Unión Europea aprueba débil legislación que permite prohibir cultivos transgénicos

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Por Europa Press | El Mostrador

El pleno del Parlamento Europeo ha dado este martes luz verde al acuerdo alcanzado con el Consejo y la Comisión Europeo sobre la nueva norma que regulará la autorización del cultivo y comercio de organismos genéticamente modificados (OGM), y que permitirá a los gobiernos nacionales vetar en su territorio un transgénico incluso cuando haya sido autorizado a nivel europeo.

Los eurodiputados han secundado por mayoría cualificada (480 votos a favor, 159 en contra y 58 abstenciones) el acuerdo enmendado. Los diputados del Partido Popular Europeo (PPE) y los socialdemócratas (S&D) respaldaron mayoritariamente las nuevas normas, y muchos de ellos indicaron en el debate previo a la votación que sin ser la solución ideal, permitirá resolver las dificultades existentes desde hace años en relación a la autorización de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

"No hay una alternativa creíble a este acuerdo y el 'status quo' no es una opción, a no ser que se acepte la jungla actual", ha afirmado la eurodiputada liberal Frédérique Ries, ponente en las negociaciones entre las instituciones europeas, en un debate previo al voto.

La nueva norma, que se espera sea efectiva a partir de la próxima primavera, permitirá a cualquier Estado miembro oponerse al cultivo o comercialización de un transgénico en su territorio, por razones socioeconómicas o medioambientales, pese a que la semilla en cuestión sí esté aprobada a escala europea.

La idea de armonizar a nivel europeo las reglas en materia de transgénicos, planteada por Bruselas en 2010, estaba aparcada por las divisiones entre los Estados miembros.

Hasta el momento, la Unión Europea aprueba o veta un OGM en base a razones medioambientales o sanitarias y la responsabilidad de la autorización recae sobre el Ejecutivo comunitario si, como ocurre en la mayoría de los casos, los Estados miembros no logran un consenso mayoritario ni a favor ni en contra del producto.

Con esta modificación, un país podrá prohibir el transgénico en su territorio aunque esté permitido en el resto de la UE, invocando razones socioeconómicas, de orden público y de ordenación geográfica, por ejemplo.

Como resultado de las negociaciones se ha introducido como criterio para rechazar el transgénico los "objetivos de la política medioambiental", más allá de la evaluación de riesgo que emita la Autoridad europea de salud alimenticia (EFSA, por sus siglas en inglés).

El papel de las compañías de transgénicos en este proceso era uno de los principales obstáculos para el acuerdo, ya que la Eurocámara no aceptaba la tramitación en dos fases defendida por la Comisión y los países.

Bajo esa fórmula, el gobierno contrario a un OGM estaba obligado a pedir primero a la empresa que le excluyera explícitamente a la hora de presentar la solicitud de autorización. Finalmente se ha impuesto en parte la posición de los eurodiputados y esta exigencia que privilegia a la industria pasa a ser facultativa.

En este sentido, la ponente Ries ha explicado que el Gobierno que rechace el cultivo OGM podrá negociar con la empresa de semillas en una primera fase, "aunque no será obligatorio", y, en una segunda fase, "tendrá un plazo de diez años --y no dos-- para oponerse".

Otro de los ponentes en las negociaciones, el eurodiputado socialista Vytenis Povilas, ha expresado el apoyo de su grupo al acuerdo, porque supone una "legislación pragmática" que resuelve las "tensiones entre la política, la legislación y los ciudadanos" que existen ahora. "Se garantiza la libertad de elección (de los países) y los Estados miembros que autoricen los OGM deberán tomar medidas para evitar el contagio transfronterizo", ha añadido.

El Partido Popular Europe (PPE) también ha aceptado el compromiso, según ha explicado antes del voto el eurodiputado Peter Liese, porque es un buen acuerdo que "tiene en cuenta las objeciones de los ciudadanos". 

El eurodiputado de los Conservadores y Reformistas Europeos Boleslaw Piecha, por su parte, ha aplaudido el acuerdo porque mejora la situación "insostenible" actual, si bien lo considera insuficiente.

En el mismo debate, la liberal Marit Paulsen ha pedido la adopción del acuerdo pese a considerarlo "lamentable", porque, ha dicho, el texto es la única posibilidad de consenso.

Oposición

Los diputados del grupo de Los Verdes dejaron claro en el debate que se opondrían a la normativa y pidieron el voto en contra del acuerdo, por considerar que es un "pacto podrido". El eurodiputado belga Bart Staes ha advertido de que la nueva norma es un "caballo de Troya" que "renacionaliza por completo" una legislación que "siempre ha sido europea". Además, aseguró que la nueva ley "no es democrática" y que dará a las multinacionales "gran poder" sobre la autorización.

La diputada española Lidia Senra (Alternativa Galega de Esquerda en Europa), alertó por su parte de que las nuevas disposiciones "no podrán preservar una agricultura campesina libre de transgénicos".

La Izquierda Unitaria, por su parte, ha considerado el acuerdo "decepcionante", porque supone un "precedente peligroso" y porque deja una legislación "contradictoria" que no ofrece las garantías jurídicas suficientes a quienes rechacen el cultivo transgénico, según ha defendido la eurodiputada Lynn Boylan.

También se mostró en contra de las nuevas normas la líder del Frente Nacional francés, Marine Le Pen, que opinó que los transgénicos "son peligrosos" porque ponen en peligro la biodiversidad.

"Los supermercados franceses tendrán que aceptar cada vez más productos con transgénicos", alertó Le Pen, que opinó además que "se está legislando contra la voluntad del pueblo en un tema crucial".

Por su parte, la organización ecologista Friends of the Earth Europe pidió hoy a los países que hagan uso de los poderes que les confiere la nueva normativa para prohibir todos los cultivos de maíz transgénico.