricos y extractivos que tenían prioridad eran los que impulsan sus financistas de campaña. Según dijo a la Embajada norteamericana en 2007 y repitió en 2011, Cementos Progreso estaba entre sus principales patrocinadores para llegar al Ejecutivo.
Y una vez en el poder, sus intereses se han hecho camino a la fuerza. El caso del conflicto entre productores de flores de San Juan Sacatepéquez y la cementera (donde luego de una lamentable masacre se decretó un Estado de prevención que desbarató la resistencia) ha sido el mejor ejemplo.
Y con la Puya pasa algo parecido. El Gerente Corporativo de Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua) era hasta hace poco Rodrigo Maegli Novella, que concentra en su árbol familiar relaciones con el Grupo Corporativo Tecun (familia Maegli) y Cementos Progreso (su hermano, Juan Estuardo, es parte de la Junta Directiva de la cementera). El terreno donde se construirá la mina era propiedad de Jorge Lemcke, ex gerente general de Cementos Progreso. Lemcke fue embajador del gobierno de Pérez Molina en Países Bajos desde enero 2012 a septiembre 2014.
Exmingua es subsidiaria de la multinacional KCA, que mantiene vínculo con otra minera, la canadiense Radius Gold.
Por ese peso y a través de relaciones de influencia, el gobierno Patriota dio desde 2012 su apoyo. La empresa de seguridad de Exmingua era en ese momento Escorpión, propiedad de Miguel Martínez Solís, subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS) de Otto Pérez Molina. El capitán (retirado) Martínez Solís tuvo relaciones con empresas israelíes de seguridad desde fines de 1999, luego pasó a ser el gerente de Grupo Halcones, para formar en 2004 Escorpión. Actualmente es parte del Consejor Directivo de la oscura Cámara de Seguridad.
Pero tal vez lo más importante de Martínez Solís es su relación con el ex Jefe de la SAAS, el coronel (r) Walter Zepeda, y la fidelidad de ambos a Pérez Molina: Zepeda fue su oficial subordinado en la Dirección de Inteligencia (G-2) durante los años de Serrano Elías, y Martínez Solís fue su subordinado cuando Pérez Molina llegó a la cabeza del Estado Mayor de Ramiro de León Carpio (1994-1996). Zepeda fue el Jefe de Seguridad de la familia de Pérez Molina durante la campaña presidencial de 2001.
No es sorpresa por esto que fueran parte de la SAAS, que da seguridad al Presidente, desde el inicio de su gestión.
Y tampoco es sorpresa que la empresa de Martínez Solís, Escorpión, haya recibido beneficios en el actual gobierno. Según el portal Guatecompras, durante el gobierno de la GANA (2004-2008) la empresa recibió Q726,759. Con el actual gobierno esa cifra se abultó a Q78.8 millones. ¿Sus principales contratista? Instituciones señaladas de corrupción y con militares o militantes del Patriota a cargo: La Empresaria Portuaria Puerto Quetzal, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, entre otros.
El papel de Escorpión era fundamental en La Puya. La población los señala de perseguir e intimidarlos, y resaltan que entre los servicios que vende la empresa está la investigación privada a personas, como lo resaltan en su página.
La información de los vecinos de San José del Golfo se relaciona con un grave escándalo de poca cobertura mediática que se dio en 2013. En ese año, Zepeda se vio obligado a destituir a más de 100 agentes de la SAAS, señalados de pertenecer a una banda de secuestradores. Ni él ni el ex ministro de Gobernación, el teniente coronel (r) Mauricio López Bonilla, supieron dar explicaciones sobre la banda. Ni quedó claro si entablarían un proceso legal en contra de los policías.
Escorpión terminó su contrato con Exmingua una vez se logró desalojar a la población de la entrada de la mina, en mayo de 2014. En ese momento, la mina pasó a contratar a otra empresa de seguridad, una relacionada con transporte de bienes, la multinacional Wackenhut (o G4S). El momento de la fuerza había terminado, por lo que la empresa de seguridad debía de cambiar, parecía la estrategia.
Pero sorprendió que en la noche del lunes 25 surgieran hombres fuertemente armados desde dentro de la mina. Tanto en el pickup en que se dirigían, como en sus uniformes, aparecía el nombre Blackthorne. Tanto los vecinos como auxiliares del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) hicieron ver que Blackthorne se encargó de realizar el montaje que luego Prensa Libre y Radio Sonora se encargó de difundir: miembros de La Puya, compuesto en su mayoría por ancianos y jóvenes, había secuestrado a trabajadores de la empresa.Todo era mentira.
Una situación siempre tensa
No ha habido un día desde que la gente de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc se enteró de la presencia de una multinacional minera en que la tensión no haya estado presente. Asesinatos, intimidaciones, e intentos prolongados de desalojo a un histórico plantón.
La resistencia pacífica de La Puya ha sido ejemplar en su resiliencia. Y eso ha tenido sus consecuencias, como el desmedido desalojo que se vivió a fines de mayo del 2014, luego de más de dos años de estar frente a la entrada de la mina.
Gracias a ese último golpe por parte del Estado, se permitió que Exploraciones Mineras de Guatemala, subsidiaria de las multinacionales Kappes, Cassiday & Associates y Radius Gold, Inc., pudiera comenzar la construcción de una de varias minas que se tiene pensado levantar en esos municipios del norte del céntrico departamento de Guatemala.
Las agresiones del 25 y 26 de mayo son otra respuesta autoritaria a un pedido básico de la población: abrir una mesa de diálogo para discutir a fondo el problema de la minería en el país, eco de resistencias en otras regiones y punto de discusión entre los sectores medios citadinos. La reunión con el Presidente está ya en agenda, pero como ha sido usual en los último años, los días que la preceden están llenos de incertidumbre y represión.
La situación se complica con la construcción de las torres de transmisión eléctrica, adjudicadas a la colombiana Trecsa, en el municipio de San Pedro Ayampuc. Esas torres alimentarán a la minera de energía. Sin esas torres de transmisión, la mina no podrá funcionar. Que la mina esté en construcción y que las torres estén siendo colocadas, habla de la urgencia del proyecto y la necesidad de encontrar la menor cantidad de tropiezos en el camino.
Su respuesta a lo que ve como tropiezos, como el nuevo plantón en la entrada de la mina, fue la fuerza bruta. Y para eso tienen el aval del aparto estatal, activado por el gobierno de Otto Pérez Molina, pero también tienen a sus fuerzas privadas de seguridad. Aunque entre ambas se parezcan muy poco.
La seguridad y el actual gobierno
El gobierno de Otto Pérez Molina demostró que los proyectos hidroeléctricos y extractivos que tenían prioridad eran los que impulsan sus financistas de campaña. Según dijo a la Embajada norteamericana en 2007 y repitió en 2011, Cementos Progreso estaba entre sus principales patrocinadores para llegar al Ejecutivo.
Y una vez en el poder, sus intereses se han hecho camino a la fuerza. El caso del conflicto entre productores de flores de San Juan Sacatepéquez y la cementera (donde luego de una lamentable masacre se decretó un Estado de prevención que desbarató la resistencia) ha sido el mejor ejemplo.
Y con la Puya pasa algo parecido. El Gerente Corporativo de Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua) era hasta hace poco Rodrigo Maegli Novella, que concentra en su árbol familiar relaciones con el Grupo Corporativo Tecun (familia Maegli) y Cementos Progreso (su hermano, Juan Estuardo, es parte de la Junta Directiva de la cementera). El terreno donde se construirá la mina era propiedad de Jorge Lemcke, ex gerente general de Cementos Progreso. Lemcke fue embajador del gobierno de Pérez Molina en Países Bajos desde enero 2012 a septiembre 2014.
Exmingua es subsidiaria de la multinacional KCA, que mantiene vínculo con otra minera, la canadiense Radius Gold.
Por ese peso y a través de relaciones de influencia, el gobierno Patriota dio desde 2012 su apoyo. La empresa de seguridad de Exmingua era en ese momento Escorpión, propiedad de Miguel Martínez Solís, subsecretario de la Secretaría de Asuntos Administrativos y Seguridad (SAAS) de Otto Pérez Molina. El capitán (retirado) Martínez Solís tuvo relaciones con empresas israelíes de seguridad desde fines de 1999, luego pasó a ser el gerente de Grupo Halcones, para formar en 2004 Escorpión. Actualmente es parte del Consejor Directivo de la oscura Cámara de Seguridad.
Pero tal vez lo más importante de Martínez Solís es su relación con el ex Jefe de la SAAS, el coronel (r) Walter Zepeda, y la fidelidad de ambos a Pérez Molina: Zepeda fue su oficial subordinado en la Dirección de Inteligencia (G-2) durante los años de Serrano Elías, y Martínez Solís fue su subordinado cuando Pérez Molina llegó a la cabeza del Estado Mayor de Ramiro de León Carpio (1994-1996). Zepeda fue el Jefe de Seguridad de la familia de Pérez Molina durante la campaña presidencial de 2001.
No es sorpresa por esto que fueran parte de la SAAS, que da seguridad al Presidente, desde el inicio de su gestión.
Y tampoco es sorpresa que la empresa de Martínez Solís, Escorpión, haya recibido beneficios en el actual gobierno. Según el portal Guatecompras, durante el gobierno de la GANA (2004-2008) la empresa recibió Q726,759. Con el actual gobierno esa cifra se abultó a Q78.8 millones. ¿Sus principales contratista? Instituciones señaladas de corrupción y con militares o militantes del Patriota a cargo: La Empresaria Portuaria Puerto Quetzal, el Ministerio de Cultura y Deportes, el Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, entre otros.
El papel de Escorpión era fundamental en La Puya. La población los señala de perseguir e intimidarlos, y resaltan que entre los servicios que vende la empresa está la investigación privada a personas, como lo resaltan en su página.
La información de los vecinos de San José del Golfo se relaciona con un grave escándalo de poca cobertura mediática que se dio en 2013. En ese año, Zepeda se vio obligado a destituir a más de 100 agentes de la SAAS, señalados de pertenecer a una banda de secuestradores. Ni él ni el ex ministro de Gobernación, el teniente coronel (r) Mauricio López Bonilla, supieron dar explicaciones sobre la banda. Ni quedó claro si entablarían un proceso legal en contra de los policías.
Escorpión terminó su contrato con Exmingua una vez se logró desalojar a la población de la entrada de la mina, en mayo de 2014. En ese momento, la mina pasó a contratar a otra empresa de seguridad, una relacionada con transporte de bienes, la multinacional Wackenhut (o G4S). El momento de la fuerza había terminado, por lo que la empresa de seguridad debía de cambiar, parecía la estrategia.
Pero sorprendió que en la noche del lunes 25 surgieran hombres fuertemente armados desde dentro de la mina. Tanto en el pickup en que se dirigían, como en sus uniformes, aparecía el nombre Blackthorne. Tanto los vecinos como auxiliares del Procurador de los Derechos Humanos (PDH) hicieron ver que Blackthorne se encargó de realizar el montaje que luego Prensa Libre y Radio Sonora se encargó de difundir: miembros de La Puya, compuesto en su mayoría por ancianos y jóvenes, había secuestrado a trabajadores de la empresa.Todo era mentira.
Blackthorne y el emporio de los Leal
La empresa es reciente pero cuenta con un interesante historial, que habla de los lazos de esta empresa con Exmingua, y dice un poco del actual momento político.
El representante legal es Raúl Monterroso Toledo, y a partir de él es posible rastrear qué intereses representa. Monterroso Toledo es hijo de Olga Carolina Toledo Rivas, alta directiva de las empresas del Grupo Magdalena y Grupo Cayalá, al que pertenece el ingenio azucarero Magdalena, y donde confluyen los intereses de las familias Leal Pivaral y Toledo Rivas. Uno de los principales directivos, Héctor Leal Pivaral, está casado con Yolanda Haydee Toledo Rivas.
El padre de los Monterroso Toledo es Héctor Alberto Monterroso Viau, quien actualmente es el Director Financiero de Blackthorne, y ha sido el Director Financiero de HidroXacbal, agregados de Guatemala, del Grupo Cementos Progreso; del Ingenio Magdalena y de Pan American Hydro (PAH) encargada de la construcción de pequeñas hidroeléctricas en fincas cafetaleras.
Uno de los hermanos del representante legal de BTS es Jorge Luis Monterroso Toledo, quien es representante legal de la empresa Preparados y Comestibles, S.A. (PRECOSA), una empresa del Ingenio Magdalena dedicada a la fabricación de alimentos, bebidas y mezclas con azúcar, localizada en el ingenio mismo.
La familia Toledo tiene vínculos con cafetaleros, encabezado por Francisco Roberto Toledo Ocheita y sus hijas Yolanda Haydee Toledo Rivas de Leal y Olga Carolina Toledo Rivas de Monterroso. Dueños de las fincas El Culpan y Chiquihuite, en la región del volcán Santiaguito, bocacosta de Quetzaltenango.
Otro miembro de la familia, José Raúl Toledo Ocheita, fue varias veces Director de la Asociación General de Agricultores (AGA) en la década de 1970, una instancia ultraconservadora que ayudó a fundar el CACIF, y uno de los 14 miembros de la elite económica guatemalteca que contribuyó a financiar la guerra contrainsurgente a principios de la década de 1980.
Entre las direcciones físicas que reporta Blacthorne se encuentra la empresa Agropecuaria del Pacífico, cuyos representantes legales son Yolanda Toledo Rivas de Leal y Mario Leal Pivaral, altos directivos del Grupo Magdalena. Leal Pivaral es padre de Mario Leal Castillo. La familia Leal financió, según el TSE, al Partido Patriota desde su inicio hasta enero de este año, cuando Mario Leal Castillo (ex secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia), salió peleado del gobierno del PP denunciando corrupción. Leal Castillo es ahora vicepresidenciable de la UNE.
Blackthorne ha sido proveedora de servicios de seguridad del Estado. Este año, vendió tres perros amaestrados a la unidad canina K-9 de la Secretaría de Asuntos Administrativos de la Presidencia (SAAS), por un monto de Q89.5 mil. Blackthorne cuenta con un criadero de ese tipo de perros, conocido como Manantiales, cuyo administrador es Raúl Monterroso Toledo.
En 2013, le fueron otorgados ocho contratos para brindar servicios de seguridad, seis de ellos al MARN y dos a la SAT, hoy instituciones señaladas de corrupción, por un monto de Q.2.5 millones. En 2012, obtuvo tres contratos con el MARN por Q.188 mil.
La resistencia de La Puya se enfrenta a estos intereses alineados por sacar adelante el proyecto minero. Mientras tanto, una nueva mesa de diálogo presidida por un aislado y deteriorado Otto Pérez Molina se abre para solucionar la problemática.
Entre las direcciones físicas que reporta Blacthorne se encuentra la empresa Agropecuaria del Pacífico, cuyos representantes legales son Yolanda Toledo Rivas de Leal y Mario Leal Pivaral, altos directivos del Grupo Magdalena. Leal Pivaral es padre de Mario Leal Castillo. La familia Leal financió, según el TSE, al Partido Patriota desde su inicio hasta enero de este año, cuando Mario Leal Castillo (ex secretario de Asuntos Específicos de la Presidencia), salió peleado del gobierno del PP denunciando corrupción. Leal Castillo es ahora vicepresidenciable de la UNE.
Blackthorne ha sido proveedora de servicios de seguridad del Estado. Este año, vendió tres perros amaestrados a la unidad canina K-9 de la Secretaría de Asuntos Administrativos de la Presidencia (SAAS), por un monto de Q89.5 mil. Blackthorne cuenta con un criadero de ese tipo de perros, conocido como Manantiales, cuyo administrador es Raúl Monterroso Toledo.
En 2013, le fueron otorgados ocho contratos para brindar servicios de seguridad, seis de ellos al MARN y dos a la SAT, hoy instituciones señaladas de corrupción, por un monto de Q.2.5 millones. En 2012, obtuvo tres contratos con el MARN por Q.188 mil.
La resistencia de La Puya se enfrenta a estos intereses alineados por sacar adelante el proyecto minero. Mientras tanto, una nueva mesa de diálogo presidida por un aislado y deteriorado Otto Pérez Molina se abre para solucionar la problemática.
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