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Por Mauricio Álvarez | FECON
Según un
estudio de la
organización británica "Global Witness", entre 2002 y 2013 se asesinaron
908 personas en el mundo por la defensa del ambiente, entre quienes se
encuentra Jairo Mora.
Latinoamérica
registra la mayoría de los asesinatos de ambientalistas: 702 casos, es
decir alcanza el 77%. Además, resulta dramático que dicho estudio revele
que en solo 10 de los casos hubo alguna condena en este período de 11
años, lo que representa tan sólo un poco más del 1% del índice total de
asesinatos.
El
desenlace que tenga el caso de Jairo Mora resulta emblemático y clave
para revertir la impunidad global de asesinatos por la defensa de la
naturaleza, sin embargo el estudio se quedó corto: solo reporta el caso
de Jairo para Costa Rica, y desde el sector ambiental hemos
contabilizado 10 lamentables casos más si abrimos el lapso entre 1975 y
2014. Así que es deducible y muy probable que el total de asesinados en
el mundo sea mayor al que se documenta en el estudio de los últimos 11
años, cifra similar al número de periodistas asesinados en el mismo
periodo.[1]
El
último caso documentado en nuestro país fue el de Diego Armando Saborío
que según la prensa nacional habría sido asesinado “por defender a los
animales silvestres de una finca propiedad de su familia, en Chamorro de
Cutris en San Carlos” ( La Nación, 14 -10-15)
En
1975 Olof Wessberg, conservacionista que después de una larga lucha de
más de 20 años creó la Reserva Cabo Blanco, fue asesinado en una visita a
Corcovado donde exploraba la idea de convertirlo en Parque Nacional. El
joven que había servido como guía había sido quien lo asesinó según una
de las hipótesis fue “en beneficio” de los habitantes de Corcovado que
no querían que su tierra se convirtiera en un Parque Nacional. El
acusado fue juzgado, sentenciado y enviado a prisión (Tjäder, 2014).
Sigue
la lista con Antonio Zúñiga, compañero indígena luchador en contra de
la cacería ilegal en el territorio Indigena de Ujarrás muerto en
circunstancias no esclarecidas en 1989. En 1992, Oscar Quirós,
dirigente de la Lucha en contra la deforestación en Sarapiquí, murió
asesinado a balazos, pero debido a sus constantes denuncias se cree que
los responsables fueron madereros de la zona. Mientras que Jorge Aguilar
que luchaba contra la cacería ilegal salió a patrullar en Cartago y
familiares lo encontraron muerto.
En
1994, Óscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero,
dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense (AECO) que habían
participado en una larga y exitosa campaña contra la instalación de un
enorme puerto astillero, murieron en extrañas circunstancias en un
incendio justo después del triunfo. En 1995, David Maradiaga también
miembro de AECO muere, tras una misteriosa desaparición de tres semanas.
En
2011, Kimberley Blackwell, conservacionista canadiense radicada en
Costa Rica aparece asesinada dentro de su casa en San Miguel de Cañaza,
Puerto Jiménez. La activista tuvo varios enfrentamientos con cazadores
ilegales y se presume que la mataron por venganza. Inclusive, un
cazador de la localidad estuvo en prisión preventiva como sospechoso de
su asesinato. Pese a la presión de la familia, quienes contrataron un
investigador privado; la gestión hecha por la embajada y hasta del
primer Ministro canadiense, desconocemos si hubo condena para este caso.
Todas
estas muertes se dieron en un contexto de persecución y amenazas
documentadas que incluyen al menos: 12 atentados o ataques directos, 10
incendios a casas o locales, 16 casos de amenazas de muerte, 20 casos de
demandas y 7 demandas colectivas de más de 36 de activistas locales.
Ante
estos graves hechos de violencia y de impunidad, los grupos ecologistas
lanzamos la propuesta de crear la Comisión de Justicia y Verdad
Ambiental con el fin de documentar atentados y proponer un fuero
especial para los defensores del ambiente. Recién se presentó en
comparecencia comisión especial investigadora de la Asamblea Legislativa
en el marco del “Investigación sobre las responsabilidades del estado
en el caso del asesinato del ambientalista Jairo Mora y otros casos de
agresiones contra el movimiento ecologista” (Proyecto No.18804, Comisión
Permanente Especial de Ambiente).
Esta
iniciativa es apoyada por la Defensoría de los Habitantes de Costa
Rica, por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL,) y
por John Knox, experto independiente de Naciones Unidas en Derechos
Humanos y Ambiente.
El
experto John Knox acogió la propuesta de crear una comisión para llevar
un registro sistemático de las amenazas a ambientalistas en función de
su trabajo. En sus recomendaciones finales asegura que en “lo que
concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores
de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el
Experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más
sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de
violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a
esos problemas” (Informe completo).
La
oportunidad de que se castigue a los responsables del crimen de Jairo
Mora, es la esperanza de ser más consecuentes como sociedad con la
imagen que se pregona de una "Costa Rica verde" y el "país más feliz del
mundo".
Si
se logra hacer justicia ambiental, Costa Rica servirá de ejemplo para
el mundo, de otra manera seguiremos siendo cómplices de que redes
mafiosas vuelvan a actuar animadas por la impunidad reinante.
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