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| Ofraneh |
Por Ofraneh
La supuesta elaboración de un anteproyecto de Ley de la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), auspiciada por el PNUD en Honduras, demuestra la urgencia en maquillar la farsa que se ha venido implementando con el próposito de entregar los remanentes del bosque en Honduras; situación que se perfila como una de las mayores amenazas para los pueblos indígenas del planeta.
La entrada en vigor del Programa de Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación del Bosque (REDD por sus siglas en inglés) en Honduras, sucede al mismo tiempo que afloran las denuncias sobre los despojos territoriales cometidos en África en nombre del Programa en cuestión.
En el pasado mes de enero, el pueblo Sengwer de Kenia, fue expulsado de su territorio ancestral, el bosque Embobut de las montañas Cherangany, por el Servicio Forestal de Kenia los agentes estatales incendiaron más de mil casas, afectando a unos 15 mil indígenas.
A pesar de las denuncias interpuestas desde el 2007, en el presente año se recrudeció el caso de los Sengwer, quienes fueron acusados de ser invasores de su propio territorio. El pueblo Sengwer no es el primero en ser expulsado de los bosques en Kenia. Años atrás el pueblo Ogiek sufrió una suerte similar, al ser relocalizado fuera del bosque Mau, su territorio ancestral, por un programa relacionado con los REDD+.
Un informe del Forest People Programa indica la participación del Banco Mundial en el desalojo de los Sengwer, violando de esta forma tanto las propias operativas del B.M. como las Salvaguardas REDD, creadas estas últimas con el supuesto propósito de proteger a los pueblos indígenas de posibles desmanes en la implementación del programa.
La falta de información y claridad sobre el funcionamiento del mercado de cuotas de carbono y las complejas reglas del Programa REDD, dificulta la toma de decisiones por parte de pueblos indígenas y comunidades locales, quienes en muchas ocasiones son excluidas de las negociaciones, o simplemente son representados por “líderes” ajenos a las comunidades, generando un sinnúmero de estafas y creando las condiciones para posibles desalojos.
Para supuestamente evitar atropellos en la implementación de los REDD+ se crearon las salvaguardas, las que aparentemente no son más que papel mojado, tal como lo demuestra la experiencia de los pueblos Sengwer, Okiek en Kenia.
Los REDD+ y el derecho a la Consulta-Consentimiento, Previo, Libre e Informado
El pasado mes de agosto se inició la implementación del Plan Estratégico del Programa REDD en Honduras, el cual es un indicador de la ausencia al respeto del Derecho a la Consulta-Consentimiento, Previo, Libre e Informado, por parte de Naciones Unidas y el Estado de Honduras.
Mediante el diseño de un supuesto plan de acción de cinco años, “con el objetivo de prepararse para acoger un futuro mecanismo REDD+ Internacional”, Naciones Unidas impulsó la elaboración de un documento R-PP (Readiness Preparation Proposal por sus siglas en inglés) para el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial.
La elaboración del R-PP no fue participativo, al contrario se excluyeron las organizaciones indígenas que han criticado de alguna forma la implementación de los REDD en Honduras y las posibles consecuencias en relación a nuestros territorios.
La OFRANEH desde el año 2013 señaló al Estado de Honduras y Naciones Unidas por haber violado el Convenio 169 de la OIT y la Declaratoria de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (UNDRP por sus siglas en inglés), instrumentos jurídicos firmados y ratificados por el Estado, en los cuales se encuentra consignado el derecho a la Consulta Previa Libre e Informada.
La ausencia de transparencia en la conformación de la Mesa indígena y Afro hondureña de cambio Climático (MNICC), forma parte de la estrategia del Estado de Honduras de excluir organizaciones no afines al grupúsculo de ong supeditados a los gobiernos de turno.
En las notas enviadas al FCPF el 12 de mayo y el 23 de septiembre de 2013, la OFRANEH fue enfática en señalar el peligro que cobija el Capítulo III de la Ley de Propiedad, creada a instancias del Banco Mundial y en la que en su artículo 100 permite la disolución de los títulos comunitarios otorgados por el estado a los pueblos indígenas. El estado con la implementación de la Ley de Propiedad ignoró el CPLI, tal como indicó el Panel de Inspección del Banco Mundial.
En las correspondencias enviadas al BM y al ONU-REDD se denunció además la inclusión en el primer RPP la OFRANEH y la posterior desaparición del documento a partir del 2013, cuando fuimos sustituidos por un individuo que no ha sido designado por el pueblo Garifuna para representarlo en dicha Mesa Indígena y Afro hondureña de Cambio Climático.
El RPP indica la existencia de un borrador de Ley de la Consulta Previa (septiembre, 2013), que no ha sido consensuado con todos los pueblos, y el que hasta la fecha es imposible de acceder en la internet, como lo señala un estudio denominado “El Consetiemiento Previo, Libre Informado en el Proeceso Nacional de Preparación para REDD+ en Honduras”.
La actitud de los funcionarios de Naciones Unidas infringe las Directrices sobre el Consentimiento Libre, Previo e Informado del Programa ONU- REDD, las que supuestamente se fundamentan en el Convenio 169 y de la misma UNDRIP
REDD+ y la imposibilidad de la aplicación de las Salvaguardas en Honduras
En una Evaluación del Sector Forestal de Honduras, REDD y los Mecanismos de Resolución de Disputas, de fecha de 2013, saca a relucir la enorme problemática existente en el país en materia de tenencia de tierra. El documento en relación a los pueblos indígenas sugiere “la búsqueda de un acuerdo para definir las tierras ancestrales”, situación que hasta la fecha es un sueño en Honduras ante el irrespeto que existe en relación al reconocimiento de los territorios ancestrales, además del nocivo capítulo III de la Ley de Propiedad.
En relación a la sugerencia de la creación de mecanismos de resoluciones de conflictos, basta recordar la fragilidad del Estado de ley en el país y el entreguismo de los funcionarios públicos a los grupos de poder fáctico del y al capital transnacional.
El R-PP menciona la injerencia del narcotráfico en la Moskitia y el incremento en la deforestación para la construcción de pistas clandestinas. Ciertamente es un hecho, pero existe algo más que deforestación y es el estado fallido inducido que se da en todo el país y el control de franjas de territoriales a manos de grupos relacionados con el crimen organizado, el que ha permeado desde el aparato de justicia hasta las fuerzas de seguridad.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el pueblo Garífuna
En una audiencia efectuada el pasado 20 de mayo sobre la comunidad Garifuna de Triunfo de la Cruz, versus el Estado de Honduras, en la lista de reparaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a los jueces incluyó entre otras“Establecer, con la participación de los pueblos indígenas, las medidas legislativas o de otra índole, necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta previa, libre, informada y de buena fe, conforme a los estándares de derechos humanos internacionales.” además de Adoptar un recurso eficaz y sencillo que tutele el derecho de los Pueblos Indígenas de Honduras a reivindicar y acceder a sus territorios tradicionales y que permita proteger dichos territorios ante acciones de parte del Estado o terceros que infrinjan su derecho de propiedad.
La actitud asumida por ONU-REDD de desestimar la participación del pueblo indígena Garífuna en el proceso de crear un marco jurídico en relación al CPLI, demuestra precisamente la mala fe de los funcionarios que vienen acompañando ese proceso.
La violación al CPLI en Honduras esta llegando a extremos, tal como se demuestra en la entrega de la plataforma marítima de la Moskitia a la compañía petrolera británica BG, procediendo la fenecida Secretaria de Recursos Naturales (SERNA) a efectuar una socialización tardía a la que denominan consulta. Algo similar aconteció con la recen aprobada y nociva Ley de Pesca, la que no fue consultada con el pueblo Garifuna.
Los cambios que esta fraguando el Banco Mundial en relación a su salvaguardas para los pueblos indígenas, implica un enorme retroceso que nos coloca alerta ante la posibilidad de los estados nación de descartar el procedimiento de consulta previa, situación que genera enormes perdidas de los derechos obtenidos en las últimas décadas. Los proyectos REDD+ con los futuros cambios de las operativas del Banco se convierten aun más en una verdadera amenaza.
La elaboración de un anteproyecto de Ley de Consulta Previa excluyendo a las organizaciones que hemos venido defendiendo nuestros territorios y biodiversidad, y utilizar a una confederación progobiernista que no defiende los intereses de los pueblos indígenas; que al contrario en los últimos años ha estado al servicio de los organismos financieros internacionales y corporaciones multinacionales, da lugar a un engendro de Lelo que condena a nuestros pueblos al exterminio.
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