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| Foto G. Trucchi | Rel-UITA |
Misión Internacional se reúne con comunidades en resistencia antiminera
Por Giorgio Trucchi | Rel-UITA
La Misión Internacional de seguimiento sobre el derecho a la alimentación y ataques a defensores de derechos humanos en Guatemala, que integra la Rel-UITA, se reunió con pobladores de aldeas y caseríos pertenecientes a los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, que desde hace casi tres años resisten estoicamente contra el proyecto de explotación minera “Progreso VII Derivada - El Tambor”.
La Misión Internacional de seguimiento sobre el derecho a la alimentación y ataques a defensores de derechos humanos en Guatemala, que integra la Rel-UITA, se reunió con pobladores de aldeas y caseríos pertenecientes a los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, que desde hace casi tres años resisten estoicamente contra el proyecto de explotación minera “Progreso VII Derivada - El Tambor”.
A partir del 2000, las empresas mineras Radius Gold Inc. y Kappes, Cassiday & Associates (KCA), respectivamente de capital canadiense y estadounidense, llegaron a la zona adoptando el nombre de Exploraciones Mineras de Guatemala SA (Exmingua), atraídas por un área geotérmica rica en oro y plata.
Fue hasta 2010 que la población comenzó a enterarse de las intenciones de las compañías transnacionales de desarrollar un proyecto minero, cuya extensión sobrepasa los 20 kilómetros cuadrados de superficie y se extiende hasta 10 kilómetros de profundidad.
El proyecto “Progreso VII Derivada - El Tambor” es parte de un plan de explotación minera mucho más amplio, que prevé la implementación de 20 proyectos en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, en las afueras de la ciudad capital.
Un ataque a la soberanía alimentaria
La saluden riesgo
La licencia de explotación por un periodo de 25 años fue otorgada por las autoridades guatemaltecas a Exmingua en septiembre de 2011, obviando cualquier tipo de consulta previa, libre e informada a aldeas y caseríos de la zona.
Ante el inminente inicio de las excavaciones, miembros de las comunidades iniciaron una resistencia pacífica y, en marzo de 2012, bloquearon la carretera e iniciaron un plantón en la zona de La Puya, impidiendo el acceso de las maquinarias.
Las mujeres encabezaron la protesta y jugaron un papel muy importante en el proceso de resistencia.
“Hay estudios científicos que evidencian niveles naturales muy altos de arsénico en nuestras aguas. Además, el oro y la plata están contenidos en rocas que están constituidas por hasta un 46 por ciento de arsénico.
La implementación de estos proyectos acarrearía graves consecuencias a la salud de los pobladores y nuestra capacidad de producir alimentos quedaría aniquilada.
Se estima que no menos del 70 por ciento de las familias se quedarían sin poder alimentarse”, dijo Antonio “Tono” Reyes, miembro del movimiento de resistencia de La Puya.
Criminalización y judicialización de la lucha
Hostigamiento, amenazas y represión
Durante casi 3 años, los pobladores sufrieron todo tipo de hostigamiento, amenazas, atentados y represión. Fueron víctimas de dos desalojos violentos que dejaron un saldo de varias personas detenidas y heridas.
“Desde que comenzamos a oponernos al proyecto sufrimos intentos de soborno, amenazas de muerte, agresiones. Muchos de nosotros tuvimos que cambiar el número de celular para que parara el hostigamiento.
No nos oponemos al desarrollo, siempre y cuando sea algo que nos garantice una vida digna. Lo que nunca aceptaremos es algo que solamente enriquece a estas compañías y destruye nuestras fuentes de sobrevivencia.
Es una bomba de tiempo que va a crear más conflictividad social, pero de aquí no nos movemos”, señaló Reyes.
Los intentos de instalar un diálogo fracasaron ante la estrategia dilatoria y manipuladora orquestada por el gobierno. Mientras tanto, la maquinaria judicial arremetió contra varios miembros de la resistencia pacífica.
“Nos están criminalizando simple y sencillamente porque nos oponemos a la explotación minera. Sin embargo no van a poder parar nuestra lucha. Aquí no hay líderes y somos una sola fuerza. ¡La Puya somos todos!”, dijo Eusebio Muralles Díaz, quien, el próximo 22 de enero, será procesado por los delitos de amenazas, detención ilegal y coacción.
Voz a los sin voz
Incidencia internacional
Durante la reunión, la Misión Internacional escuchó con mucha atención todos los testimonios, que servirán de insumo para la elaboración de un informe preliminar de hallazgos.
“El objetivo principal es escuchar sus voces, sus testimonios, sus vivencias, para después recogerlas y plasmarlas en nuestro informe preliminar, como un instrumento de incidencia internacional”, explicó Angélica Castañeda de FIAN Internacional.
El informe será presentado durante un Foro Público que se realizará en Ciudad de Guatemala a inicios de diciembre.
Fue hasta 2010 que la población comenzó a enterarse de las intenciones de las compañías transnacionales de desarrollar un proyecto minero, cuya extensión sobrepasa los 20 kilómetros cuadrados de superficie y se extiende hasta 10 kilómetros de profundidad.
El proyecto “Progreso VII Derivada - El Tambor” es parte de un plan de explotación minera mucho más amplio, que prevé la implementación de 20 proyectos en los municipios de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo, en las afueras de la ciudad capital.
Un ataque a la soberanía alimentaria
La saluden riesgo
La licencia de explotación por un periodo de 25 años fue otorgada por las autoridades guatemaltecas a Exmingua en septiembre de 2011, obviando cualquier tipo de consulta previa, libre e informada a aldeas y caseríos de la zona.
Ante el inminente inicio de las excavaciones, miembros de las comunidades iniciaron una resistencia pacífica y, en marzo de 2012, bloquearon la carretera e iniciaron un plantón en la zona de La Puya, impidiendo el acceso de las maquinarias.
Las mujeres encabezaron la protesta y jugaron un papel muy importante en el proceso de resistencia.
“Hay estudios científicos que evidencian niveles naturales muy altos de arsénico en nuestras aguas. Además, el oro y la plata están contenidos en rocas que están constituidas por hasta un 46 por ciento de arsénico.
La implementación de estos proyectos acarrearía graves consecuencias a la salud de los pobladores y nuestra capacidad de producir alimentos quedaría aniquilada.
Se estima que no menos del 70 por ciento de las familias se quedarían sin poder alimentarse”, dijo Antonio “Tono” Reyes, miembro del movimiento de resistencia de La Puya.
Criminalización y judicialización de la lucha
Hostigamiento, amenazas y represión
Durante casi 3 años, los pobladores sufrieron todo tipo de hostigamiento, amenazas, atentados y represión. Fueron víctimas de dos desalojos violentos que dejaron un saldo de varias personas detenidas y heridas.
“Desde que comenzamos a oponernos al proyecto sufrimos intentos de soborno, amenazas de muerte, agresiones. Muchos de nosotros tuvimos que cambiar el número de celular para que parara el hostigamiento.
No nos oponemos al desarrollo, siempre y cuando sea algo que nos garantice una vida digna. Lo que nunca aceptaremos es algo que solamente enriquece a estas compañías y destruye nuestras fuentes de sobrevivencia.
Es una bomba de tiempo que va a crear más conflictividad social, pero de aquí no nos movemos”, señaló Reyes.
Los intentos de instalar un diálogo fracasaron ante la estrategia dilatoria y manipuladora orquestada por el gobierno. Mientras tanto, la maquinaria judicial arremetió contra varios miembros de la resistencia pacífica.
“Nos están criminalizando simple y sencillamente porque nos oponemos a la explotación minera. Sin embargo no van a poder parar nuestra lucha. Aquí no hay líderes y somos una sola fuerza. ¡La Puya somos todos!”, dijo Eusebio Muralles Díaz, quien, el próximo 22 de enero, será procesado por los delitos de amenazas, detención ilegal y coacción.
Voz a los sin voz
Incidencia internacional
Durante la reunión, la Misión Internacional escuchó con mucha atención todos los testimonios, que servirán de insumo para la elaboración de un informe preliminar de hallazgos.
“El objetivo principal es escuchar sus voces, sus testimonios, sus vivencias, para después recogerlas y plasmarlas en nuestro informe preliminar, como un instrumento de incidencia internacional”, explicó Angélica Castañeda de FIAN Internacional.
El informe será presentado durante un Foro Público que se realizará en Ciudad de Guatemala a inicios de diciembre.
Fuente: Rel-UITA
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