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Por Emilio Marín | La Arena
Y tanto va el cántaro a la fuente...Tantos crímenes de lesa humanidad cometidos por Israel contra la población de Gaza, entre el 8 de julio pasado y el alto al fuego firmado el martes 26 de agosto, tenían que repercutir también en los estrados federales de Córdoba.
Un grupo de cordobeses radicó una denuncia penal contra cinco autoridades israelitas considerados los máximos responsables de ese tremendo derramamiento de sangre.
La demanda fue redactada por Sergio Ortiz, periodista, presidente de la Comisión de Homenaje a los Desaparecidos y Mártires Populares (Asociación Civil personería 502-A 08), dirigente del Partido de la Liberación (PL). Lo acompañaron con su firma y su presencia en los tribunales Juan José "Toto" López (actor), Mara Santucho (cantante de "Cocineros" y actriz), Gastón Mazzalay (de la Asamblea Malvinas Argentina contra Monsanto), Juan José Giannotti (Agrupación Tupac), Eugenio Talbot Wright (Derechos Humanos, Familiares), Marcos Jaime (PL), Antonio Muñoz (documentalista, "Cuarto Patio"), Enrique Calcagni (Mascuba), Henry Boisrolin (Comité Democrático Haitiano), Mario Cejas y Carlos González, del Comité de Solidaridad con Palestina de Córdoba. Ellos han participado de las marchas y actos realizados en esa ciudad contra los crímenes cometidos en Gaza. Y ahora añadieron esta denuncia penal en la justicia federal de Córdoba, la primera que se presenta en Argentina.
Ese espectro pluralista tiene un piso en común que es el repudio sin fisuras, nacido desde su sentimiento humanitario, contra el genocidio sufrido por los palestinos.
El título de la presentación es: "Formula denuncia penal por crímenes de lesa humanidad y genocidio contra autoridades del Estado de Israel por crímenes contra la población palestina de la Franja de Gaza". La misma recayó, por el turno de agosto, en la fiscalía de Enrique Senestrari.
Contra cinco
El escrito al que tuvo acceso LA ARENA afirma que se viene a formular denuncia "por la posible comisión de delitos de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio, contra cinco autoridades de Israel. Alcanza al primer ministro del gobierno israelita, Benjamin Netanyahu; el canciller Avigdor Lieberman, el ministro de Defensa Moshe Yaalon; el jefe del Ejército de Israel, general Benny Gantz, y Moshe Feiglin, vicepresidente del Parlamento israelí e ideólogo del plan de exterminio en Gaza".
Los denunciantes sostienen que los responsables y ejecutores de los crímenes contra la población civil de la Franja de Gaza son muchos más que aquellos, pero entienden que ese quinteto tiene las mayores responsabilidades políticas, institucionales y militares de un genocidio que ofende a la humanidad.
Desde el 8 de julio en adelante, esos gobernantes israelitas ordenaron el inicio de bombardeos aéreos y marítimos, así como el constante tiro de artillería y tanques contra la población civil de la Franja de Gaza. Ese limitado territorio de 362 kilómetros cuadrados es uno de los más poblados del mundo por kilómetro cuadrado, con 1.8 millones de habitantes. Desde el 17 de julio, también invadieron ese territorio con 86.000 soldados fuertemente armados, mientras arreciaban con sus bombardeos. Estiman, basándose en fuentes periodísticas que adjuntaron como el "Anexo" de 15 páginas, que se produjeron más de 5.000 bombardeos contra la pequeña lonja densamente poblada.
Tal concentración de explosivos y misiles, como era obvio, produciría una masacre. Los denunciantes afirman que "en los 50 días de operaciones hubo 2.140 palestinos muertos, entre ellos 570 niños y 11.000 heridos. Según las autoridades de Gaza, las ONG y fuentes de la ONU que también ha sido atacada en el lugar, casi el 80 por ciento de los muertos y víctimas son civiles; muchas mujeres, niños y ancianos. De los agresores fueron abatidos 64 de sus soldados en Gaza y sólo 4 civiles en Israel". Son números muy elocuentes sobre la total asimetría entre el invasor y quienes se defendían de esa agresión.
Que Israel pague
Los bombardeos han sido devastadores para la población de Gaza y también para su infraestructura. Insistiendo en el tema humanitario, la denuncia de Córdoba hace hincapié en las muertes de 570 niños y cita a una funcionaria de una ONG en Gaza. Ella dijo que esas bajas infantiles eran, en proporción de población, como si en Estados Unidos hubieran sido asesinados 200.000 niños.
El escrito que ya está en poder del fiscal Senestrari afirma que "a esa contabilidad del horror hay que agregar que 17.200 viviendas y edificios han sido derribados por las bombas y misiles, más otras 38.000 viviendas severamente dañadas. Ni siquiera han respetado los edificios pertenecientes a las Naciones Unidas y su agencia para la protección de los palestinos (Unrwa). Seis de sus escuelas y refugios fueron atacados, pese a estar bajo ese pabellón internacional que se respeta en los más encarnizados combates alrededor del mundo.
Claro que lo de Gaza es un genocidio; ni la ONU tiene protección. Entre 250.000 y hasta 450.000 personas, según los distintos momentos de la barbarie, han debido irse de sus casas.
Si no fueron asesinados o heridos en el camino, en el regreso a sus domicilios habrán contemplado espantados que éstos ya no existen. Sólo son un montón de escombros, debajo de los cuales aún buscan familiares y vecinos asesinados por las bombas. Más de 100.000 personas se quedaron sin hogar".
La parte de la destrucción en infraestructura también superó las macabras campañas anteriores, de "Plomo Fundido" (2008-2009) y "Pilar Defensivo" (2012). La actual, "Borde Protector" es la más destructiva en todos los órdenes.
En la parte final de su escrito se reclaman acciones judiciales para que haya juicio y condena al quinteto, pero también al Estado de Israel para que pague por la destrucción causada. Según el gobierno palestino esa devastación implicará 6.000 millones de dólares o 4.500 millones de euros. Debería pagarlos Israel, sostienen los cordobeses, quienes además reclaman que ese Estado abone indemnizaciones a las familias palestinas devastadas.
En Argentina, también se puede
¿Se pueden denunciar aquí crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países? Para los firmantes cordobeses sí se puede. Afirman: "aunque tales delitos no se cometieron ni cometen en territorio argentino, por su condición de delitos de lesa humanidad y parte de un genocidio, importan crímenes de los perseguidos por la justicia universal. Y la legislación argentina y la propia Constitución Nacional en su artículo 118, así como casos prácticos en los que ya ha entendido la justicia argentina -verbigracia la investigación de los crímenes del franquismo en España y los de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay- ameritan la validez de la presente denuncia".
Recuerdan que en 1996 el fiscal español Carlos Castresana promovió denuncia contra los crímenes de la dictadura militar-cívica argentina. Y el juez Baltasar Garzón se declaró competente, impulsando denuncias, tomando declaraciones a sobrevivientes y promoviendo extradiciones de genocidas argentinos (el marino Adolfo Scilingo cumple prisión en España por su participación en los "vuelos de la muerte").
Citan un antecedente cercano y valioso: Carlos Slepoy, abogado argentino exiliado en España y querellante en juicios por DDHH, logró en abril de 2010 que el juzgado de Servini de Cubría se declarara competente por dos fusilamientos de alcaldes republicanos en 1936.
El escrito solicitó al fiscal Senestrari:
Ese espectro pluralista tiene un piso en común que es el repudio sin fisuras, nacido desde su sentimiento humanitario, contra el genocidio sufrido por los palestinos.
El título de la presentación es: "Formula denuncia penal por crímenes de lesa humanidad y genocidio contra autoridades del Estado de Israel por crímenes contra la población palestina de la Franja de Gaza". La misma recayó, por el turno de agosto, en la fiscalía de Enrique Senestrari.
Contra cinco
El escrito al que tuvo acceso LA ARENA afirma que se viene a formular denuncia "por la posible comisión de delitos de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco de genocidio, contra cinco autoridades de Israel. Alcanza al primer ministro del gobierno israelita, Benjamin Netanyahu; el canciller Avigdor Lieberman, el ministro de Defensa Moshe Yaalon; el jefe del Ejército de Israel, general Benny Gantz, y Moshe Feiglin, vicepresidente del Parlamento israelí e ideólogo del plan de exterminio en Gaza".
Los denunciantes sostienen que los responsables y ejecutores de los crímenes contra la población civil de la Franja de Gaza son muchos más que aquellos, pero entienden que ese quinteto tiene las mayores responsabilidades políticas, institucionales y militares de un genocidio que ofende a la humanidad.
Desde el 8 de julio en adelante, esos gobernantes israelitas ordenaron el inicio de bombardeos aéreos y marítimos, así como el constante tiro de artillería y tanques contra la población civil de la Franja de Gaza. Ese limitado territorio de 362 kilómetros cuadrados es uno de los más poblados del mundo por kilómetro cuadrado, con 1.8 millones de habitantes. Desde el 17 de julio, también invadieron ese territorio con 86.000 soldados fuertemente armados, mientras arreciaban con sus bombardeos. Estiman, basándose en fuentes periodísticas que adjuntaron como el "Anexo" de 15 páginas, que se produjeron más de 5.000 bombardeos contra la pequeña lonja densamente poblada.
Tal concentración de explosivos y misiles, como era obvio, produciría una masacre. Los denunciantes afirman que "en los 50 días de operaciones hubo 2.140 palestinos muertos, entre ellos 570 niños y 11.000 heridos. Según las autoridades de Gaza, las ONG y fuentes de la ONU que también ha sido atacada en el lugar, casi el 80 por ciento de los muertos y víctimas son civiles; muchas mujeres, niños y ancianos. De los agresores fueron abatidos 64 de sus soldados en Gaza y sólo 4 civiles en Israel". Son números muy elocuentes sobre la total asimetría entre el invasor y quienes se defendían de esa agresión.
Que Israel pague
Los bombardeos han sido devastadores para la población de Gaza y también para su infraestructura. Insistiendo en el tema humanitario, la denuncia de Córdoba hace hincapié en las muertes de 570 niños y cita a una funcionaria de una ONG en Gaza. Ella dijo que esas bajas infantiles eran, en proporción de población, como si en Estados Unidos hubieran sido asesinados 200.000 niños.
El escrito que ya está en poder del fiscal Senestrari afirma que "a esa contabilidad del horror hay que agregar que 17.200 viviendas y edificios han sido derribados por las bombas y misiles, más otras 38.000 viviendas severamente dañadas. Ni siquiera han respetado los edificios pertenecientes a las Naciones Unidas y su agencia para la protección de los palestinos (Unrwa). Seis de sus escuelas y refugios fueron atacados, pese a estar bajo ese pabellón internacional que se respeta en los más encarnizados combates alrededor del mundo.
Claro que lo de Gaza es un genocidio; ni la ONU tiene protección. Entre 250.000 y hasta 450.000 personas, según los distintos momentos de la barbarie, han debido irse de sus casas.
Si no fueron asesinados o heridos en el camino, en el regreso a sus domicilios habrán contemplado espantados que éstos ya no existen. Sólo son un montón de escombros, debajo de los cuales aún buscan familiares y vecinos asesinados por las bombas. Más de 100.000 personas se quedaron sin hogar".
La parte de la destrucción en infraestructura también superó las macabras campañas anteriores, de "Plomo Fundido" (2008-2009) y "Pilar Defensivo" (2012). La actual, "Borde Protector" es la más destructiva en todos los órdenes.
En la parte final de su escrito se reclaman acciones judiciales para que haya juicio y condena al quinteto, pero también al Estado de Israel para que pague por la destrucción causada. Según el gobierno palestino esa devastación implicará 6.000 millones de dólares o 4.500 millones de euros. Debería pagarlos Israel, sostienen los cordobeses, quienes además reclaman que ese Estado abone indemnizaciones a las familias palestinas devastadas.
En Argentina, también se puede
¿Se pueden denunciar aquí crímenes de lesa humanidad cometidos en otros países? Para los firmantes cordobeses sí se puede. Afirman: "aunque tales delitos no se cometieron ni cometen en territorio argentino, por su condición de delitos de lesa humanidad y parte de un genocidio, importan crímenes de los perseguidos por la justicia universal. Y la legislación argentina y la propia Constitución Nacional en su artículo 118, así como casos prácticos en los que ya ha entendido la justicia argentina -verbigracia la investigación de los crímenes del franquismo en España y los de la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay- ameritan la validez de la presente denuncia".
Recuerdan que en 1996 el fiscal español Carlos Castresana promovió denuncia contra los crímenes de la dictadura militar-cívica argentina. Y el juez Baltasar Garzón se declaró competente, impulsando denuncias, tomando declaraciones a sobrevivientes y promoviendo extradiciones de genocidas argentinos (el marino Adolfo Scilingo cumple prisión en España por su participación en los "vuelos de la muerte").
Citan un antecedente cercano y valioso: Carlos Slepoy, abogado argentino exiliado en España y querellante en juicios por DDHH, logró en abril de 2010 que el juzgado de Servini de Cubría se declarara competente por dos fusilamientos de alcaldes republicanos en 1936.
El escrito solicitó al fiscal Senestrari:
"-Que se abra una causa penal por la posible comisión de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad, en ocasión de cometer genocidio contra la población palestina de Gaza, a las siguientes autoridades del Estado de Israel: primer ministro, Netanyahu; canciller, Lieberman; ministro de Defensa, Yaalon; Jefe del Ejército, general Gantz, y vicepresidente del Parlamento e ideólogo del plan de exterminio, Feiglin.
-Que se pida la urgente captura internacional del quinteto mencionado, librando los pedidos correspondientes a Interpol.
-Que se llegue a un juicio y se pueda condenar a los cinco mayores responsables del genocidio contra Gaza y se sancione a Israel a abonar las reconstrucciones de lo destruido en lo material y las indemnizaciones a los familiares de los miles de palestinos asesinados y heridos".
La presentación fue hecha antes del mediodía del viernes, en el cuarto piso de Tribunales Federales, donde tiene su despacho el fiscal Senestrari. Osvaldo Ruiz, fotógrafo de Hoy Día Córdoba y Electrum, tuvo a cargo documentar en imágenes esta actividad.
El funcionario judicial recibió a una delegación de cuatro firmantes (Ortiz, Santucho, Cejas y Muñoz), quienes le hicieron una síntesis de la denuncia penal. Al salir informaron a los otros denunciantes y a los medios que Senestrari, además de recibirlos, les había expresado su simpatía con el pueblo de Gaza y criticado los crímenes sufridos por esa gente. El fiscal se comprometió a estudiar la denuncia para ver si procesalmente él puede intervenir, lo que fue valorado muy positivamente por los denunciantes, muy alentados en las redes sociales.
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