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| Nelton Rivera |
Por Helmer Velásquez | Prensa Comunitaria
Rigoberto es una autoridad Q’anjob’al pueblo cuyo acervo ha sido agredido por siglos, su historia registra aquella noche oscura en que las libertades –sus– libertades, fueron sometidas por espada y arcabuz, en el nombre de dioses ajenos y con la venia de autoridades eclesiales que nunca conocieron estos territorios.
La tarea “civilizatoria” que se impuso a este y otros pueblos, requirió pasar a cuchillo, cepo y otros tormentos a sus guías políticos y espirituales. Significó la agonía de una sociedad que organizada sobre la base de sus propios códigos, discurría en equilibrada convivencia, con montañas, bosques, aguas y animales. Aquella ruptura con lo propio: la lengua de los abuelos, su poesía y su música, no logró sin embargo, derrotar la esencia de este pueblo.
El heroísmo de los abuelos y la capacidad de reproducción social del pueblo Q’anjob’al los tiene aquí y ahora; lejos estaban sin embargo, que de nuevo la “historia económica” y el afán de lucro les dejarían de nuevo expuestos a mercaderes de energía que intentan extraer sus bienes naturales; esto ocurre cuando apenas celebraban el fin de la horda militar que les reprimió argumentando simpatía Q’anjob’al con la insurgencia de las décadas finales del siglo pasado. Así las cosas, un día de tantos, del norte y el sur llegaron desinteresados inversionistas y noveles ingenieros para tomar posesión del agua de sus ríos, suelo y subsuelo, argumentando los requerimientos del desarrollo humano y el cumplimiento una agenda de competitividad, de la cual el pueblo Q’anjob’al no tenía noticia alguna ni beneficio a futuro. Deben nada más facilitar la inversión y permitir que se extraigan sus recursos.
Una vez pasada la sorpresa del primer momento, el pueblo Q’anjob’al decide, que es momento de defender sus bienes, les asiste la normativa nacional e internacional, tienen derecho a no ser perturbados en sus posesiones, eso dijeron los abuelos y eso rezan los Tratados Universales de Derechos Económicos y Sociales, el Convenio 169 de OIT y la propia Constitución de la República.
El heroísmo de los abuelos y la capacidad de reproducción social del pueblo Q’anjob’al los tiene aquí y ahora; lejos estaban sin embargo, que de nuevo la “historia económica” y el afán de lucro les dejarían de nuevo expuestos a mercaderes de energía que intentan extraer sus bienes naturales; esto ocurre cuando apenas celebraban el fin de la horda militar que les reprimió argumentando simpatía Q’anjob’al con la insurgencia de las décadas finales del siglo pasado. Así las cosas, un día de tantos, del norte y el sur llegaron desinteresados inversionistas y noveles ingenieros para tomar posesión del agua de sus ríos, suelo y subsuelo, argumentando los requerimientos del desarrollo humano y el cumplimiento una agenda de competitividad, de la cual el pueblo Q’anjob’al no tenía noticia alguna ni beneficio a futuro. Deben nada más facilitar la inversión y permitir que se extraigan sus recursos.
Una vez pasada la sorpresa del primer momento, el pueblo Q’anjob’al decide, que es momento de defender sus bienes, les asiste la normativa nacional e internacional, tienen derecho a no ser perturbados en sus posesiones, eso dijeron los abuelos y eso rezan los Tratados Universales de Derechos Económicos y Sociales, el Convenio 169 de OIT y la propia Constitución de la República.
Es un asunto de propia sobrevivencia, de mantener una forma de vida, de preservar bosque, agua y montaña para ellos, sus hijos y la humanidad. Rigoberto Juárez Mateo, es heredero de este pueblo: un orgullo de su estirpe. Reducirlo, detenerlo, e inmovilizarlo no es más que utilizar viejos recursos de castigo en contra de los pueblos Mayas. Rigoberto es un preso de conciencia, su inmediata liberación debe ser un acto de justicia no un falso sentido de clemencia. La sociedad tiene la palabra.
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