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Por Beatriz Ramos | Verdad Digital
La Comisión de Relaciones Exteriores, Integración Centroamericana y Salvadoreños en el Exterior de la Asamblea Legislativa, lleva dos meses en estudio la ratificación de dos tratados internacionales sobre desapariciones forzadas. Uno responde al sistema de la ONU, y el otro a la OEA. Arena, Pcn y Gana niegan sus votos.
“Me da mucha vergüenza decirlo: lamentablemente es así, lo hemos puesto en agenda en varias oportunidades en la Comisión y siempre llegamos al mismo resultado, que hay que dar más tiempo para discutir”, lamentó la presidenta de la Comisión, diputada Karina Sosa.
Desde hace dos meses, instancias internacionales, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, los Comités de Madres y Familiares de Desaparecidos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, han explicado a los legisladores de derecha que la normativa no riñe con las leyes nacionales.
“Hemos dado ya bastante tiempo para la discusión de estos acuerdos, uno tiene que ver con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, y el otro tiene que ver con la ratificación de la Convención Interamericana sobre las Desapariciones Forzadas de Personas.
Se considera una desaparición forzada cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado, o por agentes que actúan en su nombre, y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley.
“Consideramos que no existen conflictos normativos con la Constitución. Es una importante medida para la no repetición de hechos atroces como la desaparición forzada de personas que tuvo lugar en la guerra civil”, explicó a los diputados el pasado 18 de agosto el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
Diferentes organizaciones, familiares de las víctimas, piden a los legisladores ratificar la normativa.
El presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Florentín Meléndez, envió una carta a la Comisión para descartar una posible violación a la Constitución de la República.
“Ya tenemos dos meses pidiendo una semana más de prórroga, nos preocupa”, subrayó la legisladora Karina Sosa.
Para la diputada, ya se cuenta con la suficiente opinión para que se pueda ratificar.
Arena puso otra excusa, pidió que el Procurador de Derechos Humanos envíe una nota para aclarar si riñe o no con la Ley de Amnistía.
Desde hace dos meses, instancias internacionales, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, los Comités de Madres y Familiares de Desaparecidos, presidente de la Corte Suprema de Justicia, entre otros, han explicado a los legisladores de derecha que la normativa no riñe con las leyes nacionales.
“Hemos dado ya bastante tiempo para la discusión de estos acuerdos, uno tiene que ver con la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, y el otro tiene que ver con la ratificación de la Convención Interamericana sobre las Desapariciones Forzadas de Personas.
Se considera una desaparición forzada cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado, o por agentes que actúan en su nombre, y luego se niega que la persona se encuentre detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley.
“Consideramos que no existen conflictos normativos con la Constitución. Es una importante medida para la no repetición de hechos atroces como la desaparición forzada de personas que tuvo lugar en la guerra civil”, explicó a los diputados el pasado 18 de agosto el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos.
Diferentes organizaciones, familiares de las víctimas, piden a los legisladores ratificar la normativa.
El presidente interino de la Corte Suprema de Justicia, Florentín Meléndez, envió una carta a la Comisión para descartar una posible violación a la Constitución de la República.
“Ya tenemos dos meses pidiendo una semana más de prórroga, nos preocupa”, subrayó la legisladora Karina Sosa.
Para la diputada, ya se cuenta con la suficiente opinión para que se pueda ratificar.
Arena puso otra excusa, pidió que el Procurador de Derechos Humanos envíe una nota para aclarar si riñe o no con la Ley de Amnistía.
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