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Por CoLatino
En vista de los resultados dados a conocer en la rendición de cuentas de la Corte Suprema de Justicia, los defensores de las víctimas en el caso de El Mozote se pronunciaron y unieron al reclamo por la ineficiencia del sistema judicial, especialmente en la resolución de casos de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
“El caso de la Masacre de El Mozote lo tendría que llevar un juzgado de lo penal, de instrucción, pero como está en un juzgado mixto que tiene multiplicidad de funciones y solo lo atiende un juez, es difícil que avance o resuelva”, afirmó Wilfredo Medrano, abogado defensor de las víctimas de la masacre, haciendo un análisis de los casos pendientes de resolución en materia de derechos humanos. En Gotera, Chalatenango y varios departamentos existen esas figuras de tribunales mixtos.
El representante legal agrega que el retraso en este tipo de resoluciones “tiene que ver mucho con la capacidad de un juez y sus empleados para resolver un caso rápido, respetando los plazos procesales”.
De hecho, el Departamento de Investigación Judicial, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene abierto un expediente contra el juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán Urquilla, por “Ineficiencia Manifiesta en el Desempeño del Cargo”.
Medrano explica que a partir de la ley orgánica de la CSJ, en varios departamentos todavía existen los juzgados mixtos que tienen competencia en varias materias, como resabios del sistema anterior.
“Aquí no se respetan los plazos procesales, cuando hay interés, los jueces aceleran las resoluciones y a veces lo contrario, hay casos que se duermen en los archivos de los juzgados y no hay movimiento”, asevera el abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández”.
En cabeceras importantes como Santa Ana, San Miguel y San Salvador hay ya tribunales diversificados en materias civil, laboral, tránsito, de familia; cada juzgado se dedica a la materia que le compete. Pero en tribunales como el de San Francisco Gotera, una de las causas que dan lugar a la mora judicial, a la falta resolución de sentencias interlocutorias o que den fin a procesos “es debido a que conocen muchas materias”, analiza Medrano.
Para el defensor, lo ideal sería crear tribunales especializados que se dediquen a materias específicas: juzgados procesal civil y mercantil, exclusivamente dedicados a esa materia; juzgados penales, de paz, entre otros y hacerlos con la figura de la oralidad.
Los defensores en el caso de El Mozote solicitaron una reapertura del proceso penal el 3 de junio de 2014 y hasta la fecha consideran que ya es un tiempo justo y prudente para que el juez se haya pronunciado. Aseguran que anexaron a la petición jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentencias de los recursos de amparo que ha resuelto la Sala de lo Constitucional, la misma resolución que resolvió la Sala en el tema de la Ley de Amnistía en el año 2000 y otra jurisprudencia que él tiene que analizar.
“La mora judicial no solamente se da en el seno de la Corte Plena sino que se da hasta en tribunales de paz, de primera instancia como el de Gotera, donde el juez ha incurrido en mora y eso es algo que los actuales magistrados en campaña, cuando andan buscando la elección para el cargo, se comprometen a combatir”, increpa Medrano.
Para los defensores, la mora judicial entorpece los plazos procesales que da la ley. Según ello, la resolución del caso de la masacre de El Mozote la tendría que haber resuelto el juez en tres días. Lo que se les ha contestado es “previo a analizar se resolverá”.
“Esas 5 palabras prolongan los pasos de una manera irresponsable”, en este sentido señala Medrano, “sería bueno que las evaluaciones que hace el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) evalúe todo este tipo de casos, porque el juez no tiene facultades discrecionales y tiene que limitarse a lo que establece la ley, pero ellos se extralimitan en resolver de forma extemporánea”.
Según la defensa, en este caso el juez también está incumpliendo la sentencia de la CIDH que dice: “debe reaperturarse el proceso”. “La responsabilidad es grande y es compartida no solo por el juez de Gotera, sino con todo el Sistema Judicial señalado ya que él es parte de todo un aparato de justicia”, afirmó Medrano.
Más allá de los plazos quebrantados, los abogados demandantes reclaman que la justicia tiene miedo.
“Si él actuara se liberaría del miedo, porque él perfectamente puede emitir un juicio serio y profundo, ordenar de oficio reabrir el proceso penal, por no estar conforme a derecho esa resolución que emitió el anterior juez que llevó el proceso y ordenar a la Fiscalía (General de la República) que realice ciertas investigaciones demostrando su imparcialidad, pero aquí lo que hemos visto es que el juez no sabemos qué está esperando, por temor o presiones externas, ya que hay sectores conservadores que no están de acuerdo en este tipo de procesos en los que pueden salir señalados militares y civiles involucrados en esa masacre”, concluyeron los representantes de Tutela Legal.
Sobre el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera
A través de una solicitud de información realizada por Transparencia Activa, Luis Fernando Avelar Bermúdez, Oficial de Información de la CSJ, confirmó que el juez Guzmán Urquilla, quien actualmente tiene en sus manos una demanda para reabrir el caso de la masacre de El Mozote y no ha dado ningún indicio de investigación o avances en el proceso, tiene abierto un expediente de investigación judicial desde agosto de 2011.
La causa no se precisa “ya que se trata de información calificada como confidencial y por respeto a los derechos constitucionales del funcionario judicial investigado”, no se puede divulgar, afirma el texto de la información entregada por la CSJ y “que a la fecha aún no existe ninguna resolución en firme sobre los hechos denunciados contra el juez y los entes obligados no proporcionarán información confidencial sin que medie consentimiento expreso y libre del titular de la misma”.
En la solicitud de información también se pidió una lista de los casos resueltos por el Juez Guzmán Urquilla, desde el año 2005, ya que si no ha sido evaluada la demanda sobre la masacre de El Mozote, deben haber motivos contundentes para no resolver sobre la misma con celeridad o acumulación de trabajo que no haya permitido el análisis de la misma.
Los registros del juez son: en 2005 resolvió 3 casos; 2007, 9 casos; 2008, 9 casos; 2009, 19 casos; 2010, 22 casos; 2011, 95 casos; 2012, 95 casos; 2013, 55 casos; 2014, 37 casos; 2015, 38 casos.
La mayor parte de resoluciones del juez tienen que ver con el área mercantil y civil y denota una prioridad por ese tipo de casos.
El Juez tiene conocimiento que hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso emblemático en la que “dispone que el Estado debe en un plazo razonable iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir según corresponda con la mayor diligencia las investigaciones y procesos pertinentes en un plazo razonable y remover todos los obstáculos de facto y de llure que mantienen la impunidad total en este caso, tomando en cuenta que han transcurrido 34 años desde que sucedió la masacre”.
Los demandantes agregan que “debe reabrirse el proceso porque ya están las pruebas de las primeras investigaciones. Si se pretende abrir un nuevo proceso se invalidaría toda la prueba científica que ya existe”.
Ante la demanda de la solicitud de información realizada por Transparencia Activa, el juez expresó: “el tribunal a mi cargo es de naturaleza mixta, con competencia civil, penal, laboral, mercantil y de jurisdicción voluntaria (aceptaciones de herencia y títulos supletorios), por lo que existe una sobrecarga de trabajo”.
Añade, “se ha estado también en la tarea de revisión de expedientes del último año, dado a la evaluación judicial próxima a realizarse”.
La resolución de la CIDH también dispone que ningún funcionario judicial debe obstaculizar la investigación del caso de la masacre de El Mozote ni que la Ley de Amnistía siga siendo un obstáculo para la investigación de la masacre.
El problema de no resolver impide a los querellantes, no sólo la falta de acceso a la justicia imparcial, objetiva e independiente, sino que se pueda analizar el abanico de recursos para presentar en tribunales superiores al considerar que te causa agravio una resolución.
Ovidio Mauricio, también representante legal de las víctimas de El Mozote, afirmó que “han pedido una audiencia a la OEA para solicitar verificar el cumplimiento de la sentencia. Se está esperando que la Corte Interamericana de Justicia nos señale y el Estado tenga que acudir a dar explicaciones”.
El representante legal agrega que el retraso en este tipo de resoluciones “tiene que ver mucho con la capacidad de un juez y sus empleados para resolver un caso rápido, respetando los plazos procesales”.
De hecho, el Departamento de Investigación Judicial, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene abierto un expediente contra el juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, Jorge Alberto Guzmán Urquilla, por “Ineficiencia Manifiesta en el Desempeño del Cargo”.
Medrano explica que a partir de la ley orgánica de la CSJ, en varios departamentos todavía existen los juzgados mixtos que tienen competencia en varias materias, como resabios del sistema anterior.
“Aquí no se respetan los plazos procesales, cuando hay interés, los jueces aceleran las resoluciones y a veces lo contrario, hay casos que se duermen en los archivos de los juzgados y no hay movimiento”, asevera el abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández”.
En cabeceras importantes como Santa Ana, San Miguel y San Salvador hay ya tribunales diversificados en materias civil, laboral, tránsito, de familia; cada juzgado se dedica a la materia que le compete. Pero en tribunales como el de San Francisco Gotera, una de las causas que dan lugar a la mora judicial, a la falta resolución de sentencias interlocutorias o que den fin a procesos “es debido a que conocen muchas materias”, analiza Medrano.
Para el defensor, lo ideal sería crear tribunales especializados que se dediquen a materias específicas: juzgados procesal civil y mercantil, exclusivamente dedicados a esa materia; juzgados penales, de paz, entre otros y hacerlos con la figura de la oralidad.
Los defensores en el caso de El Mozote solicitaron una reapertura del proceso penal el 3 de junio de 2014 y hasta la fecha consideran que ya es un tiempo justo y prudente para que el juez se haya pronunciado. Aseguran que anexaron a la petición jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sentencias de los recursos de amparo que ha resuelto la Sala de lo Constitucional, la misma resolución que resolvió la Sala en el tema de la Ley de Amnistía en el año 2000 y otra jurisprudencia que él tiene que analizar.
“La mora judicial no solamente se da en el seno de la Corte Plena sino que se da hasta en tribunales de paz, de primera instancia como el de Gotera, donde el juez ha incurrido en mora y eso es algo que los actuales magistrados en campaña, cuando andan buscando la elección para el cargo, se comprometen a combatir”, increpa Medrano.
Para los defensores, la mora judicial entorpece los plazos procesales que da la ley. Según ello, la resolución del caso de la masacre de El Mozote la tendría que haber resuelto el juez en tres días. Lo que se les ha contestado es “previo a analizar se resolverá”.
“Esas 5 palabras prolongan los pasos de una manera irresponsable”, en este sentido señala Medrano, “sería bueno que las evaluaciones que hace el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) evalúe todo este tipo de casos, porque el juez no tiene facultades discrecionales y tiene que limitarse a lo que establece la ley, pero ellos se extralimitan en resolver de forma extemporánea”.
Según la defensa, en este caso el juez también está incumpliendo la sentencia de la CIDH que dice: “debe reaperturarse el proceso”. “La responsabilidad es grande y es compartida no solo por el juez de Gotera, sino con todo el Sistema Judicial señalado ya que él es parte de todo un aparato de justicia”, afirmó Medrano.
Más allá de los plazos quebrantados, los abogados demandantes reclaman que la justicia tiene miedo.
“Si él actuara se liberaría del miedo, porque él perfectamente puede emitir un juicio serio y profundo, ordenar de oficio reabrir el proceso penal, por no estar conforme a derecho esa resolución que emitió el anterior juez que llevó el proceso y ordenar a la Fiscalía (General de la República) que realice ciertas investigaciones demostrando su imparcialidad, pero aquí lo que hemos visto es que el juez no sabemos qué está esperando, por temor o presiones externas, ya que hay sectores conservadores que no están de acuerdo en este tipo de procesos en los que pueden salir señalados militares y civiles involucrados en esa masacre”, concluyeron los representantes de Tutela Legal.
Sobre el Juez Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera
A través de una solicitud de información realizada por Transparencia Activa, Luis Fernando Avelar Bermúdez, Oficial de Información de la CSJ, confirmó que el juez Guzmán Urquilla, quien actualmente tiene en sus manos una demanda para reabrir el caso de la masacre de El Mozote y no ha dado ningún indicio de investigación o avances en el proceso, tiene abierto un expediente de investigación judicial desde agosto de 2011.
La causa no se precisa “ya que se trata de información calificada como confidencial y por respeto a los derechos constitucionales del funcionario judicial investigado”, no se puede divulgar, afirma el texto de la información entregada por la CSJ y “que a la fecha aún no existe ninguna resolución en firme sobre los hechos denunciados contra el juez y los entes obligados no proporcionarán información confidencial sin que medie consentimiento expreso y libre del titular de la misma”.
En la solicitud de información también se pidió una lista de los casos resueltos por el Juez Guzmán Urquilla, desde el año 2005, ya que si no ha sido evaluada la demanda sobre la masacre de El Mozote, deben haber motivos contundentes para no resolver sobre la misma con celeridad o acumulación de trabajo que no haya permitido el análisis de la misma.
Los registros del juez son: en 2005 resolvió 3 casos; 2007, 9 casos; 2008, 9 casos; 2009, 19 casos; 2010, 22 casos; 2011, 95 casos; 2012, 95 casos; 2013, 55 casos; 2014, 37 casos; 2015, 38 casos.
La mayor parte de resoluciones del juez tienen que ver con el área mercantil y civil y denota una prioridad por ese tipo de casos.
El Juez tiene conocimiento que hay una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso emblemático en la que “dispone que el Estado debe en un plazo razonable iniciar, impulsar, reabrir, dirigir, continuar y concluir según corresponda con la mayor diligencia las investigaciones y procesos pertinentes en un plazo razonable y remover todos los obstáculos de facto y de llure que mantienen la impunidad total en este caso, tomando en cuenta que han transcurrido 34 años desde que sucedió la masacre”.
Los demandantes agregan que “debe reabrirse el proceso porque ya están las pruebas de las primeras investigaciones. Si se pretende abrir un nuevo proceso se invalidaría toda la prueba científica que ya existe”.
Ante la demanda de la solicitud de información realizada por Transparencia Activa, el juez expresó: “el tribunal a mi cargo es de naturaleza mixta, con competencia civil, penal, laboral, mercantil y de jurisdicción voluntaria (aceptaciones de herencia y títulos supletorios), por lo que existe una sobrecarga de trabajo”.
Añade, “se ha estado también en la tarea de revisión de expedientes del último año, dado a la evaluación judicial próxima a realizarse”.
La resolución de la CIDH también dispone que ningún funcionario judicial debe obstaculizar la investigación del caso de la masacre de El Mozote ni que la Ley de Amnistía siga siendo un obstáculo para la investigación de la masacre.
El problema de no resolver impide a los querellantes, no sólo la falta de acceso a la justicia imparcial, objetiva e independiente, sino que se pueda analizar el abanico de recursos para presentar en tribunales superiores al considerar que te causa agravio una resolución.
Ovidio Mauricio, también representante legal de las víctimas de El Mozote, afirmó que “han pedido una audiencia a la OEA para solicitar verificar el cumplimiento de la sentencia. Se está esperando que la Corte Interamericana de Justicia nos señale y el Estado tenga que acudir a dar explicaciones”.
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