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Por Diario CoLatino
Con 811 votos emitidos en la primera consulta popular en el Municipio de San José Las Flores, Chalatenango 803 rechazaron cualquier proyecto minero en su territorio. Mientras 5 fueron a favor y 3 votos nulos.
Con un Padrón electoral de 1 mil 115 habitantes, el registro de votantes fue de un 67.64% de la población.
Con un Padrón electoral de 1 mil 115 habitantes, el registro de votantes fue de un 67.64% de la población.
El Alcalde José Felipe Tobar anunció que con estos resultados y por amparo de los artículos 115 y 116 del Código Municipal, que permite a la población expresarse democráticamente sobre asuntos de interés de la comunidad, redactarán una Ordenanza Municipal.
De entrada, el municipio marca sus propias características. Su población es totalmente alfabetizada y comparten una historia de lucha social, que les ha permitido enfrentar desafíos.
Este domingo 20 de septiembre, en una consulta popular este municipio enclavado entre cerros y montañas decidieron tomar medidas de protección contra la minería metálica. José Felipe Tobar, Alcalde San José Las Flores, Chalatenango, explicó que el Concejo Municipal recibió una solicitud con la firma de 5,557 comunitarios, el pasado 28 de agosto, para realizar una consulta popular este 20 de septiembre para definir si los proyectos mineros pueden establecerse en su territorio.
“Para nosotros es histórico este momento, es una primera experiencia de esta naturaleza; pero estamos contentos porque esto es estratégico y fundamental para apoyar a la población”, afirmó.
Con este ejercicio de consulta ciudadana el municipio de San José Las Flores contará con una Ordenanza Municipal que prohíbe la minería metálica, que tiene su basamento en la Constitución de la República que manda a proteger la vida de las personas y los recursos naturales.
“La minería es lo más contaminante que existe, tenemos casos reales como el Valle de Siria, en Honduras y otros casos en Guatemala, es por eso, que queremos como gobierno local motivar a los diputados y diputadas a que aprueben una Ley de Minería que sea consecuente y permita al país evitar este tipo de acciones, como la Pacific Rim, que ha demandado al Estado salvadoreño. estas son razones suficientes que nos llevan a pedir un marco legal”, manifestó Tobar.
Fue en 2005 cuando la empresa minera Martinique llegó casi en sigilo al municipio, reseñó Tobías Orellana, Síndico Municipal. Los extranjeros parecía que exploraban en los cerros aledaños al casco urbano.
La exploración de la minera Martinique contaba con el permiso de la Dirección de Minas y Carburos del Ministerio de Economía, en esa época, y fue el detonante para que el gobierno local y las comunidades conformaran un frente común entre organizaciones sociales, ambientales, la Iglesia Católica y otras instituciones de Honduras y Guatemala, que han sido impactados con la explotación de metales preciosos.
“Nosotros conocemos estos proyectos porque fuimos a verlos y es impresionante como han acabado con los ríos, son inservibles para cualquier ser vivo, y pudimos conocer también a personas llenas de llagas en su piel y nos contaron sus tristezas, todo eso generó conciencia entre nuestra población y nos opusimos a este proyecto minero”, narró.
La oposición social de las comunidades de San José Las Flores se intensificó entre 2006 al 2007, contra la empresa Martinique, que primero ofreció proyectos sociales y luego, amenazó con represión militar. “Les puedo decir que nos insurrecionamos todos, les pusimos barricadas en las calles y a fines del año 2006, nos amenazaron que iban a recurrir a las últimas consecuencias y mencionaron al ejército – les respondimos que nosotros veníamos de doce años de guerra y que esto no nos asustaba- y no íbamos a romper una paz, por un proyecto minero”, recordó. A este movimiento se ha unido el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, quien reconoció el esfuerzo del gobierno local y sus comunidades para expresar su voluntad frente a los proyectos mineros en estos municipios.
“Yo reitero la posición de la PDDH y como Procurador rechazamos la explotación minera que causa un grave impacto al medioambiente; aquí la comunidad se está expresando y nosotros respaldamos la defensa del Estado de El Salvador, y rechazamos la tentativa de esta empresa por lucrarse de una expectativa económica que no tiene validez local”, declaró.
Juan Antonio Mejía tiene 23 años y luego de votar por un “no” a la minería en su papeleta reflexionó que su comunidad está consciente del impacto que tendría en su municipio la explotación.
“Nuestro país es bien chiquito y que nos vengan a destruir nuestros cerros y montañas sería terrible, ¿y para nuestros hijos que futuro les vamos a dejar? … nosotros como comunidad les decimos que ni se acerquen, ni se atrevan a tratar de destruir nuestro pueblo”, puntualizó.
De entrada, el municipio marca sus propias características. Su población es totalmente alfabetizada y comparten una historia de lucha social, que les ha permitido enfrentar desafíos.
Este domingo 20 de septiembre, en una consulta popular este municipio enclavado entre cerros y montañas decidieron tomar medidas de protección contra la minería metálica. José Felipe Tobar, Alcalde San José Las Flores, Chalatenango, explicó que el Concejo Municipal recibió una solicitud con la firma de 5,557 comunitarios, el pasado 28 de agosto, para realizar una consulta popular este 20 de septiembre para definir si los proyectos mineros pueden establecerse en su territorio.
“Para nosotros es histórico este momento, es una primera experiencia de esta naturaleza; pero estamos contentos porque esto es estratégico y fundamental para apoyar a la población”, afirmó.
Con este ejercicio de consulta ciudadana el municipio de San José Las Flores contará con una Ordenanza Municipal que prohíbe la minería metálica, que tiene su basamento en la Constitución de la República que manda a proteger la vida de las personas y los recursos naturales.
“La minería es lo más contaminante que existe, tenemos casos reales como el Valle de Siria, en Honduras y otros casos en Guatemala, es por eso, que queremos como gobierno local motivar a los diputados y diputadas a que aprueben una Ley de Minería que sea consecuente y permita al país evitar este tipo de acciones, como la Pacific Rim, que ha demandado al Estado salvadoreño. estas son razones suficientes que nos llevan a pedir un marco legal”, manifestó Tobar.
Fue en 2005 cuando la empresa minera Martinique llegó casi en sigilo al municipio, reseñó Tobías Orellana, Síndico Municipal. Los extranjeros parecía que exploraban en los cerros aledaños al casco urbano.
La exploración de la minera Martinique contaba con el permiso de la Dirección de Minas y Carburos del Ministerio de Economía, en esa época, y fue el detonante para que el gobierno local y las comunidades conformaran un frente común entre organizaciones sociales, ambientales, la Iglesia Católica y otras instituciones de Honduras y Guatemala, que han sido impactados con la explotación de metales preciosos.
“Nosotros conocemos estos proyectos porque fuimos a verlos y es impresionante como han acabado con los ríos, son inservibles para cualquier ser vivo, y pudimos conocer también a personas llenas de llagas en su piel y nos contaron sus tristezas, todo eso generó conciencia entre nuestra población y nos opusimos a este proyecto minero”, narró.
La oposición social de las comunidades de San José Las Flores se intensificó entre 2006 al 2007, contra la empresa Martinique, que primero ofreció proyectos sociales y luego, amenazó con represión militar. “Les puedo decir que nos insurrecionamos todos, les pusimos barricadas en las calles y a fines del año 2006, nos amenazaron que iban a recurrir a las últimas consecuencias y mencionaron al ejército – les respondimos que nosotros veníamos de doce años de guerra y que esto no nos asustaba- y no íbamos a romper una paz, por un proyecto minero”, recordó. A este movimiento se ha unido el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales, quien reconoció el esfuerzo del gobierno local y sus comunidades para expresar su voluntad frente a los proyectos mineros en estos municipios.
“Yo reitero la posición de la PDDH y como Procurador rechazamos la explotación minera que causa un grave impacto al medioambiente; aquí la comunidad se está expresando y nosotros respaldamos la defensa del Estado de El Salvador, y rechazamos la tentativa de esta empresa por lucrarse de una expectativa económica que no tiene validez local”, declaró.
Juan Antonio Mejía tiene 23 años y luego de votar por un “no” a la minería en su papeleta reflexionó que su comunidad está consciente del impacto que tendría en su municipio la explotación.
“Nuestro país es bien chiquito y que nos vengan a destruir nuestros cerros y montañas sería terrible, ¿y para nuestros hijos que futuro les vamos a dejar? … nosotros como comunidad les decimos que ni se acerquen, ni se atrevan a tratar de destruir nuestro pueblo”, puntualizó.
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