Por Gloria Marisela Morán | ContraPunto
Las exhumaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) en el cantón La Joya, Morazán, vinculadas a la masacre de El Mozote fueron suspendidas el pasado 16 de abril por el juez de Paz del municipio de Meanguera, Mario Soto.
La decisión del juez responde a la solicitud de los familiares de las víctimas y de los representantes legales, quienes desde antes que dieran inicio las exhumaciones mostraron su descontento por no ser tomados en cuenta y por considerar que el acto significaba una revictimización de los familiares y sobrevientes.
La decisión del juez responde a la solicitud de los familiares de las víctimas y de los representantes legales, quienes desde antes que dieran inicio las exhumaciones mostraron su descontento por no ser tomados en cuenta y por considerar que el acto significaba una revictimización de los familiares y sobrevientes.
La exhumaciones habían dado inicio el pasado 7 de abril. En esa ocasión el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), David Morales, si bien es cierto festejó que la FGR ejecutara diligencias para investigar el crimen, denunció que la forma en la que se realizaban revicitimizaría a los familiares de las víctimas.
Wilfredo Medrano, de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, mencionó a medios de prensa que “como querellantes de los afectados interpusimos un escrito y el juez Soto del Juzgado de Paz de Meanguera, decidió suspender temporalmente las exhumaciones mientras no se cumpla con los requerimientos de atención a las víctimas y familiares, porque el proceso que inició la Fiscalía General de la República no los ha contemplado y ha revictimizado a estas personas”.
El comunicado de Tutela Legal cita que Soto escuchó a los familiares y víctimas de este caso, resolvió suspender las diligencias hasta que se protejan los derechos fundamentales de las víctimas y dicho procedimiento se desarrolle de una forma más profesional, tal como lo estipula la Sentencia de condena al Estado de El Salvador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH de octubre de 2012, sobre la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños.
Los representantes de las víctimas, miembros de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos PDDH, solicitaron también acompañamiento psicosocial a las víctimas y sus familiares.
De igual forma, pidieron que se profundice la investigación con un consentimiento informado de las víctimas, se apruebe un plan de acción o de trabajo en coordinación con las partes en el proceso, se acredite al equipo Argentino de Antropología Forense y se reabra el caso histórico Ref. 238/90 en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, que fue cerrado aplicándole la aberrante Ley de Amnistía, la cual no procede su aplicación para este crimen de Lesa Humanidad.
“Las víctimas aplaudieron la resolución del juez y la FGR no satisfecha con el fallo, habilitó la posibilidad de recurrir en Apelación, aun cuando las víctimas rechazan su presencia en la zona”, cita el comunicado.
La masacre de El Mozote sucedió hace 34 años, el 11 de diciembre de 1981, cuando soldados irrumpieron en la tranquilidad del cantón El Mozote. Al grupo de soldados liderados por el coronel Domingo Monterrosa, se les atribuye el cruento hecho. Primero mataron a todos los hombres, luego violaron y mataron a las mujeres, y por último encerraron a todos los niños en la iglesia y los ametrallaron.
Wilfredo Medrano, de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, mencionó a medios de prensa que “como querellantes de los afectados interpusimos un escrito y el juez Soto del Juzgado de Paz de Meanguera, decidió suspender temporalmente las exhumaciones mientras no se cumpla con los requerimientos de atención a las víctimas y familiares, porque el proceso que inició la Fiscalía General de la República no los ha contemplado y ha revictimizado a estas personas”.
El comunicado de Tutela Legal cita que Soto escuchó a los familiares y víctimas de este caso, resolvió suspender las diligencias hasta que se protejan los derechos fundamentales de las víctimas y dicho procedimiento se desarrolle de una forma más profesional, tal como lo estipula la Sentencia de condena al Estado de El Salvador de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH de octubre de 2012, sobre la Masacre de El Mozote y Lugares Aledaños.
Los representantes de las víctimas, miembros de Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos PDDH, solicitaron también acompañamiento psicosocial a las víctimas y sus familiares.
De igual forma, pidieron que se profundice la investigación con un consentimiento informado de las víctimas, se apruebe un plan de acción o de trabajo en coordinación con las partes en el proceso, se acredite al equipo Argentino de Antropología Forense y se reabra el caso histórico Ref. 238/90 en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, que fue cerrado aplicándole la aberrante Ley de Amnistía, la cual no procede su aplicación para este crimen de Lesa Humanidad.
“Las víctimas aplaudieron la resolución del juez y la FGR no satisfecha con el fallo, habilitó la posibilidad de recurrir en Apelación, aun cuando las víctimas rechazan su presencia en la zona”, cita el comunicado.
La masacre de El Mozote sucedió hace 34 años, el 11 de diciembre de 1981, cuando soldados irrumpieron en la tranquilidad del cantón El Mozote. Al grupo de soldados liderados por el coronel Domingo Monterrosa, se les atribuye el cruento hecho. Primero mataron a todos los hombres, luego violaron y mataron a las mujeres, y por último encerraron a todos los niños en la iglesia y los ametrallaron.
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