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Por Manuel Rodríguez | La Hora
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) dieron hoy un duro golpe a una red de abogados supuestamente dedicados a corromper a jueces. Según las autoridades, los señalados actuaron en complicidad con tres de los cabecillas de la estructura criminal denominada “La Línea”, a quienes la jueza Marta Sierra de Stalling, otorgó medidas sustitutivas para que recobraran su libertad, lo que valió para que se presentara un antejuicio en su contra.
Por dictar resoluciones contrarias a la ley y supuestamente haber recibido soborno, la CICIG en conjunto con el MP, presentaron una solicitud de antejuicio contra la jueza Octava de Instancia Penal, Marta Sierra de Stalling, señalada por cohecho pasivo y prevaricato, luego de que beneficiara a seis sindicados del caso conocido como “La Línea”.
Asimismo, fueron recapturados y enviados a prisión preventiva, Francisco Javier Ortiz, alias “Teniente Jerez”, Miguel Ángel Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez alias “Eco”, quienes pagaron Q200 mil para recuperar su libertad, con la ayuda de un grupo de abogados contratados para la defensa del caso pero que negociaron la libertad condicional con la juzgadora.
Así lo informó el titular de la CICIG, Iván Velásquez, quien además explicó que la acusación se basa en una serie de escuchas telefónicas y documentos recopilados por el ente investigador, que dejaron en evidencia cómo allegados de Ortiz contrataron a un grupo de abogados que le prestaron servicios no jurídicos para que el sindicado obtuviera beneficios de la jueza.
Según Velásquez, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, Jorge Luis Escobar Gómez y Emilza Higueros, quienes contactaban a sus clientes y ofrecían abogados defensores con “contactos” en el Organismo Judicial.
Asimismo, entre el 16 y 20 de abril, una hija y una hijastra de Ortiz Arriaga realizaron retiros de efectivo de una cuenta bancaria, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se especifica que es para pagar una medida sustitutiva.
Familiares de Ortiz habrían cobrado, al menos, un cheque por US$74 mil 200 y otro por un monto superior a Q1 millón, de acuerdo con el planteamiento de CICIG.
El Jefe de CICIG destacó que en las conversaciones se dijo que necesitaban el dinero “de puro contadito” para las medidas sustitutivas.
Marta Sierra de Stalling otorgó la medida sustitutiva hasta el 21 de abril, antes de eso según Velásquez, no había manera de asegurar que los implicados serían beneficiados.
“La decisión de la jueza no fue un producto del clamor popular ni reflexiones jurídicas, fue un simple acto de corrupción”, dijo Velásquez.
“Con todo esto identificamos una red de abogados dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, que coordina y planifica la acción del grupo y pretende darle apariencia de legalidad a esa gestión profesional cuando todo es en virtud a los contactos que establecen con funcionarios judiciales, independientemente de cualquier argumentación jurídica. Busca el beneficio de sus clientes”, dijo el jefe de CICIG.
Finalmente, el Comisionado dijo que a los abogados capturados hoy no les interesaban las causas de privación de libertad de sus defendidos, pues estaban seguros que se obtendría la medida sustitutiva a sus clientes y que Luis Mendizábal se contactó con los abogados Morales e Higueros porque ellos tenían “abogados con buenos contactos”, lo que pudo motivar a que la togada Sierra ordenara inmediatamente, realizar la audiencia de primera declaración correspondiente.
Asimismo, fueron recapturados y enviados a prisión preventiva, Francisco Javier Ortiz, alias “Teniente Jerez”, Miguel Ángel Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez alias “Eco”, quienes pagaron Q200 mil para recuperar su libertad, con la ayuda de un grupo de abogados contratados para la defensa del caso pero que negociaron la libertad condicional con la juzgadora.
Así lo informó el titular de la CICIG, Iván Velásquez, quien además explicó que la acusación se basa en una serie de escuchas telefónicas y documentos recopilados por el ente investigador, que dejaron en evidencia cómo allegados de Ortiz contrataron a un grupo de abogados que le prestaron servicios no jurídicos para que el sindicado obtuviera beneficios de la jueza.
Según Velásquez, la estructura “proveedora de impunidad”, era dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, alias “Chepito”, Jorge Luis Escobar Gómez y Emilza Higueros, quienes contactaban a sus clientes y ofrecían abogados defensores con “contactos” en el Organismo Judicial.
Asimismo, entre el 16 y 20 de abril, una hija y una hijastra de Ortiz Arriaga realizaron retiros de efectivo de una cuenta bancaria, cobrando varios cheques y en una de las transacciones bancarias se especifica que es para pagar una medida sustitutiva.
Familiares de Ortiz habrían cobrado, al menos, un cheque por US$74 mil 200 y otro por un monto superior a Q1 millón, de acuerdo con el planteamiento de CICIG.
El Jefe de CICIG destacó que en las conversaciones se dijo que necesitaban el dinero “de puro contadito” para las medidas sustitutivas.
Marta Sierra de Stalling otorgó la medida sustitutiva hasta el 21 de abril, antes de eso según Velásquez, no había manera de asegurar que los implicados serían beneficiados.
“La decisión de la jueza no fue un producto del clamor popular ni reflexiones jurídicas, fue un simple acto de corrupción”, dijo Velásquez.
“Con todo esto identificamos una red de abogados dirigida por José Arturo Morales Rodríguez, que coordina y planifica la acción del grupo y pretende darle apariencia de legalidad a esa gestión profesional cuando todo es en virtud a los contactos que establecen con funcionarios judiciales, independientemente de cualquier argumentación jurídica. Busca el beneficio de sus clientes”, dijo el jefe de CICIG.
Finalmente, el Comisionado dijo que a los abogados capturados hoy no les interesaban las causas de privación de libertad de sus defendidos, pues estaban seguros que se obtendría la medida sustitutiva a sus clientes y que Luis Mendizábal se contactó con los abogados Morales e Higueros porque ellos tenían “abogados con buenos contactos”, lo que pudo motivar a que la togada Sierra ordenara inmediatamente, realizar la audiencia de primera declaración correspondiente.
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