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| FNC |
Por E'
Cansados de las fumigaciones que afectan a su comunidad, pequeñas y pequeños productores del asentamiento Tava Jopoi, de la Federación Nacional Campesina (FNC), impidieron el pasado 2 de octubre la siembra de soja en el latifundio del brasileño Gildo Quevedo, colindante con el asentamiento que resistencia al avance de la agricultura mecanizada. La comunidad en alerta impidió el paso de un camión con semillas de soja y abono químico, que circulaba con la bandera brasileña.
Los cultivos mecanizados de la zona violan normas ambientales, sus cultivos llegan a los caminos vecinales que no tienen barrera de protección, por lo que las fumigaciones afectan a los pobladores.
A primera hora de la mañana sonó la alarma convenida entre las pobladoras y pobladores del asentamiento y de inmediato hombres, mujeres, ancianos y ancianas, adolescentes, niños y niñas de la comunidad se dirigieron al sitio para impedir el paso del camión.
La comunidad
El asentamiento Tava Jopoi (distrito de Curuguaty, Canindeyú) fue conquistado por la FNC en 1994, a través de ocupación y cierre de rutas. En sus 2.620 hectáreas viven aproximadamente 150 familias, que producen rubros de autoconsumo y materia prima industrializable. El asentamiento cuenta con una escuela funcionando, desde el primer grado al tercero de la media.
El asentamiento Tava Jopoi se encuentra en una zona todavía rodeada de comunidades campesinas e indígenas, con presión del avance de la sojización hacia el lado norte, donde viene avanzando el modelo agroexportador.
Las pobladoras y pobladores del asentamiento han impedido ya en reiteradas ocasiones la siembra de soja en el latifundio colindante, y dicen que seguirán defendiendo la salud de su comunidad, el medio ambiente y la soberanía territorial de nuestro país. Hace un par de semanas, impidieron la fumigación del soja del productor brasilero quien abandonó su maquinaria.
Se declararon en defensa de su territorio
Ya en noviembre de 2013, pobladores de Tava Jopoi, Canindeyú, se han declarado en defensa de su territorio. Sojeros cometen delitos ambientales y el propio Estado los defiende amedrentando a las comunidades que se oponen, con policías y fiscales. Hasta los pozos de agua de la comunidad están completamente rodeados de soja.
El sojal de la zona llegó al punto de tener protección policial, como en varias partes del país, pese a que la misma violaba diversas normativas ambientales. Esto había causado diversas protestas y actos de repudio. Luego, la policía emitió un supuesto protocolo, según el cual ya no se les daría protección y detendrían las fumigaciones que se hicieran de manera ilegal para proteger a los campesinos. La situación es la misma en Tava Jopoi.
La ley los ampara
Ante esta situación, varios abogados habían resaltado que ante la flagrancia de un delito como ese los afectados tienen derecho a impedirlo. “El artículo 239 del Código Procesal Penal (CPP) establece la facultad de toda persona de actuar en caso de flagrancia ante la comisión de un hecho punible. Flagrancia se refiere al momento inmediatamente antes, el momento inmediatamente después o el momento mismo de ocurrencia de un hecho punible. El lanzamiento de venenos sin las medidas de protección establecidas en la ley es un delito de producción de riesgos comunes”, nos decía el abgoado Juan Martens.
La FNC aseguró que seguirán “acumulando fuerza organizada contra la privatización y construyendo el Congreso Democrático del Pueblo, al calor de las luchas”.
A primera hora de la mañana sonó la alarma convenida entre las pobladoras y pobladores del asentamiento y de inmediato hombres, mujeres, ancianos y ancianas, adolescentes, niños y niñas de la comunidad se dirigieron al sitio para impedir el paso del camión.
La comunidad
El asentamiento Tava Jopoi (distrito de Curuguaty, Canindeyú) fue conquistado por la FNC en 1994, a través de ocupación y cierre de rutas. En sus 2.620 hectáreas viven aproximadamente 150 familias, que producen rubros de autoconsumo y materia prima industrializable. El asentamiento cuenta con una escuela funcionando, desde el primer grado al tercero de la media.
El asentamiento Tava Jopoi se encuentra en una zona todavía rodeada de comunidades campesinas e indígenas, con presión del avance de la sojización hacia el lado norte, donde viene avanzando el modelo agroexportador.
Las pobladoras y pobladores del asentamiento han impedido ya en reiteradas ocasiones la siembra de soja en el latifundio colindante, y dicen que seguirán defendiendo la salud de su comunidad, el medio ambiente y la soberanía territorial de nuestro país. Hace un par de semanas, impidieron la fumigación del soja del productor brasilero quien abandonó su maquinaria.
Se declararon en defensa de su territorio
Ya en noviembre de 2013, pobladores de Tava Jopoi, Canindeyú, se han declarado en defensa de su territorio. Sojeros cometen delitos ambientales y el propio Estado los defiende amedrentando a las comunidades que se oponen, con policías y fiscales. Hasta los pozos de agua de la comunidad están completamente rodeados de soja.
El sojal de la zona llegó al punto de tener protección policial, como en varias partes del país, pese a que la misma violaba diversas normativas ambientales. Esto había causado diversas protestas y actos de repudio. Luego, la policía emitió un supuesto protocolo, según el cual ya no se les daría protección y detendrían las fumigaciones que se hicieran de manera ilegal para proteger a los campesinos. La situación es la misma en Tava Jopoi.
La ley los ampara
Ante esta situación, varios abogados habían resaltado que ante la flagrancia de un delito como ese los afectados tienen derecho a impedirlo. “El artículo 239 del Código Procesal Penal (CPP) establece la facultad de toda persona de actuar en caso de flagrancia ante la comisión de un hecho punible. Flagrancia se refiere al momento inmediatamente antes, el momento inmediatamente después o el momento mismo de ocurrencia de un hecho punible. El lanzamiento de venenos sin las medidas de protección establecidas en la ley es un delito de producción de riesgos comunes”, nos decía el abgoado Juan Martens.
La FNC aseguró que seguirán “acumulando fuerza organizada contra la privatización y construyendo el Congreso Democrático del Pueblo, al calor de las luchas”.
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