Por OIT | ILO
En los países de América Latina hay un alto incumplimiento del salario mínimo relacionado tanto con variables económicas como con la debilidad de las instituciones encargadas de verificar su cumplimiento, destaca una nueva publicación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
La publicación "Incumplimiento con el Salario Mínimo en América Latina: El peso de los factores económicos e institucionales", dice que en muchos casos el salario mínimo es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores y sus familias, pero en algunos de los países donde su nivel es más alto y está más cerca de cumplir con este objetivo, hay un alto incumplimiento.
La Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, recordó que el salario mínimo es "uno de los principales instrumentos de política orientados a la protección de los trabajadores asalariados, y cuando se aplica en forma adecuada es una herramienta muy eficaz en la lucha contra la pobreza y la desigualdad".
Por su parte, Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO, señaló que "Si los trabajadores no reciben un salario que les permita garantizar su seguridad alimentaria y la de sus familias, la región no podrá avanzar hacia la erradicación del hambre. Fortalecer el mercado laboral, especialmente en las áreas rurales, es uno de los grandes retos pendientes en nuestra región, y puede tener un impacto inmediato en los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria de los más vulnerables", señaló.
El análisis revela que exceptuando las situaciones más extremas, es decir cuando el salario mínimo es muy bajo o sumamente alto respecto del salario promedio, el grado de cumplimiento está determinado en gran parte por la calidad de la institucionalidad vigente.
Por lo tanto, además de analizar el nivel del salario mínimo, se requiere revisar las instituciones que existen para verificar y promover su cumplimiento, como son las inspecciones del trabajo y las multas.
El estudio – que resulta de un proyecto conjunto de ambas agencias de Naciones Unidas - además presenta 4 informes nacionales en los que se analiza el cumplimiento con el salario mínimo en: Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay, tomando en consideración ambas perspectivas, es decir, tanto los aspectos relativos al nivel del salario mínimo, como también los factores institucionales.
De los cuatro países analizados, en 2011 Chile y Uruguay presentaban niveles bajos de incumplimiento del salario mínimo por hora (del orden de un 9%), mientras que en Perú y Costa Rica se registraban niveles bastante más significativos (del orden de un 30%).
Prevalencia en el ámbito rural
El estudio compara lo que ocurre tanto en zonas urbanas como rurales. De estas últimas destaca que el número de asalariados es menor que en las áreas urbanas. En 10 de 14 países de la región el trabajo asalariado rural representa menos del 50% de los ocupados.
En todos los casos analizados, el incumplimiento del salario mínimo en el sector rural – y en particular en la agricultura - es muy superior al sector urbano. En Chile y Uruguay el incumplimiento en el sector rural duplicaba al incumplimiento en el sector urbano, mientras que en Costa Rica era un 66% superior y en Perú un 77% superior.
En términos institucionales, el estudio resalta que la acción de las inspecciones del trabajo en el ámbito rural ha sido insuficiente para enfrentar esta situación, a lo que se suma la estacionalidad propia de la actividad agropecuaria y la baja sindicalización y negociación colectiva que caracterizan a las áreas rurales, factores que reforzarían la debilidad institucional.
El rol de las inspecciones laborales
De acuerdo a la investigación, el alcance y la efectividad de una política de salarios mínimos son limitados si no hay cumplimiento.
Por ese motivo la fiscalización es un asunto prioritario, y es necesario revisar cada uno de los eslabones que constituyen el sistema de inspecciones, incluyendo la cantidad de inspectores en relación con el universo de empresas a supervisar, la estructura de multas y sanciones vigentes, la efectividad en la aplicación de multas y la restitución de los montos adeudados a los trabajadores, entre otros elementos.
En el caso de los 4 países analizados en el estudio, solo en relación a la cantidad de inspectores, se observan diferencias importantes. Mientras en Uruguay hay aproximadamente 6.900 asalariados por inspector y en Chile hay más de 8.500 por inspector, en Costa Rica y Perú esta cifra se eleva por sobre las 10 mil personas, con la consecuente dificultad para el proceso de fiscalización.
Complementariamente, resulta necesario contar con registros más confiables y sistemáticos sobre la acción inspectiva, que den cuenta de la dotación de recursos, la detección de incumplimientos, multas aplicadas y su monto, que permitan además poder implementar estrategias preventivas y no solo eminentemente reactivas como ocurre hasta ahora.
La Directora Regional de la OIT para América Latina y el Caribe, Elizabeth Tinoco, recordó que el salario mínimo es "uno de los principales instrumentos de política orientados a la protección de los trabajadores asalariados, y cuando se aplica en forma adecuada es una herramienta muy eficaz en la lucha contra la pobreza y la desigualdad".
Por su parte, Raúl Benítez, Representante Regional de la FAO, señaló que "Si los trabajadores no reciben un salario que les permita garantizar su seguridad alimentaria y la de sus familias, la región no podrá avanzar hacia la erradicación del hambre. Fortalecer el mercado laboral, especialmente en las áreas rurales, es uno de los grandes retos pendientes en nuestra región, y puede tener un impacto inmediato en los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria de los más vulnerables", señaló.
El análisis revela que exceptuando las situaciones más extremas, es decir cuando el salario mínimo es muy bajo o sumamente alto respecto del salario promedio, el grado de cumplimiento está determinado en gran parte por la calidad de la institucionalidad vigente.
Por lo tanto, además de analizar el nivel del salario mínimo, se requiere revisar las instituciones que existen para verificar y promover su cumplimiento, como son las inspecciones del trabajo y las multas.
El estudio – que resulta de un proyecto conjunto de ambas agencias de Naciones Unidas - además presenta 4 informes nacionales en los que se analiza el cumplimiento con el salario mínimo en: Chile, Costa Rica, Perú y Uruguay, tomando en consideración ambas perspectivas, es decir, tanto los aspectos relativos al nivel del salario mínimo, como también los factores institucionales.
De los cuatro países analizados, en 2011 Chile y Uruguay presentaban niveles bajos de incumplimiento del salario mínimo por hora (del orden de un 9%), mientras que en Perú y Costa Rica se registraban niveles bastante más significativos (del orden de un 30%).
Prevalencia en el ámbito rural
El estudio compara lo que ocurre tanto en zonas urbanas como rurales. De estas últimas destaca que el número de asalariados es menor que en las áreas urbanas. En 10 de 14 países de la región el trabajo asalariado rural representa menos del 50% de los ocupados.
En todos los casos analizados, el incumplimiento del salario mínimo en el sector rural – y en particular en la agricultura - es muy superior al sector urbano. En Chile y Uruguay el incumplimiento en el sector rural duplicaba al incumplimiento en el sector urbano, mientras que en Costa Rica era un 66% superior y en Perú un 77% superior.
En términos institucionales, el estudio resalta que la acción de las inspecciones del trabajo en el ámbito rural ha sido insuficiente para enfrentar esta situación, a lo que se suma la estacionalidad propia de la actividad agropecuaria y la baja sindicalización y negociación colectiva que caracterizan a las áreas rurales, factores que reforzarían la debilidad institucional.
El rol de las inspecciones laborales
De acuerdo a la investigación, el alcance y la efectividad de una política de salarios mínimos son limitados si no hay cumplimiento.
Por ese motivo la fiscalización es un asunto prioritario, y es necesario revisar cada uno de los eslabones que constituyen el sistema de inspecciones, incluyendo la cantidad de inspectores en relación con el universo de empresas a supervisar, la estructura de multas y sanciones vigentes, la efectividad en la aplicación de multas y la restitución de los montos adeudados a los trabajadores, entre otros elementos.
En el caso de los 4 países analizados en el estudio, solo en relación a la cantidad de inspectores, se observan diferencias importantes. Mientras en Uruguay hay aproximadamente 6.900 asalariados por inspector y en Chile hay más de 8.500 por inspector, en Costa Rica y Perú esta cifra se eleva por sobre las 10 mil personas, con la consecuente dificultad para el proceso de fiscalización.
Complementariamente, resulta necesario contar con registros más confiables y sistemáticos sobre la acción inspectiva, que den cuenta de la dotación de recursos, la detección de incumplimientos, multas aplicadas y su monto, que permitan además poder implementar estrategias preventivas y no solo eminentemente reactivas como ocurre hasta ahora.
Fijación del salario mínimo
El informe señala que la política de salario mínimo debería ser abordada como una política de largo plazo, que requiere de ajustes periódicos, preferentemente regulares y anuales, que la acerquen al objetivo de alcanzar a cubrir las necesidades básicas de un trabajador y su familia.
Tal como lo establece el Convenio 131 de la OIT, en la determinación de los incrementos del salario mínimo se debe tomar en cuenta las necesidades de los trabajadores y sus familias, así como también factores como la coyuntura económica y la situación del mercado de trabajo.
Los casos estudiados reflejan que la aplicación de fuertes aumentos reales del salario mínimo en períodos de desaceleración económica puede ser difícil de absorber por las empresas y por lo tanto generar un aumento en el incumplimiento.
En cambio, la aplicación de aumentos ambiciosos en contextos de crecimiento económico vigoroso y de caída en el desempleo puede conducir a mejoras reales del salario mínimo que sean sostenibles en el tiempo y sin ocasionar impactos negativos.
El documento se encuentra en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-santiago/documents/publication/wcms_311072.pdf
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